Desde la Coalición Pro Acceso –plataforma que propugna el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, constituida en 2006 y a la que se incorporó recientemente esta Asociación- se ha dirigido una carta al Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, para reclamar el impulso político necesario por parte del Gobierno de España en la elaboración y aprobación de un Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, en el que se recojan los principios que se contienen en el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos aprobado el año 2009 en la ciudad noruega de Tromso.
La transparencia en la gestión pública constituye cada vez más un elemento crucial de calidad democrática y de credibilidad de las instituciones públicas, y un mecanismo fundamental para avanzar en la gestión transparente es la accesibilidad de los ciudadanos a la información pública, por procedimientos sencillos que permitan conocer, por ejemplo, el uso del dinero público y posibiliten una rendición de cuentas permanente por parte de los responsables institucionales.
La opacidad actual con que actúa el Gobierno de Aragón –que cree que es transparente porque le formulan muchas preguntas los Grupos Parlamentarios en las Cortes de Aragón, cuando un gran número de dichas preguntas sólo se deben, precisamente, a la falta de transparencia y de rendición de cuentas, y sobre ello algo ha dicho en su último informe el Tribunal de Cuentas- no sería posible si España se dotase de una normativa adecuada en materia de acceso a la información pública. La cultura democrática debería exigir que los responsables institucionales rindan cuentas ante los ciudadanos y no sólo ante los órganos de control, como ocurre ahora.
Esta Asociación, entre las sugerencias que en próximas fechas formulará a los partidos políticos, con motivo de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011, incluirá medidas que potencien el acceso de los ciudadanos a la información pública, tratando de eliminar el amplio margen de opacidad que hoy existe en la utilización de los fondos públicos. La obligación de pagar impuestos ha de conllevar un derecho a saber los conceptos y cuantías del gasto público, en qué se gasta el dinero público, algo que modificará profundamente la cultura actual de muchos gestores públicos, reacios al control y a la transparencia.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la carta dirigida por Coalición Pro Acceso al Ministro de la Presidencia:
“Excmo. Sr. D. José Ramón Jáuregui Atondo
Ministro de la Presidencia, Gobierno de España
Madrid, 13 de enero de 2011
Estimado Sr. Ministro:
Le escribimos esta carta desde la Coalición Pro Acceso, una plataforma de la que forman parte más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil que se constituyó en Octubre de 2006 con el fin de promover la adopción e implementación de una Ley de Acceso a la Información Pública en España.
El motivo de esta carta es expresarle nuestra preocupación respecto de tres cuestiones. En primer lugar, por el proceso de secretismo que ha rodeado hasta ahora la elaboración de la futura Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En segundo lugar, porque el borrador de dicha Ley al que hemos tenido acceso tiene un carácter bastante limitado en cuanto a los niveles deseables de transparencia en una sociedad moderna y avanzada, como se supone que es la española. Y por último, por el hecho de que el anteproyecto parece que se encuentra atascado, y consideramos tan esencial como urgente su aprobación y desarrollo.
Desde la Coalición Pro Acceso, hemos trabajado activamente con el fin de avanzar hacia una mayor transparencia en España. Este trabajo lo hemos hecho buscando una colaboración con el Gobierno, ofreciendo en todo momento nuestra ayuda para conseguir una ley de transparencia que cumpla con los estándares internacionales y garantice el derecho a saber, promesa electoral incluida en los programas del PSOE en 2004 y 2008.
Lamentablemente esta colaboración no siempre ha sido posible debido a la enorme dificultad con que nos hemos encontrado a la hora de establecer contacto con el Gobierno. Hace un año, el 10 de diciembre de 2009, cinco miembros de la Coalición Pro Acceso se reunieron con el equipo encargado de la redacción de la ley. Durante la reunión tuvimos la oportunidad de plantear nuestras expectativas sobre la futura Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de obtener la visión del ejecutivo al respecto, pero no tuvimos acceso a ningún borrador de la ley.
Desde ese día, y a pesar de los intentos de contacto, no hemos vuelto a tener noticias de la situación de la futura ley. Gracias a una filtración conseguimos una copia del borrador, que nos ha dado la oportunidad de analizar la previsible ley y de hacernos una idea de cómo será. A nuestro juicio, el borrador es insuficiente para ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos (Tromso, 2009), uno de los objetivos claves desde el principio.
Dadas estas circunstancias, quisiéramos solicitarle información sobre el estado presente y sobre el previsible futuro inmediato de la Ley española de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como solicitarle formalmente que convoque una consulta pública sobre este texto para que la sociedad civil pueda expresar su opinión (como la que lanzó el Ministerio de Industria hace dos meses para recoger comentarios sobre el Borrador de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público).
Por otra parte, estaríamos dispuestos gustosamente a retomar los contactos directos con su Gobierno y celebrar una nueva reunión con ustedes, con el fin de poder aportar de forma constructiva nuestros puntos de vista y conocimientos, y tener así la posibilidad de proponer alguna mejora en el contenido de esta futura Ley española de transparencia y acceso a la información.
Agradeciendo de antemano su atención y su respuesta, reciba cordiales saludos de todos los miembros de la Coalición Pro Acceso.”
Richard Winters, el oficial del ejército americano que fue interpretado por Damian Lewis en la serie ‘Hermanos de Sangre’ falleció hace varios días a los 92 años de edad, según han confirmado varios medios estadounidenses. Winters, veterano de la II Guerra Mundial, inspiró a Steven Spielberg y a Tom Hanks para producir la miniserie basada en su historia durante el conflicto.
ResponderEliminarWinters lideró un pelotón de paracaidistas en el desembarco de Normandía y combatió desde Francia hasta Alemania, hasta el final de la guerra. La serie recuerda las hazañas del veterano y sus hombres, como su combate durante el Día D, en el que desmanteló una batería de artillería alemana en uno de los tramos de la costa de Normandía, o la captura del ‘Nido de Águila’ donde se refugiaba Hitler.
El mayor Richard Winters ha inspirado varios libros y muy especialmente la serie ‘Hermanos de Sangre’, que Spielberg y Hanks comenzaron a producir inmediatamente después de la película ‘Salvar al Soldado Ryan’ y que fue emitida en la HBO.
Winters recibió numerosos reconocimientos por su labor en el ejército americano y se ha destacado en todos los periódicos lo inspirador que fue su liderazgo para las victorias de su pelotón durante la guerra. Sin embargo, él mismo pedía que no se le tratara como un héroe.
El Washington Post recoge la muestra de agradecimiento que Floyd Talbert, uno de los soldados que estuvieron bajo las órdenes de Winters, le envió al ‘mayor’ poco después de la guerra: “Cada soldado que te ha servido te quiere y nunca te olvidará. Te seguiría hasta el infierno”.
It is with deep regret that we have to inform you that Dick is no longer signing pictures, books, or posters. Any mail from persons unknown will be disposed of and not answered. Any packages containing books will be refused at the post office. We feel it is time to retire and get some much needed peace and quiet in our golden years.
ResponderEliminarRegards,
The Winters Family
We salute the rank not the man. Today we salute the man. RIP Major Winters. CURRAHEE
ResponderEliminarComo ejemplo de falta de transparencia del Gobierno de Aragón, el día 6 de abril de 2010 el Gob. de Aragón firmó con la Gneralitat de Cataluña un protocolo de colaboración para la enseñanza del catalán que no ha sido publicado en el BOA, a pesar de la obligación legal de hacerlo, pero sí en el Diario Oficial de la Generalitat.
ResponderEliminarRESOLUCIÓN EDU/1780/2010, de 31 de mayo, por la que se da publicidad al protocolo de colaboración entre el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
https://www.gencat.cat/diari_c/5645/10147061.htm
A veces uno no sabe qué es más incomprensible: si las decisiones que ha tomado el Gobierno socialista o las medidas que no ha adoptado. No se entiende que, además de imponer recortes sociales a las clases medias, no haya aprovechado para introducir un impuesto a los ricos o para aprobar nuevas tasas a las entidades financieras. No se entiende que haya sepultado la Ley de Libertad Religiosa, permitiendo que la Iglesia católica mantenga sus privilegios en vez de avanzar hacia una sociedad laica y tolerante. Y tampoco se entiende que haya decidido meter en el cajón de las promesas incumplidas la Ley de Transparencia, una iniciativa que encaja perfectamente en las políticas de ampliación de derechos impulsadas por Zapatero en su primera legislatura.
ResponderEliminarClaro que era previsible que, en una Administración acostumbrada durante siglos a una enorme opacidad, la idea de facilitar el acceso público a los documentos oficiales iba a levantar resistencias.
Pero la necesidad de aprobar una norma que regule ese derecho es facilísima de justificar: esa información es en realidad de los ciudadanos y los funcionarios sólo tienen la obligación de custodiarla, no de secuestrarla. Y, en una sociedad democrática, el conocimiento de esos documentos oficiales aporta dos grandes ventajas: la gente tiene más datos para formarse una opinión fundada sobre acontecimientos relevantes y las autoridades se comportan con mayor integridad y eficacia, conscientes de que sus actuaciones está sometidas al escrutinio público.
Manuel Rico.