UN DISCURSO CLARO, PLURAL E INDEPENDIENTE.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa es una entidad que agrupa a funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma, abierta también a la incorporación de funcionarios y empleados públicos de cualquiera de las otras Administraciones aragonesas -municipal, comarcal, provincial, periférica estatal, Universidad-, que se constituyó hace cerca de cuatro años para ejercer públicamente la defensa de los valores y principios de una función pública comprometida con la democracia y el Estado de Derecho, ante un estado de cosas altamente preocupante que el transcurrir de los años no ha hecho más que confirmar y agravar.

En los casi cuatro años de actividad, se ha tratado de dar a conocer los objetivos de la Asociación y de formular numerosas propuestas para devolver a la función pública aragonesa sus señas de identidad -entre las que necesariamente han de primar la legalidad, la profesionalidad y la ética administrativa-, y, como no podía ser de otro modo, se han ejercido acciones jurídicas para combatir las más graves desviaciones de la legalidad que se han detectado en materia de personal o de gestión de los recursos públicos -reclamando, en muchos casos, la intervención de los órganos o instituciones encargados de velar por la legalidad de la gestión pública, como pueden ser el Justicia de Aragón, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Fiscal-, intentando con ello poner término a algunas de las notas más graves que han lastrado durante los últimos años a nuestras Administraciones, como son la patrimonialización de lo público, el desprecio a la legalidad y la "cultura de impunidad" en que se han movido un gran número de sus responsables, creyendo que todo era posible y que nada traería consecuencias. Esa cultura se ejemplifica a la perfección con la utilización fraudulenta que se hace de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.

En ese contexto de desvalorización de las instituciones y de la Administración, la función pública constituía un testigo molesto -un elemento del Estado de Derecho incómodo dentro de la estructura de dominación política, reacio a dejarse arrebatar sus valores profesionales- y esta Asociación no fue más que el resultado lógico de esa reacción de la función pública aragonesa ante la premeditada labor de derribo de una Administración profesional, imparcial, sujeta a la ley por encima de consignas políticas arbitrarias u oportunistas, cuando no abiertamente ilegales.

En este semestre final de la legislatura, en el que habrán de celebrarse elecciones sindicales en la Administración autonómica y elecciones municipales y autonómicas, esta Asociación se siente llamada, como organización de la sociedad civil directamente afectada por ambos procesos electorales, a formular con la mayor claridad posible sus propuestas de mejora de la Administración y de la función pública, para trasladarlas seguidamente a las distintas organizaciones sindicales y a los partidos políticos que han de concurrir a ambos procesos electorales.

Esta Asociación ni es un sindicato ni un partido político, ni tiene vocación de serlo nunca. Es sencillamente una plataforma de debate y acción para todos aquellos servidores públicos que no son indiferentes al proceso de deterioro que viven nuestras Administraciones y a la pérdida creciente de legitimidad social ante los ciudadanos, por la ausencia de signos claros de compromiso con los valores constitucionales que dan sentido a la actividad de la Administración Pública y al estatuto jurídico de su personal: el servicio objetivo al interés general.

Pero precisamente porque nuestra composición es plural -no sólo en sentido ideológico, sino en la condición profesional de sus socios, al hallarse abierta a los empleados públicos de cualquier tipo- e independiente -no sujeta a la estrategia de ningún partido o sindicato, ni dependiente de las subvenciones o financiación pública que pudieran mediatizar nuestra actividad y nuestra libertad de decisión-, nos sentimos particularmente legitimados para dirigirnos a sindicatos y partidos políticos para trasladarles nuestras propuestas para devolver a la Administración el vigor del que hoy anda tan falto.

Ya lo hicimos en 2007, al poco tiempo de constituirnos. Todo el trabajo desarrollado desde entonces, en buena medida orientado por las propuestas formuladas en los documentos remitidos a sindicatos y partidos políticos, y el análisis de la evolución que han vivido en estos años nuestras Administraciones nos obligan a ampliar y precisar mucho más aquellas propuestas iniciales.

Nos gustaría que ambos documentos de propuestas fueran el mejor ejemplo del discurso claro, plural e independiente sobre las exigencias de buena administración y buen gobierno a que aspira esta Asociación, con el fin de superar las crecientes deficiencias que se ponen de manifiesto en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Esta Asociación con ello no pretende adoptar ninguna posición política o dar su apoyo -expreso o tácito- a ninguna de las opciones en liza. Serán los sindicatos o los partidos políticos, con sus programas y propuestas, los que en todo caso tomen posición en relación con lo que son los objetivos de esta Asociación, todos ellos perfectamente formulados en nuestra Constitución.

Confiamos en que tanto sindicatos como partidos políticos, en la actual coyuntura política y económica que vivimos, se hayan convencido del enorme valor que constituye disponer de una Administración Pública profesional, eficaz y eficiente, plenamente comprometida con la legalidad y la ética pública. Esperamos ver las medidas que contienen sus programas para avanzar en esa dirección y corregir los errores y deficiencias que hoy nos impiden contar con una Administración así en nuestra Comunidad Autónoma.