CELEBRACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN: UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA DEMOCRACIA.

Esta Asociación no puede dejar pasar, sin una reflexión mínima, una fecha como ésta, en la que conmemoramos la ratificación por el pueblo español del texto constitucional, llevada a cabo el 6 de diciembre de 1978, en ejercicio de su soberanía, a fin de dotarse de una norma suprema que asegurase los derechos fundamentales y estableciera el marco para el funcionamiento institucional, la descentralización política que daría lugar a la España de las Autonomías, y la convivencia democrática, fundamentada en el respeto a la dignidad de la persona y en el sometimiento de poderes públicos y ciudadanos al ordenamiento jurídico.

Como ciudadanos que contamos, además, con la condición de servidores públicos no podemos dejar de referirnos a la asignatura pendiente que todavía constituyen la Administración Pública y la función pública que la sirve. España, en su conjunto, en sus diferentes niveles de gobierno, no ha logrado todavía estructurar unas Administraciones Públicas orientadas de forma nítida al servicio de los ciudadanos y de la democracia, incorporando a ellas el conjunto de principios y prácticas que aseguren el deseable cumplimiento de su misión constitucional: servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Hasta el año 2007 no se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo las bases de ordenación de la función pública del conjunto de las administraciones públicas -estatal, autonómica, local-, en desarrollo del artículo 149.1.18ª de la Constitución Española. Tres años después de su aprobación, la Administración General del Estado y la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas han sido incapaces de dotarse de Leyes de Función Pública que concreten y desarrollen las opciones que abre el Estatuto Básico.

No sólo no se ha definido el modelo de función pública que requiere una Administración democrática, para el buen cumplimiento de su misión constitucional, sino que la práctica seguida por algunos órganos de gobierno -como sucede en nuestra Comunidad Autónoma- parece querer propiciar modelos alternativos a la función pública constitucional, mediante la creación de una red de entes y empresas públicas -en una indeseable confusión entre política y economía- que la desplace en ciertos ámbitos, opción cuyos resultados nos permiten comprobar día a día el dislate cometido.

En este contexto de falta de modelo definido de función pública -y de deterioro claro de los principios básicos de la ordenación del personal público, empezando por la reiterada vulneración de sus sistemas de selección-, se ha aprovechado la coyuntura económica para poner en cuestión los propios principios ordenadores de la función pública, llegando incluso a olvidar el modelo por el que optó nuestra Constitución. Es decir, los principios y reglas de la función pública no sólo no se respetan, sino que se pretende justificar y razonar su vulneración, persiguiendo tal vez su demolición definitiva, algo tan irracional como inconstitucional. La razón para ello, tras la apelación realizada a la eficacia, no es sino la incomodidad que para determinada clase política supone la existencia de un aparato administrativo servido por profesionales comprometidos con la legalidad y reacios a vulnerarla, rechazando prácticas contrarias al interés general y, consecuentemente, a los derechos e intereses de los ciudadanos.

La Administración Pública, servida por funcionarios públicos, es el soporte esencial de la acción de gobierno y de la gestión pública, organización insustituible en el aseguramiento del Estado de Derecho y en el funcionamiento del conjunto de los servicios públicos. Su valor, por lo tanto, es esencial para el éxito de nuestro modelo constitucional: sin unas buenas Administraciones Públicas y sin buenos servidores públicos, ni el modelo de organización territorial del Estado -el Estado autonómico- ni el proclamado Estado social y democrático de Derecho se legitimarán por sus resultados, por su eficacia, por su desempeño. Si éstos fallan, se verá comprometida la pervivencia de la propia Constitución, no hay duda.

Esto debiera saberse cuando desde el nivel político -como ocurre en nuestra Comunidad Autónoma- se posterga a la Administración Pública en favor de otros entes instrumentales, de los que los ciudadanos, representados en las Cortes de Aragón, no pueden conocer ni las personas que trabajan en ellos. Cuando se desplaza la publicidad en el nombramiento de los funcionarios públicos por la opacidad en la selección del personal de las empresas públicas -para evitar que salgan a la luz casos palmarios de nepotismo y de clientelismo político-, podemos sospechar que también el interés general ha sido desplazado por otros intereses. Hay circunstancias que resultan graves no tanto por sí mismas sino por ser signo del contexto de gestión al que responden. Un Gobierno incapaz de hacer público el personal de sus empresas a las Cortes de Aragón es un Gobierno que se pone al margen de la confianza de los ciudadanos. Así de claro.

En este difícil contexto, en el que la Administración Pública parece hallarse sin un rumbo definido y su personal carece de un claro modelo de función pública, además de encontrarse permanentemente cuestionado, tanto por lo que hace como por lo que no hace, resulta necesario más que nunca recuperar los principios constitucionales de ordenación de la Administración Pública, profundizar en sus exigencias y actuar en consecuencia.

Esta Asociación hace de ello su principal objetivo, pero el eco hallado en los responsables políticos de la Administración autonómica y en el conjunto de los empleados públicos resulta todavía muy insuficiente. Todo ello, sin embargo, no es sino una razón más para persistir e insistir en nuestro trabajo y para reivindicar en esta fecha -y también los demás días del año- nuestra norma constitucional, reforzando nuestro compromiso con su letra y con su espíritu. Sólo desde su respeto lograremos una Administración Pública merecedora del respaldo de los ciudadanos. Alcanzar ese objetivo no es sólo responsabilidad de los servidores públicos, pero sí que incumbe a éstos hacer que la Constitución marque su actividad diaria, promoviendo con ello una cultura organizativa que sirva para erradicar el desistimiento ético que hoy resulta palpable en muchos ámbitos.