REMISIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS CON UN RETRASO DE CASI MES Y MEDIO: ¿UN CASO DE DESIDIA INSTITUCIONAL?

Hoy, por fin, como señala la información del Gobierno de Aragón, el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, entregará al Presidente de las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011. La entrega se hace con un retraso acumulado de casi mes y medio respecto a la fecha de remisión que establece el Estatuto de Autonomía de Aragón. No habrá, probablemente, referencia alguna a tal hecho por parte de ningún responsable público. Lo que no interesa o resulta incómodo se omite y arreglado, y si además no hay respuesta social ni política a la estratagema, pues objetivo logrado: se incumplen las normas sin coste alguno.

Señala el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón que “el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuestos antes del último trimestre del ejercicio en curso”. Igual plazo se establece en el Reglamento de las Cortes de Aragón, al regular el procedimiento especial para la aprobación de la Ley de Presupuestos.

El incumplimiento se produce por segundo año consecutivo, y no sólo es grave que se repita, por segunda vez, la vulneración de una obligación estatutaria que vincula a todas las instituciones de la Comunidad Autónoma –en particular, al Gobierno de Aragón-, sino que esta segunda vez el retraso es aún mayor que la primera, y ello, no se olvide, tiene como efecto el privar a las Cortes de Aragón, fundamentalmente a los grupos de la oposición, del tiempo que el ordenamiento les concede para el estudio y debate de los presupuestos.

Es posible que el Gobierno de Aragón, en el trámite presupuestario, actúe como en tantos otros ámbitos de deliberación o debate –valga como ejemplo el de la negociación colectiva-, donde, en muchos supuestos, no se pretende alcanzar acuerdo alguno ni incorporar sugerencias válidas que puedan aportarse, sino cubrir el trámite formal y sacar adelante la propuesta propia del Gobierno. Con tal filosofía, lógicamente, ni es necesario facilitar información previa ni conceder plazos suficientes para su estudio. Esa mala práctica parece irse extendiendo y ahora se traslada a algo tan fundamental como la asignación de los recursos públicos a la atención de las necesidades sociales y al desarrollo de las diferentes políticas públicas.

Este incumplimiento podría ser simplemente un supuesto de desidia institucional, de olvido de las obligaciones normativas, pero en el contexto en el que se produce –de permanente devaluación del principio de legalidad- viene a marcar la línea de deterioro institucional que vive nuestra Comunidad Autónoma. ¿Podemos tener esperanza en una reacción al actual estado de cosas? Al margen de la confianza en que las cosas puedan cambiar o evolucionar de forma favorable, mediante el restablecimiento del respeto a la ley, lo que no parece responsable –como servidores públicos o como simples ciudadanos- es aceptar que el Gobierno pueda actuar sin atenerse a las leyes en este o en otros casos.