LA LEGALIDAD EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA: RESPONSABILIDAD DE LA CONSEJERA EVA ALMUNIA.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido a la actual Consejera de Presidencia, Eva Almunia, para solicitarle, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, la expresa aceptación de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón al Gobierno de Aragón, tendente a evitar la inclusión en la Oferta de Empleo Público de aquellas plazas no existentes en las relaciones de puestos de trabajo en el momento de su aprobación, como fue el caso de las plazas de la Clase de especialidad Sociólogos y Politólogos al aprobarse la Oferta de Empleo Público de 2007.

La nueva titular del Departamento de Presidencia, Eva Almunia, ha de ser consciente de la responsabilidad asumida en relación con la función pública autonómica y tener conocimiento exacto de las irregularidades cometidas por su antecesor, Javier Velasco, como la puesta de manifiesto en la reciente sugerencia realizada por el Justicia de Aragón.

En materia de legalidad, no resultan posibles la equidistancia ni la indiferencia o el desentendimiento: la ley ha de cumplirse, y esa ha de ser la primera tarea de un cargo público, pues resulta rechazable cualquier medida o decisión que se adopte fuera del marco de la legalidad. La decisión política ha de quedar sujeta al derecho, como exigencia de la forma de gobierno propia de un Estado de Derecho. Cuando no se respeta la ley, ni se respeta la democracia, cuya máxima manifestación es la ley en cuanto expresión de la voluntad general, ni se respetan los derechos de los ciudadanos, pues la aprobación de las leyes tienen como finalidad primordial fijar las garantías de los derechos de los ciudadanos.

Confiamos, por ello, en que el nuevo equipo del Departamento de Presidencia –es decir, Consejera, Secretario General Técnico y Director General de la Función Pública- demuestren la debida sensibilidad hacia los numerosos problemas de legalidad que vienen acumulándose en diferentes ámbitos de la organización administrativa y de la función pública, problemas que son un poderoso factor de deslegitimación de la dirección política y de deterioro de la Administración Pública.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido a la Consejera de Presidencia:


“Excma. Sra. Consejera de Presidencia
Departamento de Presidencia
Gobierno de Aragón

Zaragoza, 26 de noviembre de 2010.

Estimada Señora:

El Justicia de Aragón, como resultado de una queja formulada por esta Asociación, ha dirigido recientemente una sugerencia a ese Departamento, en la que señala que “la Diputación General de Aragón debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuación a derecho de la oferta de empleo público aprobada, velando por que la misma incluya plazas correspondientes a cuerpos, escalas y clases de especialidad existentes en el momento de su aprobación”.

La Oferta de Empleo Público para 2010, aprobada por el Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, incluyó entre las plazas a cubrir por personal de nuevo ingreso o promoción interna tres correspondientes a la Clase de especialidad Sociólogos y Politólogos, a pesar de que esta Clase de especialidad no había sido creada en el momento de aprobación de la Oferta, resultando por ello imposible que en las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma figurasen vacantes de tal Clase de especialidad susceptibles de inclusión en Oferta de Empleo Público.

Es cierto que la citada Clase de especialidad se creó mediante un Decreto de aprobación posterior a la Oferta, pero hoy por hoy siguen sin existir plazas de dicha Clase de especialidad en las relaciones de puestos de trabajo, lo que no ha impedido al Departamento de Presidencia convocar las pruebas selectivas para acceso a la nueva Clase de especialidad, persistiendo con ello en la ilegalidad de origen en que incurría la Oferta de Empleo Público aprobada.

Igualmente deseamos expresarle nuestra preocupación por el hecho de que el Departamento de Presidencia no haya facilitado al Justicia de Aragón la información que le fue requerida en relación con los hechos contenidos en la queja de esta Asociación, incumpliendo con ello el deber de auxilio a dicha Institución que impone a todos los poderes públicos el artículo 19 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón. Con ello no sólo se impide el debido funcionamiento de un mecanismo de garantía de los derechos de los ciudadanos, establecido por el Estatuto de Autonomía de Aragón, sino que también se incumple el deber de lealtad institucional que ha de regir la relación entre los distintos poderes públicos, de modo que no se impida o dificulte el correcto ejercicio de las funciones propias de cada institución.

A la vista de todo ello, y al amparo del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicito la expresa aceptación de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, comunicando a dicha Institución tal decisión, y la adopción de las medidas oportunas para corregir la irregular situación de las pruebas selectivas de acceso a la Clase de especialidad Sociólogos y Politólogos, insisiténdole, finalmente, en la necesidad de atender con la máxima diligencia los requerimientos de información efectuados por el Justicia de Aragón, para asegurar con ello el buen funcionamiento del sistema de garantía de los derechos de los ciudadanos que tal Institución constituye.

Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”