FUNCIÓN PÚBLICA, RESEÑA DE UN FRACASO: JAVIER VELASCO VINO, FUESE Y NO HUBO NADA.

Durante más de tres años ha tenido atribuidas las máximas responsablidades en materia de función pública el anterior titular del Departamento de Presidencia, Javier Velasco, y podemos afirmar que aún hoy desconocemos cualquier propuesta u orientación que, en su calidad de Consejero, quisiera dar a la función pública, fruto de lo cual sin duda ha sido la errática gestión llevada a cabo, en este tiempo, por los dos responsables de la Dirección General de la Función Pública: Pilar Ventura, en primer lugar, y, posteriormente, Antonio Brun.

Como no hay viento favorable para el que no se dirige a ningún puerto, a ningún punto de destino se ha llegado en el área de función pública, por parte del Consejero de Presidencia saliente, aunque más de uno han sido los naufragios padecidos, por falta de pericia de los pilotos de la nave. Ha sido un viaje de la nada a la nada. Ha de ser triste para el Consejero Velasco tratar de hacer balance de sus años de dirección de la función pública aragonesa y descubrir que ha sido un periodo perdido, sin logro alguno reseñable y con numerosos fracasos, por tratar de avanzar en direcciones imposibles, en contra de la propia lógica y estructura de la función pública aragonesa.

La función pública de la Administración autonómica está en la actualidad, aunque pudiera parecer una tarea difícil de lograr, en peor estado que hace tres años. La descomposición alcanza a todos sus ámbitos: la selección, la provisión de puestos y el régimen retributivo.

Las tasas de temporalidad se disparan y debilitan la profesionalidad del aparato administrativo. La cobertura de puestos se fía a estrictas fórmulas de discrecionalidad, con uso y abuso de las comisiones de servicios y crisis de los principios de mérito y capacidad. La estructura salarial de los empleados públicos resulta indescifrable, por el retorcimiento padecido por la legalidad. Las empresas públicas usurpan ámbitos de funciones a la Administración departamental y la negociación colectiva sufre un descrédito imparable, por la falta de credibilidad que sufre el Gobierno en el respeto de los acuerdos alcanzados y por la falta de compromiso de las organizaciones sindicales con la legalidad a que ha de sujetarse la propia negociación.

Sin liderazgo ni objetivos, sin compromiso de los directivos con los valores básicos de la función pública, la función pública languidece día a día y, salvo que se produzca una reacción por parte de los propios servidores públicos, asistiremos en años próximos al progresivo y definitivo desmantelamiento del actual aparato administrativo, al achacarse a los funcionarios la exclusiva responsabilidad del mal funcionamiento de la Administración, olvidando el decisivo papel que en ello han jugado personas como el anterior Consejero de Presidencia y sus antecesores.