NO PUEDE DAR IGUAL QUE EL GOBIERNO CUMPLA O NO.

Hay obligaciones legales que están sujetas por norma a unos plazos precisos, que deben observarse por responsabilidad institucional y respeto a la ley. Su incumplimiento o desconocimiento no debiera resultar, por lo tanto, indiferente a los responsables políticos ni, mucho menos, a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad civil, dentro de la cual hay que situar a los medios de comunicación. Entre esas obligaciones –y no de las menores- figura la del Gobierno de Aragón de remitir a las Cortes de Aragón, antes del último trimestre del año, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Constitución Española, en su Título VII, relativo a Economía y Hacienda, regula los Presupuestos Generales del Estado y establece reglas que afectan a su tramitación, imponiendo al Gobierno la obligación de “presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” (artículo 134.3 CE). A su vez, con igual criterio al fijado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su Título relativo a Economía y Hacienda, regula los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y establece que “el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso” (artículo 111. 4).

A nadie se nos oculta que el incumplimiento de dicho plazo constitucional por el Gobierno de España –cosa que no ha sucedido- hubiera provocado una verdadera tormenta política, con descalificaciones al Gobierno y peticiones de responsabilidad a la Ministra de Economía y Vicepresidenta segunda del Gobierno o a su Presidente. Dicho incumplimiento no se ha producido, y ello a pesar de la falta de mayoría parlamentaria del partido del gobierno, de modo que la elaboración del proyecto de presupuestos ha debido efectuarse en paralelo a la negociación política necesaria para asegurar su aprobación. La oposición parlamentaria y la prensa, de no respetarse el plazo constitucional, no hubieran dejado de criticar el incumplimiento y destacar la falta de capacidad del Gobierno para ordenar las cuentas del Estado.

En Aragón, para nuestra sorpresa, ha sucedido todo lo contario. El Gobierno de Aragón ha incumplido la obligación estatutaria de remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuestos, y ello a pesar de disponer de una cómoda mayoría parlamentaria. Dicho incumplimiento, por supuesto, no ha tenido consecuencia alguna ni ha sido objeto de crítica ni de mención por parte de la oposición parlamentaria o los medios de comunicación. Mucho menos ha motivado una excusa por parte del Gobierno de Aragón. El Consejero Larraz no ha tenido que justificar el retraso.

Las excusas que presenta cualquier usuario de una biblioteca pública cuando devuelve un libro fuera del plazo de préstamo –por puro sentido del civismo y del debido respeto a las normas de funcionamiento de los servicios públicos- no las presenta un Gobierno que incumple una obligación que le impone la máxima norma legal de nuestra Comunidad Autónoma, como es el Estatuto de Autonomía. Y lo que es peor, nadie le pide explicaciones. Ni oposición, ni medios de comunicación, ni agentes sociales. Debe, por lo visto, admitirse que el Gobierno pueda dejar de cumplir el Estatuto de Autonomía en materia presupuestaria, como ya hizo el año pasado, sin consecuencia política alguna.

Con comportamientos del Gobierno como éste y reacciones institucionales y sociales como las vistas –inexistentes- resulta difícil, si no imposible, forjar una cultura de legalidad, de respeto a las normas, de responsabilidad política, de rendición de cuentas, de madurez democrática. Podemos incluso intuir que quien no concede valor a los plazos legales de aprobación del presupuesto tampoco lo concederá a las normas de ejecución del gasto, y así nada obstará a adoptar, por ejemplo, medidas retributivas manifiestamente ilegales, como el anticipo de carrera profesional que percibimos el personal de la Administración autonómica. Todo resulta congruente, y es posible que haya quienes prefieran un clima de irregularidad y de desprecio a la norma, para así poder pactar ventajas o condiciones ilegales. No es el caso de esta Asociación ni creemos que sea el del conjunto de la ciudadanía.

Lamentablemente estamos acostumbrados a observar el diferente rasero aplicado en la política nacional y en la política autonómica a la labor de gobierno. La proximidad del poder no ha dado lugar a mayor responsabilidad y exigencia, sino justamente a todo lo contrario, a mayor abuso e incumplimiento de las normas, empezando, como podemos ver, por el propio Estatuto de Autonomía. Si cosas tan visibles se incumplen sin problema alguno, que nadie confie en que se respetarán normas de inferior rango, y no nos referimos solamente a la Ley de Ordenación de la Función Pública, cuya vulneración es el pan nuestro de cada día.