UNA RENTRÉE EXIGENTE.

La situación que vienen arrastrando las instituciones y administraciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma imponen en este tramo final de la legislatura una especial intensidad en la actividad a desarrollar por quienes, como esta modesta asociación, nos hemos comprometido con la defensa de los valores de la buena administración y el buen gobierno.

La total ausencia de agenda política de la actual mayoría de gobierno para implantar medidas de transparencia y rendición de cuentas, reforzar los controles de legalidad o asegurar el comportamiento ético de cargos políticos y servidores públicos, a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestra parte durante más de tres años, nos permite considerar, sin incurrir con ello en prejuicio alguno -los años transcurridos no han hecho más que acumular las evidencias y mostrar la inexistente voluntad de cambio-, que el vigor democrático y ético de nuestro sistema institucional no goza de buena salud, y ello no puede dejarnos en modo alguno indiferentes. Tampoco nos vamos a dejar ganar por el fatalismo que tantos predican para no poner cortapisa alguna a quienes ejercen el poder de forma inadecuada.

La sistemática vulneración en que se ha incurrido desde diferentes instancias del Gobierno de Aragón de derechos fundamentales como el de petición, inútilmente invocado por esta Asociación, una y otra vez, sin obtener respuesta ni acuse de recibo por los miembros del Gobierno de Aragón o altos cargos de la Administración autonómica -en una actitud que parece dirigida a reducir a la nada el valor de los derechos constitucionales de los ciudadanos-, sólo puede apreciarse, por nuestra parte, como un factor de deslegitimación de quienes ejercen sus responsabilidades públicas sin sujeción a las normas constitucionales. ¿Puede haber algo peor que hallarse sujeto a un poder carente de autoridad moral para gobernar? ¿Tan ciegos están los miembros del Gobierno de Aragón para no ver el efecto deslegitimador que supone el desconocimiento de derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Ni siquiera para eso les ha servido la existencia de una Dirección General de Participación Ciudadana? ¿Qué pedagogía cívica se puede pretender cuando los hechos desmienten el discurso de apertura a la sociedad que, tan sin fundamento, se divulga?

La contumacia de los miembros del Gobierno de Aragón en la utilización abusiva e ilícita de los recursos públicos -incapaces como son de corregir la irregular situación de los puestos de asesor de los gabinetes de apoyo- nos ha hecho superar la inicial incredulidad o el margen de confianza concedido hasta ahora, y la falta de reacción del Ministerio Fiscal para investigar adecuadamente dicha situación, que no hace más que reforzar la sensación de impunidad que parece arropar a los responsables de tal abuso, nos ha permitido cobrar conciencia de las manifiestas debilidades de nuestro Estado de Derecho, lo que no hace más que incrementar nuestra preocupación y, consecuentemente, nuestra necesidad de reacción.

Lógicamente, no hemos llegado hasta aquí para ahora detenernos, retroceder o desistir. Si la tarea que se nos propone es infinita, como parece ser, estamos dispuestos a abordarla y llevarla hasta el punto que alcancen nuestras fuerzas. Confiamos plenamente en la capacidad de reacción de nuestro sistema político y, sobre todo, en el sentido de responsabilidad de los ciudadanos, en el sentido de decencia que todos y cada uno de nosotros conservamos, último e infalible remedio contra las amenazas y realidades de la corrupción pública. No cedemos, a pesar de las dificultades, y abordaremos por lo tanto los retos a los que nos enfrentamos.

Después de cada paréntesis veraniego, se reinicia el curso -el escolar, el político, el de la vida cotidiana de la sociedad- y se produce la llamada "rentrée" -la vuelta, la reanudación de las tareas temporalmente suspendidas- y también esta asociación vuelve a su actividad, consciente de que el presente curso va a resultar particularmente exigente, pues el horizonte electoral de mayo de 2011 va a sobrevolar inevitablemente sobre la realidad institucional, pero el tempo de los ciudadanos y de los servidores públicos no se mide por legislaturas. Todos los gobiernos, democráticamente elegidos, son nuestros gobiernos y de todos ellos esperamos y reclamamos medidas que fortalezcan la vida democrática, la cohesión social y la calidad de nuestras instituciones. Nadie interprete, por lo tanto, en clave política o de intereses electorales las iniciativas de esta Asociación. La plural composición de la misma -su carácter no sectario- invalida cualquier sospecha en tal sentido.

Ahora bien, la neutralidad política en lo que afecta a la pugna electoral no va a suponer, sin embargo, ningún obstáculo para reaccionar frente a los supuestos de corrupción o de vulneración de la legalidad administrativa que afecten a los principios y fines de esta asociación. No somos neutrales frente al abuso de poder ni frente al menoscabo constante del papel que corresponde a la función pública en el funcionamiento de nuestras instituciones. Pero denunciar abusos no es atacar a opciones políticas, salvo que esas opciones políticas tengan como único objetivo prolongar los abusos denunciados.