PREPARANDO EL COMIENZO DEL NUEVO CURSO.

Pasaron hace ya unos días las fiestas de San Roque, y esta Asociación, como anunció en su última nota de julio, ha de retomar su actividad de defensa de la función pública, preparando un nuevo curso en el que la acción a desarrollar no puede desconocer el importante dato del final de la actual legislatura de la Comunidad Autónoma y la celebración, en mayo de 2011, de elecciones locales y autonómicas.

Se convocará a los ciudadanos, una vez más, a las urnas, para renovar a los titulares de las instituciones de nuestra Comunidad. Esta Asociación, plural e independiente, no interviene en la pugna electoral, pero, al igual que en la ocasión anterior, hará llegar a los diferentes partidos sus propuestas de buen gobierno y buena administración, con el fin de que puedan incorporarlas, si las consideran válidas, en sus programas electorales o en sus posibles medidas de gobierno. Hemos de anotar el pobre balance de esta legislatura en medidas de buen gobierno y la callada negativa del actual Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, a hacer de la transparencia y de la ética pública uno de los necesarios ejes de su programa de gobierno.

A esta Asociación no le importa el color político de los titulares de las instituciones, cuestión que toca decidir a los ciudadanos con su voto, pero sí le importa, y mucho, el respeto que dichos responsables institucionales han de tener a las normas y principios democráticos, a las reglas del Estado de Derecho. La confianza electoral de los ciudadanos no justifica, sino todo lo contrario, el desconocimiento de la Ley. La legitimidad de origen de los titulares de los poderes públicos ha de completarse con la legitimidad de ejercicio, ajustando las decisiones y pautas de gobierno a la ley y al derecho, con escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos. Pese a lo obvio del postulado, la realidad actual dista mucho, cada vez más, de tal exigencia. El desprecio a las normas y la falta de sanción por ello amenaza con empujar a los ciudadanos al desistimiento ético y cívico. No podemos dejar de observar dicho fenómeno con preocupación. Esta Asociación no es, en realidad, sino una reacción a tal estado de cosas, con la clara voluntad de evitar que dicha tendencia se refuerce o consolide.

Estamos convencidos del papel crucial que corresponde a la función pública en la vigencia del Estado de Derecho y en la calidad democrática y deseamos proseguir nuestra labor de reflexión y divulgación, de acción y denuncia para reclamar la vigencia y el respeto a los principios que han de presidir la actuación de las Administraciones Públicas y el ejercicio profesional de los servidores públicos. Nos comprometemos a seguir, a no desistir. Y hacerlo al margen de los resultados. Creemos que la sola existencia de esta Asociación es un elemento positivo en el actual panorama aragonés y español. Lo acreditan las recientes decisiones que tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso de los Diputados y la Fiscalía General del Estado han debido adoptar en respuesta a distintas iniciativas de esta Asociación en defensa del Estado de Derecho.