LOS ASESORES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: UN ABUSO QUE NO CESA.

Es posible que el Gobierno de Aragón crea que el abuso perpetrado con los puestos de trabajo del personal eventual –utilizados, en buena parte, para “regalar” sueldos públicos a militantes de los partidos de la coalición de gobierno o personas afines a los miembros del Ejecutivo, sin la realización de función pública alguna que justifique su percepción-, a pesar de las ocasionales críticas, no le va a suponer coste político ni electoral alguno. Abusar de la confianza de los ciudadanos y utilizar fraudulentamente los fondos públicos, como se hace con el “caso de los asesores”, parece una práctica, si no admitida, al menos socialmente tolerada. Basta con observar el silencio de los medios de comunicación ante tal desafuero.

Mayor tranquilidad puede albergar el Gobierno con tal asunto a la vista del simulacro de investigación realizado por la Fiscalía de Aragón, debido a la denuncia realizada por esta Asociación ante la Fiscalía General del Estado. El asunto se despachó con un informe solicitado al Consejero de Presidencia, uno de los principales responsables del abuso, y el posterior archivo de la denuncia, llegando a afirmarse, sin el menor sonrojo, que no constaba que el personal eventual no cumpliese con las obligaciones propias de sus puestos. Acaso el Fiscal Superior no sólo no mostró la diligencia debida en la investigación de la denuncia, sino que tampoco se abstuvo, pese a concurrir causa legal de abstención por sus vínculos familiares con alguno de los miembros del Gobierno objeto de la denuncia.

Las medidas de ajuste adoptadas, con la correspondiente reducción salarial practicada a los empleados públicos, tampoco han constituido impedimento alguno para mantenter un gasto público que sólo cabe calificar de abusivo y fraudulento. Pagar a quien no trabaja –poner en nómina a personas con el único fin de asegurarles un ingreso a cargo del presupuesto público- es desviar el dinero público de los fines que le son propios y aplicarlo a otros que nada tienen que ver con el interés general. Es posible que tampoco lo considere así la Intervención General del Gobierno de Aragón, a la que le corresponde fiscalizar las nóminas de todos los empleados públicos. Veremos si, en los próximos meses, la Cámara de Cuentas de Aragón es capaz de encarar la cuestión como es debido.

Una irregularidad, por mucho que se reitere, no deja de ser una irregularidad. Su reiteración no la atenúa, sino que la agrava, pues pone de manifiesto la decidida voluntad de utilizar el poder como botín, para distribuirlo entre los afines. A eso se ha visto reducida en estas últimas legislaturas la mayor parte de los puestos de asesor de los gabinetes de los miembros del Gobierno. No podemos, desde esta Asociación, dejar de deplorar que un Gobierno incurra en prácticas tan censurables, tan opuestas a las exigencias de la ética pública, del pudor democrático y de las más elementales reglas de la buena administración.

Se equivoca el Gobierno si cree que el “caso de los asesores” está cerrado y que no se ha de volver nuevamente sobre ello. Mientras persistan el abuso y el fraude, tan visibles para tantos funcionarios, persistirá la denuncia por parte de esta Asociación, que no dudará en apelar a todas las instancias del Estado de Derecho para que se ponga fin a esta práctica impropia de una institución democrática, que no hace sino degradar la Administración Pública y privar de autoridad moral a los miembros del Gobierno ante el conjunto de los empleados públicos. También ante los ciudadanos.