El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se ha dirigido a esta Asociación, con fecha 24 de junio de 2010, en respuesta al escrito que le hicimos llegar, el pasado mes de mayo, para expresarle nuestra decepción por la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones de dicha Cámara, al declararse incompetente para conocer de nuestra solicitud de que se instase del Gobierno el control de constitucionalidad del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, al entenderlo contrario a lo establecido en la normativa básica estatal de función pública.
En el escrito dirigido desde la Asociación al Presidente del Congreso de los Diputados, entre otras cosas, se afirmaba lo siguiente: "Lamentamos enormemente, y no podemos dejar de manifestárselo, que las instituciones del Estado hayan desistido de un compromiso básico con los ciudadanos, como es el aseguramiento de las reglas del Estado de Derecho, entre las cuales figura necesariamente el principio de legalidad en su sentido más amplio, es decir, el sometimiento de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La inhibición frente a vulneraciones de la legislación básica estatal, en una materia como el régimen retributivo de los empleados públicos, reviste además una significación especial, pues nada puede resultar más decepcionante a quienes ejercen su actividad en el seno de las instituciones públicas que los responsables políticos de éstas se despreocupen del respeto de las reglas que las ordenan".
Tras diversas consideraciones, el escrito de la Asociación concluía en los términos siguientes: "Sencillamente queremos manifestarle que la función y el prestigio de una institución tan relevante como el Congreso de los Diputados para asegurar la calidad de nuestra democracia y el buen funcionamiento del sistema autonómico español, en nuestra opinión, no se afianzan con decisiones como la adoptada por la Comisión de Peticiones, de la que le acompañamos copia, así como del escrito de petición remitido en su día".
A ello viene a responder el Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, a esta Asociación, en los términos siguientes:
"Sr. D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
Madrid, 24 de junio de 2010.
Estimado Señor:
En relación con su amable escrito en el que hace diversas consideraciones sobre una Petición presentada por la Asociación que usted preside para que por esta Cámara se instase al Gobierno a determinadas actuaciones en relación con la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010, le comunico que he resuelto dar conocimiento del mismo a la Comisión de Peticiones para que informe al respecto.
Le agradezco el tono de su escrito, así como el interés que por esta Cámara se deriva del mismo.
Atentamente,
El Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono Martínez".
Esta Asociación no puede menos que celebrar tanto la respuesta recibida como la decisión que en ella se comunica, dirigida a pedir a la Comisión de Peticiones un informe sobre la cuestión planteada, ya que los diferentes órganos de las Cortes Generales -Congreso y Senado- debieran ser los primeros interesados en asegurar la protección de la legislación básica estatal, dictada por ambas Cámaras. Creemos que la relación de los ciudadanos con las instituciones, mediante el mecanismo de participación directa que constituye el derecho de petición, es enormemente valiosa para ejercer las responsabilidades que nos incumben como ciudadanos y, en ejercicio de ellas, reclamar a los responsables institucionales las que les son propias. Sirva de muestra la respuesta dada por el Presidente del Congreso de los Diputados a esta Asociación.
Bueno, parece que Bono mantiene el tipo.
ResponderEliminarEl Senado remite una petición de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa al Estado.
ResponderEliminarLa Comisión de Peticiones del Senado ha decidido trasladar al Ministerio de Política Territorial una petición formulada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. El documento tiene como finalidad que las instituciones estatales promuevan la constitucionalidad del artículo 19.2 de los Presupuestos de la Comunidad.
ARAGON DIGITAL.
Zaragoza.- La Comisión de Peticiones del Senado, en su sesión del 21 de junio de 2010, ha decidido trasladar al Ministerio de Política Territorial una petición formulada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, con la finalidad de que las instituciones del Estado promoviesen el control de constitucionalidad del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010, al contemplar un régimen retributivo específico para los supuestos de "promoción interna temporal" que vulnera la ordenación básica de las retribuciones contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público.
ResponderEliminarEl artículo 19.2 de los Presupuestos de la Comunidad refleja que el personal funcionario que temporalmente ocupe un puesto adscrito a distinta escala o clase de especialidad a la que pertenece, percibirá las retribuciones básicas correspondientes al grupo del puesto de desempeño efectivo. En el caso de que dicho puesto de trabajo se encontrase abierto a varios grupos o subgrupos de titulación, las retribuciones serán siempre correspondientes al inferior. Asimismo, percibirá los complementes de destino y específico correspondientes al puesto que efectivamente desempeñe.
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La asociación cree que ahora “toca esperar la respuesta final del Ministerio de Política Territorial”, al cual todos los restantes destinatarios han remitido las correspondientes peticiones, a excepción del Congreso de los Diputados, cuya Comisión de Peticiones acordó, “incomprensiblemente”, archivar la petición. Sea cual sea esa respuesta, esta asociación “no va a desistir en sus reclamaciones o demandas de respeto a la legalidad, aunque las peticiones puedan entenderse condenadas de antemano al archivo. Nuestra insistencia no es sino reflejo de la contumacia de las instituciones aragonesas en vulnerar el ordenamiento jurídico, desconociendo con ello el deber primero de todo poder público que pretenda ejercer sus funciones democráticamente”.
ResponderEliminarBono pedirá un informe
En respuesta a una misiva enviada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha anunciado que pedirá un informe a la Comisión de Peticiones de la Cámara que preside por declararse incompetente para analizar la solicitud para que las instituciones estatales promuevan la constitucionalidad del artículo 19.2 de los Presupuestos de la Comunidad.
La Asociación ha celebrado la decisión de Bono, que muestra “que los diferentes órganos de las Cortes Generales -Congreso y Senado- deben ser los primeros interesados en asegurar la protección de la legislación básica estatal, dictada por ambas Cámaras”.
“Creemos que la relación de los ciudadanos con las instituciones, mediante el mecanismo de participación directa que constituye el derecho de petición, es enormemente valiosa para ejercer las responsabilidades que nos incumben como ciudadanos y, en ejercicio de ellas, reclamar a los responsables institucionales las que les son propias”, ha señalado la Asociación.
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“Podría pensarse que los resultados obtenidos por esta Asociación, en su batalla por asegurar el respeto de la legislación básica de función pública por parte de las instituciones de la Comunidad Autónoma -en este caso, infringida por el Gobierno de Aragón y por las Cortes de Aragón-, son escasos y decepcionantes, con respuestas tardías, evasivas o inmotivadas”. La asociación ha señalado que no puede negar que le gustaría observar “otro nivel de implicación de las instituciones del Estado en esta materia, ya que buena parte de los problemas actuales que se padecen en el sector público son resultado de la injustificable inhibición de las instituciones del Estado en la defensa del principio de legalidad, sin el cual todo el edificio del Estado autonómico corre un gravísimo riesgo de derivar hacia la inobservancia de los límites marcados por la legislación básica y las normas presupuestarias, con un camino de retorno a la legalidad cada vez más dificultoso”.
ResponderEliminarPero el hecho de que las instituciones autonómicas “no respeten las normas y que, ante ello, las instituciones estatales no ejerzan la función de control que les corresponde”, no es razón suficiente para que asociaciones como ésta “se acojan al fatalismo de que no hay nada que hacer. Han de llegar peticiones a las Cortes Generales -las primeras, si es posible, de los propios servidores públicos- que reclamen una activa defensa de los principios de nuestro ordenamiento jurídico, sin cuya plena vigencia no hay función pública posible que pueda regirse por los valores y principios constitucionales”.
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Anteriormente, también los Ministerios de la Presidencia y de Justicia habían trasladado a dicho Ministerio de Política Territorial las respectivas peticiones planteadas en relación al citado precepto de la Ley de Presupuestos aragonesa, si bien, hasta la fecha, no ha habido respuesta de dicho Ministerio, pese a haberse superado ya el plazo máximo de tres meses establecido por la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, tal y como ha indicado la asociación en un comunicado. .
ResponderEliminar“Ha de acogerse favorablemente la decisión adoptada por la Comisión de Peticiones del Senado, ya que anteriormente similar Comisión del Congreso de los Diputados comunicó el archivo de igual petición, sin exponer las razones que justificaban tal decisión”, motivo por el que esta Asociación se dirigió al Presidente del Congreso para solicitarle que las decisiones denegatorias de las peticiones formuladas por los ciudadanos a dicha Cámara sean debidamente razonadas, tal y como exige la citada Ley Orgánica 4/2001.
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Coño, unos paisanos de Labordeta, dirán.
ResponderEliminarOs van a conocer en Madrid.
ResponderEliminarBuena actuación, enhorabuena.
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