NECESIDAD DE UNA REORDENACIÓN EFICIENTE DE LOS SERVICIOS: PASIVIDAD Y SILENCIO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública se dirigirá al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, para expresarle la necesidad de que el puesto del responsable de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios –actualmente vacante, tras el reciente cese de su titular- sea cubierto con persona idónea, capaz de coordinar las tareas de reordenación de la Administración autonómica que impone la actual coyuntura financiera, para asegurar un funcionamiento más eficiente de los servicios públicos y obtener una reducción de los gastos corrientes de los diferentes Departamentos, con la colaboración y sugerencias de los difererentes gestores públicos y del conjunto de los servidores públicos.

No parece razonable que en estos momentos, en vísperas de la aprobación del ajuste de las retribuciones del conjunto de los empleados públicos de la Administración autonómica, y ante la necesidad de reforzar todas las medidas de ahorro viables en el conjunto de las partidas de gasto corriente, se halle vacante el puesto del responsable de la Dirección General directamente responsable de impulsar o coordinar los programas de ahorro, eficiencia y reordenación administrativa.

Observamos una llamativa pasividad en los responsables administrativos para tomar iniciativas adecuadas en la racionalización de la gestión pública, así como una radical falta de liderazgo interno y de esfuerzo de comunicación por explicar las medidas adoptadas y concienciar al conjunto de los empleados públicos de las dificultades a afrontar y del compromiso que se les pide para dicho objetivo. En momentos de crisis como los actuales, se hace todavía más visible la falta de una verdadera política de recursos humanos en la Administración autonómica. Ni siquiera el Consejero de Presidencia ha aclarado nada en relación con el elaborado Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón y las posibles alternativas al mismo, en el caso de descartarse su impulso.

No puede bastar con la adopción de medidas de recorte de las retribuciones de los empleados públicos, pues gastar menos no significa, ni mucho menos, gastar mejor. Dicha medida sólo resulta presentable y comprensible dentro de un amplio programa de eficiencia y optimización del gasto público, revisando todos los márgenes posibles de reducción y de ahorro y detectando el conjunto de gastos prescindibles. Los salarios sólo deberían verse afectados cuando los ingresos disponibles, una vez realizados los ajustes necesarios, resulten insuficientes para afrontarlos. ¿O es que existe, por motivos no especificados, la conciencia de su insostenibilidad o de su improcedencia? En estos momentos no se percibe una preocupación real de los responsables políticos por ajustar de forma racional el gasto público, y un ejemplo de ello lo constituye el que no exista responsable de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios. Es cierto que ese órgano directivo apenas ha ejercido en estos años las funciones que le son propias –de lo cual se resiente la actual organización administrativa-, pero en estos momentos dicha Dirección General debiera ser el promotor y aglutinante de todas las medidas de racionalización de las estructuras administrativas y de programas de eficiencia del gasto público.

Es necesario impulsar medidas que estimulen la eficiencia administrativa, mediante una adecuada organización de las unidades administrativas y de los procedimientos de trabajo, algo a lo que apenas se ha prestado atención en estos últimos años desde la Inspección General de Servicios, órgano integrado en la citada Dirección General.

Es más, la ordenación del empleo público sólo puede abordarse en el ámbito de dicha operación global de revisión de la organización administrativa, de la cual la política de personal es un elemento –el más importante, sin duda- que en modo alguno puede responder a lógicas distintas a las que ha de marcar la racionalidad y eficacia administrativa. La crítica situación que hoy vive el empleo público se debe, en buena medida, a que la lógica de éste no la han marcado las necesidades de la organización administrativa, sino intereses distintos, de carácter político, sindical o personal. El ejemplo de la impracticable fusión de SODEMASA y SIRASA –por servir a Departamentos distintos, dirigidos por partidos distintos de la coalición de gobierno- es una clara evidencia de esa realidad, donde la racionalidad de la gestión se ve desplazada por consideraciones de otro tipo, que nadie identifica por su nombre.