VISIÓN GLOBAL Y APERTURA.

El análisis de las cuestiones que afectan a la regulación de las Administraciones Públicas, para cumplir con eficiencia su cometido, y los criterios de ordenación de la función pública, forman parte –o deberían hacerlo- de un mismo proyecto de actuación política, que pudiéramos llamar modernización de la gestión pública o calidad de los servicios públicos.

No puede, lógicamente, abordarse la regulación de la función pública al margen de su contexto natural –el de la ordenación de la Administración Pública- y la renovación normativa de la materia –la que se contenga en la Ley llamada a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público- ha de ser, aunque extraordinarimente decisivo, un elemento más dentro de una estrategia amplia de adecuación de la gestión administrativa a criterios de eficacia, eficiencia y calidad del conjunto de los servicios públicos.

La función pública que se nos propone para nuestra Comunidad Autónoma no puede ser ajena a un modelo de gestión pública que la lastra, como el que parece impulsarse en los últimos años desde el Gobierno de Aragón, mediante el cual se prescinde de la función pública para un número cada vez mayor de parcelas de la acción pública. ¿Qué es lo que hace inapropiada la gestión de determinados servicios o el ejercicio de ciertas funciones por personal propio de la Administración? ¿Qué justifica la permanente y creciente presencia del poder político en el ámbito propio de la iniciativa privada? ¿Qué riesgos comporta la confusión entre intereses políticos e intereses económicos que se produce con la acción pública empresarial? En Aragón no sólo no se ha dado respuesta a ninguna de estas cuestiones, sino que se ha tratado de evitar la mera formulación de las cuestiones. Se ha eludido no sólo el debate, también la reflexión.

Carecemos de una reflexión suficiente sobre el modelo de Administración Pública que necesita nuestra Comunidad Autónoma, con objetivos claros y precisos respecto al papel que debe corresponderle en la aplicación de las diferentes políticas públicas del Gobierno de Aragón. Es más, se aprecia una falta de voluntad manifiesta en avanzar en transparencia y control de la acción política y de la gestión pública, lo cual es un dato que no puede ignorarse y que condiciona decisivamente el modelo de función pública hacia el que se avanza, más sujeta al control político que a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.

La función pública es una pieza básica en la construcción diaria de nuestro Estado de Derecho, y ello requiere dotarla de unos principios y criterios de actuación que en modo alguno se agotan en la mera obtención de resultados. Ni los responsables políticos ni sindicales de nuestra Administración han propiciado a lo largo de los años una cultura adecuada sobre lo que debe ser una Administración pública democrática, abierta a los ciudadanos, altamente profesionalizada y con alto sentido de la ética pública.

Creemos, por lo tanto, que cualquier propuesta de ordenación de la función pública aragonesa –la elaboración de la ley que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público- ha de enmarcarse en una propuesta más amplia sobre el modelo de Administración Pública de que precisa dotarse nuestra Comunidad Autónoma, algo que en estos momentos nadie parece reclamar.

Esta Asociación, en la medida de sus fuerzas, ha tratado en todo momento de trascender la mera política de personal, para ligarla a un proyecto más amplio de Administración democrática, como elemento necesario para el buen gobierno, y con ello –a través de sus diferentes iniciativas- ha podido constatar la falta total de apertura o disposición del Gobierno de Aragón para profundizar en medidas de transparencia y calidad democrática en el ámbito del gobierno y de la administración pública. En ese contexto, es difícil que la ordenación de la función pública acierte a diseñar un régimen que refuerce, como debiera hacerlo, los principios constitucionales de servicio del interés general, imparcialidad, eficacia, eficiencia y legalidad.

La reflexión sobre la dirección en que ha de avanzarse en las Administraciones Públicas –y el papel a jugar por la función pública en ello- ha de partir, por lo tanto, de una visión global sobre la gestión pública –la garantía de los intereses generales- y de apertura a las corrientes de pensamiento existentes en los países de larga tradición democrática sobre el modelo de función pública propio de una democracia consolidada y exigente. Ese es el campo de reflexión que se propone esta Asociación.