LAS LEYES COMO SIMPLE COARTADA.

No es nuevo el hecho de que, frente a propuestas de mejora que resultan factibles sin modificación normativa alguna, y para cuya aplicación bastaría un simple cambio de criterios de gestión, los responsables de la materia aleguen que tales medidas serán objeto de regulación en el proyecto de ley en proceso de elaboración, y con dicha apelación a la futura ley se consigue cerrar el debate y, de paso, posponer la implantación de la medida sugerida, prolongando con ello la discrecionalidad o la provisionalidad existente.

Dicha forma de proceder evidencia el uso indebido que se hace de las leyes proyectadas, para crear coartadas o cortinas de humo –o, simplemente, ganar tiempo- respecto a deficiencias o carencias de gestión que poco tienen que ver con el contenido de las leyes, pero cuya invocación se presenta como argumento inapelable. En tal sentido, hay que apuntar el uso y abuso que los responsables de la función pública aragonesa han hecho de la futura ley de empleo público –así pretenden llamarla- para aparcar cualquier exigencia de transparencia en materia de gestión de personal.

Esta Asociación reclamó el establecimiento de criterios objetivos para la designación de los miembros de los órganos de selección del personal de nuevo ingreso de la Administración aragonesa, hoy por hoy libremente designados por los responsables del Departamento de Presidencia –en muchos casos, con un sesgo claramente perceptible-, y la adopción de tales criterios fue objeto, además, de una sugerencia expresa formulada por el Justicia de Aragón. ¿Cuál fue la respuesta del Departamento de Presidencia? En lugar de rechazar abiertamente la sugerencia, se optó por alegar que dicha cuestión sería objeto de tratamiento en la futura Ley sobre empleo público que se estaba elaborando.

Pues bien, el borrador de Anteproyecto de Ley de Empleo Público ya está elaborado y se ha dado a conocer, y en él se regula, como es lógico, el régimen de selección y acceso al empleo público, conteniéndose un capítulo expresamente dedicado a los “órganos de selección”. ¿Qué se dice sobre el procedimiento de designación de los órganos de selección? ¿Qué criterios objetivos se establecen, para así poder corregir y superar la actual discrecionalidad existente? Pues, como era de prever, no se dice nada, al margen de las prohibiciones para ser miembro de los mismos que ya establecía el Estatuto Básico del Empleado Público. La composición y funcionamiento de los órganos de selección se remite a un futuro reglamento que desarrolle la ley.

Se zanja, por lo tanto, el debate sobre la cuestión invocando una futura ley, y en ésta se remite la posible solución a un posterior desarrollo reglamentario, y así se gana tiempo –unos cuantos años- para mantener las cosas como están y seguir disponiendo libremente –es decir, controlando- la composición de los órganos de selección. Esta Asociación, sin embargo, va a recordarle al Justicia de Aragón la sugerencia formulada y las razones que entonces alegó el Departamento de Presidencia, señalándole que el texto normativo elaborado nada ha establecido, en contra de lo que entonces se dijo, sobre el establecimiento de criterios objetivos para la designación de los tribunales de selección.

Quien así actúa, no tiene reparo, por supuesto, para aplicar el criterio contrario, si le conviene. Unas cuestiones se posponen a la futura ley y otras se anticipan, aunque se carezca de la cobertura requerida: posponemos las garantías de objetividad de los órganos de selección, porque tal cuestión, se dice, ha de ser objeto de regulación legal, pero, en cambio, anticipamos el pago de la carrera profesional que se regulará en la futura ley. La ley es invocada, en uno y otro caso, como simple coartada para la arbitrariedad permanente.