El Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se dirige hoy por escrito al conjunto de los miembros del Gobierno de Aragón para solicitarles que recaben informes a la Dirección General de Servicios Jurídicos y al Consejo Consultivo sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la previsión contenida en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos para 2010, relativo a las retribuciones básicas a abonar en los supuestos de promoción interna temporal.
Tras el criterio elaborado por la Intervención General del Gobierno de Aragón, señalando que la previsión contenida en el citado artículo de la Ley de Presupuestos es contraria a la legislación básica estatal, coincidiendo así con la posición que ha mantenido en todo momento esta Asociación, el Gobierno de Aragón no puede eludir la cuestión, siendo necesario que despeje cualquier duda sobre la corrección jurídica de dicha medida retributiva, procediendo a su supresión, mediante la aprobación de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Presupuestos.
Debe recordarse que en materia presupuestaria el Gobierno de Aragón es titular exclusivo de la iniciativa legislativa, razón por la cual sólo a él le corresponde promover la supresión del citado artículo 19.2, sin esperar a que el Estado pueda plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional por vulneración del bloque de constitucionalidad en materia de empleo público.
En ejercicio del derecho de petición, el Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido al Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno de Aragón, para que se proceda a suprimir la indebida previsión retributiva, reproduciéndose, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, responsable directo de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos:
“Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 18 de febrero de 2010.
Estimado señor:
El Gobierno de Aragón, al aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2010, incluyó, dentro del articulado correspondiente a gastos de personal, una medida especial destinada a permitir el abono de unas retribuciones básicas superiores a las admitidas por la legislación básica estatal, a percibir por quienes en el futuro pasen a desempeñar puestos de trabajo de grupo superior en función de la denominada “promoción interna temporal” Esta medida suponía desnaturalizar el concepto legal de retribuciones básicas, al vincularlo de forma improcedente al puesto de trabajo desempeñado y no al grupo o subgrupo a que se halle adscrito el cuerpo o escala propio del funcionario.
Dicho precepto, pese a las advertencias que sobre su improcedencia jurídica efectuó esta Asociación al conjunto del Gobierno de Aragón, al Presidente de las Cortes de Aragón, al Presidente de su Comisión de Economía y Presupuestos y a todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, fue finalmente aprobado y quedó incorporado como artículo 19.2 de la Ley 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2010.
Ante la decisión del Parlamento autonómico de dar visos de legalidad a una medida radicalmente contraria a la ordenación básica del empleo público, esta Asociación se ha visto en la necesidad de poner tal situación en conocimiento del Tribunal de Cuentas, de las Cortes Generales y del Gobierno de España, reclamando la adopción de las medidas oportunas para su eliminación, promoviendo a tal efecto, si fuera preciso, recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos aprobada.
Recientemente, hemos tenido conocimiento del criterio expresado por la Intervención General al conjunto de los Departamentos del Gobierno de Aragón, señalando igualmente que la previsión del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos es contraria a la legislación básica estatal.
Consideramos que en un Estado de Derecho no resulta admisible que un Gobierno promueva medidas normativas contrarias a derecho, ni que, tras su aprobación como norma legal, pueda desentenderse de sus problemas de constitucionalidad y proceder a su aplicación en tanto no sea anulada por el Tribunal Constitucional, dando con ello lugar a situaciones consolidadas al amparo de una norma antijurídica y constitucionalmente ilícita.
Por todo lo anterior, y por entender que todos los poderes públicos, incluidos el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como se señala en el artículo 9.1 de la propia norma constitucional, consideramos que el Gobierno de Aragón debiera proceder a recabar, tanto de la Dirección General de Servicios Jurídicos como del Consejo Consultivo, sendos informes sobre la adecuación del artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos al bloque de constitucionalidad en materia de empleo público, y en el caso de constatarse su inadecuación, proceder a la elaboración de un Proyecto de Ley con la única finalidad de llevar a cabo la inmediata derogación de dicho precepto.
Esta solicitud se realiza al amparo del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, rogándole por ello que la contestación al presente escrito se ajuste a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Agradeciéndole en todo caso la atención prestada al presente escrito, aprovecho para reiterarle nuestro más atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
¿Y Brun no debería presentar su dimisión o ser cesado inmediatamente?
ResponderEliminarFue uno de los asuntos más comentados ayer en los círculos de trabajo de la administración autonómica: el control por parte del Gobierno de Aragón del trabajo real de los empleados del Pignatelli a través de la tarjeta electrónica. Entre indignación y escepticismo, los empleados públicos se manifestaban de forma anónima o con nombres falsos en la puerta de la cafetería, que como todos los días bullía a las once de la mañana.
ResponderEliminarCarmen, funcionaria desde hace seis años, considera que la tarjeta electrónica y los tornos "no son la solución". Reconoce que "hace falta un mayor control", pero advierte de que "hay gente que puede estar en su puesto de trabajo, pero igual no está trabajando". En esta línea, Teresa recalca que el control de las tareas depende de los jefes y asegura que en la administración "se trabaja más de lo que la gente se piensa".
Roberto plantea varios escenarios. Por un lado, señala que hay "mucha gente vaga que se refugia en la administración y que, en cualquier empresa privada estaría ya en la calle". "Hay que poner orden", insta este funcionario, que explica que hay casos flagrantes de personal que solo está en su puesto "un tercio del año". No obstante, lanza varias preguntas: "¿Y qué ejemplo están dando los cargos públicos? ¿Quién controla al controlador?".
Isabel, en este sentido, denuncia que "los niveles más bajos son los que están más controlados". Además, recalca que "los que siempre hemos fichado, lo seguiremos haciendo y los que no, no". "No vemos ningún cambio", comenta Isabel, que entronca todas estas iniciativas en una campaña contra los funcionarios.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
ResponderEliminarCreo que hay personas que no saben leer. Nadie se queja simplemente de que se controle el horario. Se quejan de que se lance como cortina de humo para ocultar otras cosas MUCHO MÄS IMPORTANTES. En esto participa el propio Hetaldo de Aragón.
Comentario:
ResponderEliminarTrabajo en la DGA desde 1988, cuando aprobé la oposición, y en el Edificio Pignatelli desde 1991. Siempre he tenido una tarjeta para fichar y siempre la he utilizado para entrar y salir del Edificio, quedando reflejado mi horario. Desde 2007 la tarjeta se ha convertido en tarjeta electrónica, que además de para entrar y salir (fichar) utilizo para trabajar en mi ordenador con algunos programas informáticos. Cada vez que ficho me sale mi saldo horario diario, La unidad de personal de mi Departamento controla mi saldo mensualmente. El único cambio que va a suponer par mi y mis compañeros la instalación de los tornos será que cambiaré el sistema de fichaje.Se intenta confundir a la opinión pública y poner en contra de los empleados públicos a los ciudadanos con artículos como estos. Siempre he sentido que estoy al servicio del ciudadano y lo pongo en práctica cada día lo mejor que puedo.
Comentario:
ResponderEliminarEl control me parece muy bien pero quien controla el gasto en un progama informatico de personal que lleva varios años haciendose esta pagado y aun no funciona correctamente y ahora se siguen pagando ampliaciones de cosas que deberian estar hechas de origen,hablo de mucho dinero tirado o mal gastado ya que en el mercado habia programas ya en funcionamiento ¿por que uno nuevo sin contrastar ni probar?¿quien metio la pata o la mano?
Que decida Velasco.
ResponderEliminarEl sabrá a dónde quiere ir.
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