FRENTE A LA DICTADURA DE LA INDECENCIA.

Con iluminadora lucidez, el profesor Emilio LLedó, en un artículo publicado ayer sábado en "El País", señalaba que "el lenguaje, que se funda en la verdad, en la honradez personal y política, abre las puertas a la razón y a la vida". El lenguaje, como instrumento de libertad y de honestidad, es nuestro principal recurso para hacer frente a la mentira que trabaja incansable para desvirtuar los más preciados valores de nuestra vida en común. Concluía el profesor Lledó: la vida democrática jamás podrá realizarse mientras la ciudadanía, desconcertada y engañada por la codicia de los otros, se resigne, por la miserable ideología de la pragmacia, a soportar la dictadura de la indecencia.

Es difícil retratar en menos palabras y de forma más eficaz la realidad en la que a veces nos sentimos inmersos. Los valores de la democracia, de la democracia como orden moral, pero también como organización institucional, parecen haber sido privados de su vigor ético y de su fuerza dignificadora de la convivencia social, para ser groseramente desplazados por una dictadura de la indecencia, que padecemos y a la que contribuimos cada vez que toleramos episodios de corrupción o de injusticia.

La escasa vigencia de los principios de legalidad y de transparencia que apreciamos en algunas de las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma constituyen un factor de una enorme gravedad -aunque no parezca preocupar a todos por igual-, que va empujando a nuestra sociedad cada vez más hacia esa "dictadura de la indecencia", donde la codicia y la mentira parecen ir ganando el control de todos los resortes.

En esta situación, si esto fuera así, y no hay razones para dudar de la veracidad del análisis del profesor Lledó, aunque sea a título de "hipótesis" o "amenaza", debiéramos preguntarnos por la posición que corresponde ocupar a los servidores públicos, como profesionales de la función pública. ¿Han de servir indistintamente al interés general y a los intereses de esa "dictadura de la indecencia"? ¿La inamovilidad en sus puestos de trabajo no era para garantizar, precisamente, su imparcialidad y su compromiso con la legalidad? ¿Cuál ha de ser su reacción?

Esta Asociación -y comprendemos que ello moleste poderosamente al poder político- no es neutral éticamente. La función pública, por definición, ha de ser un antídoto y un freno frente al abuso de poder y la corrupción pública, tanto política como administrativa. La función pública ha de ser un elemento activo para construir, justamente, una "sociedad decente".

Sabemos que existe un decidido interés en que la realidad sea justamente la contraria, y para ello, desde el poder, se pretende una estructura administrativa meramente instrumental, que se limite a ejecutar los designios políticos, sean decentes o indecentes. La "dictadura de la indecencia" es el más claro ejemplo de mal gobierno y conlleva el secuestro o apropiación, en beneficio personal o de grupo, de las instituciones y de los recursos públicos. Ello exige, previamente, desvirtuar el papel asignado a la función pública.

Frente a ello, confiamos en que los políticos honrados, los servidores públicos fieles a su compromiso y los ciudadanos que no han adoptado el cinismo como guía de conducta, actuando de forma conjunta, puedan acabar con esa "dictadura de la indecencia" y dar pasos decisivos hacia el logro de una "sociedad decente", en la que el poder político esté verdaderamente al servicio de las personas.