NECESIDAD DE PENSAMIENTO.

Cuando se planteó la oportunidad de contar con una asociación como instrumento de acción compartido por los servidores públicos de la Comunidad Autónoma, para poder así reaccionar frente a la preocupante situación que se vivía por la Administración autonómica, sentíamos también la necesidad de revisar en profundidad los planteamientos teóricos relativos al ejercicio de la función pública. Al margen de algunas reflexiones sobre la ética pública, poco hemos avanzado, es necesario reconocerlo, en esta línea de actuación, la que se refiere no a la acción, sino a la teoría. Es difícil, sin embargo, mantener un esfuerzo sostenido en el tiempo, con permanentes iniciativas, si no viene acompañado de un sólido soporte teórico. Sólo desde ideas claras y bien fundamentadas cabe mantener el rumbo de las abundantes peticiones y manifestaciones públicas que ha realizado hasta el momento esta Asociación.

Debiéramos evitar que la labor de análisis y debate teórico, de profundización en aquellas cuestiones que resultan vitales para el ejercicio de nuestra labor profesional, permanezca por más tiempo en un segundo plano, sacrificada permanentemente a los requerimientos del momento, derivados de los constantes incumplimientos por parte de los responsables de la función pública aragonesa, y de la necesidad de reaccionar frente a ellos. Toda impugnación requiere una argumentación que la sustente, es cierto, pero tal forma de razonar no puede satisfacer la pretensión de reflexión global sobre el papel a jugar por las administraciones y los servidores públicos en la constante mejora de la democracia y en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nos hemos visto impelidos a defender lo obvio, lo más elemental, la legalidad más básica –la aprobación de las ofertas de empleo público, el respeto de los plazos en los procesos selectivos o la legalidad retributiva-, para comprobar que ni siquiera eso está garantizado por el Gobierno de Aragón. Constatar algo así nos llevó precisamente a concluir que difícilmente habría una buena administración sin un buen gobierno, y por ello esta Asociación ha insistido tanto en el impulso de medidas de buen gobierno, y en reclamar al Gobierno de Aragón el respeto a la legalidad, no sólo en cuestiones estrictas de la función pública, sino en otros ámbitos de la acción pública, como pueden ser la legalidad presupuestaria o el control financiero. Canalizar gran parte de nuestras propuestas a través del derecho fundamental de petición nos ha llevado a constatar el general desprecio mostrado frente al ejercicio de este derecho. Cuando no hay reparo en vulnerar los derechos fundamentales, se cobra idea del alcance del mal gobierno que ha arraigado en nuestras instituciones.

Es cierto que, pese al esfuerzo realizado en estos casi tres años de actividad, la situación no ha cambiado de forma significativa, pero al menos, y no es poco, ya podemos expresar públicamente, a través de las acciones y notas de la Asociación, nuestra crítica o nuestra oposición a una inadecuada forma de dirigir y gestionar la función pública, sin que nos veamos reducidos a la impotencia del silencio y sin que los sindicatos se crean únicos portavoces de la función pública.

La proximidad de la celebración de la asamblea anual de la Asociación –la tercera, ya- es un momento oportuno para retomar la inaplazable tarea de reflexionar sobre la función pública, sobre la responsabilidad de los servidores públicos, sobre el insustituible papel que corresponde a la Administración Pública en la realización diaria del Estado de Derecho, sin cuya necesaria fortaleza la democracia se encuentra inevitablemente condenada a quedar bajo el control de unas minorías que manejan, a su antojo, los resortes del poder. Transparencia y ciudadanía son las exigencias del momento actual, para asegurar el imperio de la ley y la igualdad de derechos de todos. Pero para avanzar en esa dirección hay que estar bien pertrechados. Necesitamos pensar antes de actuar o mientras actuamos, enriquecer la acción con la reflexión y viceversa. ¿Podría ser el elemento distintivo de este 2010 que consideramos de enorme trascendencia para la Administración aragonesa?