CONTROLES Y ABUSOS EN LA ADMINISTRACIÓN: HONRADEZ DE UNOS Y EJEMPLARIDAD DE OTROS.

Esta Asociación no puede dejar de realizar alguna reflexión, no tanto sobre las iniciativas de los responsables del Departamento de Presidencia sobre los mecanismos de control del cumplimiento de la jornada laboral en la Administración autonómica –relojes o tornos-, sino sobre algunas declaraciones que han acompañado su anuncio y justificación, así como sobre la falta de un verdadero contexto de mejora y control del funcionamiento de los servicios públicos de que adolece la medida anunciada.

¿Deben dar ejemplo los funcionarios? ¿De qué? ¿No sólo hay que ser honrado, sino parecerlo? Nadie duda de que las jornadas de trabajo están para cumplirlas y que deben existir mecanismos para detectar y corregir los posibles abusos o incumplimientos que se produzcan. La ética pública que propugna esta Asociación no puede dejar atisbo de duda sobre su posición respecto al necesario cumplimiento de los deberes y responsabilidades que corresponden a los servidores públicos. Esos deberes, sin embargo, no se agotan en la mera presencia en el puesto de trabajo, sino en el cumplimiento de las funciones propias del puesto que se ocupa, es decir, en su correcto desempeño.

Dicho lo anterior, hay que manifestar el total repudio a las “hipócritas” declaraciones del Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y demás responsables políticos del Gobierno de Aragón que se han pronunciado sobre este tema. Los tiempos de trabajo y las cargas laborales en toda organización requieren de una adecuada racionalidad –definición de tareas y objetivos, estructuras claras y eficientes, gestión transparente, control de resultados, coordinación, dirección participativa, trabajo en equipo, dirección por valores, compromiso con el servicio público- y los criterios de gestión del cumplimiento de las obligaciones laborales han de estar presididos por valores de justicia y equidad, garantizados con reglas precisas e iguales para todos. ¿Existe algo de ello en la Administración autonómica? La fijación de objetivos y el cumplimiento de la normativa no pueden dejarse, como viene sucediendo hasta ahora, al sentido de responsabilidad y de exigencia de cada cual.

El Gobierno de Aragón ha vivido –y vive- de espaldas a la Administración, ninguneándola constantemente, infringiendo de forma reiterada las reglas que la ordenan, buscando en las empresas públicas una alternativa imposible al modelo constitucional de función pública, minando y socavando los valores de servicio público y de legalidad. La crisis que vivimos –y el deterioro interno de buena parte de las estructuras administrativas- no puede explicarse sin el irresponsable comportamiento seguido por el Gobierno de Aragón en materia de administración y función pública.

La atención a los ciudadanos debe garantizarse por los responsables de la organización, mediante una adecuada ordenación de los servicios. La dotación de medios personales y materiales para el funcionamiento de los diferentes servicios públicos es una función primordial del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón: las Comunidades Autónomas se han constituido, fundamentalmente, para asumir y ejercer unas competencias que anteriormente desempeñaba la Administración General del Estado. Pese a ello, pareciera que el buen funcionamiento de los servicios públicos y la correcta ordenación de la función pública autonómica son cuestiones que poco preocupan a los miembros del Gobierno de Aragón y a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. ¿Acaso creen que sirve de algo legislar si no se garantiza la existencia de una buena Administración encargada de asegurar la correcta ejecución de las leyes que se aprueban?

No sólo la Administración Pública no ha merecido durante mucho tiempo la atención suficiente por parte de los responsables políticos de la Comunidad Autónoma, sino que, incluso, la política en materia de personal del Gobierno de Aragón no ha hecho, en estos últimos años, más que erosionar los valores y principios que debierann presidir el ejercicio de la función pública. La arbitrariedad, el desprecio a la legalidad, el abuso de poder, la desactivación de controles internos, el favoritismo, el sectarismo, el clientelismo, el desplazamiento de la profesionalidad por la lealtad política o personal, o la utilización de los puestos para fines espureos de los dirigentes políticos han deteriorado enormemente el clima laboral de la administración autonómica.

La acción sindical, por su parte, no ha hecho sino incrementar la relajación en el compromiso con la legalidad y, por extensión, en la dedicación profesional al servicio público como valor central de la función pública. No se ha fomentado la profesionalidad ni se han ligado las mejoras retributivas o de condiciones laborales a los mejores resultados. Tampoco se ha respetado la ley en los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva. No se ha exigido el respeto a las normas, sino que se ha propiciado su sistemática vulneración, aun a riesgo de desvirtuar y deslegitimar la propia función pública.

Se ha quebrado, entre unos y otros, el valor intrínseco del servicio público, que no es otro que el respeto a la ley. ¿Cómo puede sobrevivir una Administración, cuya misión esencial y razón de ser es la aplicación de las leyes, para garantía de los derechos de los ciudadanos, en un contexto en el que los directivos de la organización y sus representantes sindicales no dejan de menospreciar día tras día el valor de las leyes?

El Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y su equipo de directores generales, han sido incapaces, hasta ahora, de lanzar un mensaje claro al conjunto de los servidores públicos de la Comunidad Autónoma sobre el conjunto de medidas a aplicar para lograr una Administración democrática, profesional y eficiente. Sus decisiones, por el contrario, son inequívocas en cuanto al constante alejamiento de tal propuesta, con una grave y reiterada dejación de sus responsabilidades –claúsula de revisión salarial, anticipo de carrera profesional o promoción interna temporal, entre otras muchas medidas adoptadas, no son sino manifiestas vulneraciones de la legalidad- y constituyen un permanente contramodelo de administración pública. ¿Se puede esperar honradez en el conjunto de la función pública cuando existe una falta total de ejemplaridad en el Gobierno?

Es curioso –por no decir, irritante- que desde un Gobierno que se ha negado a incorporar a su acción política criterios de transparencia, buen gobierno y control de conflictos de intereses, como los fijados por el Gobierno de España en 2005 y 2006, se reclame a los funcionarios un comportamiento visible de honradez. Ese mismo Gobierno, que al vulnerar la legislación presupuestaria, les obliga a percibir retribuciones indebidas e ilegales, lesivas para el interés público. ¿De qué autoridad disfruta el Consejero Velasco para hablar de honradez? A nuestro juicio, de ninguna. ¿Puede reclamar honradez a alguien quien da ejemplo de todo lo contrario?

Digámoslo claro: será muy difícil que se puedan erradicar los abusos e incumplimientos –que, evidentemente, los hay- en la Administración Pública, mientras buena parte de los que los cometen –entre ellos, y en primer lugar, los asesores de los Gabinetes de los Consejeros, que no acuden al trabajo- lo hagan por decisión o consentimiento expreso del Gobierno de Aragón. Sólo un Gobierno ejemplar puede promover y asegurar una Administración Pública íntegra, sin incurrir en un mero ejercicio de hipocresía ante los ciudadanos.