TERCER REQUERIMIENTO DEL JUSTICIA DE ARAGÓN AL ALCALDE DE TERUEL: NO CONTESTÓ A LA ASOCIACIÓN Y NO INFORMA AL JUSTICIA.

Por tercera vez, el Justicia de Aragón ha solicitado al Alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, información respecto a la cuestión planteada en la queja de esta Asociación, al no recibir respuesta del responsable del Ayuntamiento de Teruel a la petición de aprobación de un Código de Buen Gobierno para dicha Corporación Local.

Así lo comunicaba, el pasado 18 de noviembre, el titular de la Institución del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, al Presidente de esta Asociación: “Tal y como le indiqué en mi anterior escrito, en su día dirigí escrito al Ayuntamiento de Teruel solicitando me remitiera un informe sobre la cuestión planteada en la queja. Se reiteró con fecha 14 de octubre de 2009 pero el mismo no se ha recibido hasta el momento. Por ello, con esta misma fecha dirijo nuevo escrito al citado organismo con el fin de que el citado informe me sea remitido”.

Es sintomático del estado de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, el hecho de que ciertos responsables políticos se permitan no respetar el ejercicio del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación –no dando respuesta a sus peticiones, con clara vulneración del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición-, y que dicha falta de respuesta se produzca, precisamente, ante una petición de aprobación de un Código de Buen Gobierno otorga una especial significación a dicho incumplimiento.

Si la ética pública de una sociedad se plasma fundamentalmente en los valores y derechos fundamentales que establece la Constitución, la vulneración de éstos es el más claro indicio de la falta de sentido ético y de responsabilidad democrática de un responsable político. No puede llevar a otra conclusión la dejadez con la que en este tema actúa el Alcalde de la ciudad de Teruel, primero vulnerando el derecho fundamental de petición de esta Asociación, y después omitiendo toda información al Justicia de Aragón, en su labor de garante de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses.

No es descartable que, ante la falta de respuesta por parte del Alcalde de Teruel, el Justicia de Aragón se vea forzado a archivar la queja, y a reflejar en su Informe Anual la falta de colaboración por parte del Ayuntamiento de Teruel. Tal medida es probable que no constituya ninguna preocupación para dicha Corporación: año tras año, diferentes responsables institucionales –Consejeros y Alcaldes- figuran en el Informe del Justicia de Aragón, por la falta de respuesta a sus requerimientos, y ello no tiene ningún efecto. Ni siquiera es noticia.

Cuando las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales en un Estado de Derecho como el español quedan tan debilitadas, al no conllevar su vulneración ningún tipo de consecuencias, debemos reaccionar muy seriamente: y la reacción ha de ser desde la defensa de la legalidad, para asegurar el sometimiento de los responsables políticos a la ley. Parece claro que aquel político que no tenga claras las condiciones que exige el gobernar en democracia ha de abandonar la actividad pública: el Estado de Derecho ha de asegurar su respeto tanto por los ciudadanos como por los poderes públicos, y a ello hemos de contribuir todos de forma responsable.