QUEJA FRENTE A LA ACTUACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO: LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL SENADO ARCHIVA POR SEGUNDA VEZ.

Esta Asociación se ha dirigido, por dos veces, al Congreso de los Diputados y al Senado, al amparo del derecho de petición a las Cámaras, reconocido en el artículo 77 de la Constitución, para pedir su intervención frente a la actitud adoptada por el Defensor del Pueblo respecto a las quejas formuladas ante dicha Institución por vulneración del derecho fundamental de petición por parte de los Alcaldes de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel y de los presidentes de las Diputaciones provinciales aragonesas, al no dar respuesta a la solicitud de aprobación de un Código de Buen Gobierno en sus respectivas Corporaciones.

Esta Asociación se vio en la necesidad de dirigirse a las Cortes Generales por considerar que el Defensor del Pueblo no estaba dando el amparo debido al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación, ante las manifiestas vulneraciones por parte de las autoridades públicas a las que se habían dirigido escritos de petición. Entendíamos que las Cortes Generales darían al menos traslado de nuestro escrito al titular de la Institución, para su conocimiento y posibles efectos, recordándole la misión constitucional que le corresponde ejercer. No ha sido así.

Por dos veces, la Comisión de Peticiones del Senado se ha limitado a archivar la petición formulada, sin adoptar iniciativa alguna ni dar explicación o motivación a la decisión de archivo adoptada. Consideramos que, con ello, tampoco el Senado ha estado a la altura de las circunstancias, pues una resolución de archivo debidamente motivada cabría entenderla como una respuesta adecuada a la petición. Una simple comunicación de archivo, sin consideración alguna que la fundamente, no cabe considerarla más que una incomprensible inhibición ante la desprotección de un derecho fundamental por la actitud del Defensor del Pueblo. Seguimos esperando la posible respuesta de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados.

Creemos en el sistema institucional diseñado por la Constitución, aunque las instituciones, o quienes en cada momento las dirigen, yerren, a nuestro juicio, en sus decisiones. Esta confianza en el papel que corresponde jugar a las instituciones es la que lleva a esta Asociación a apelar a las mismas de forma reiterada, para reclamarles el aseguramiento de los derechos fundamentales y del principio de legalidad. No desistiremos del empeño, a pesar de los sucesivos archivos que puedan acordarse por unos y otros. El comportamiento de los titulares de las instituciones no nos va a hacer caer en el escepticismo ni, mucho menos, en el desdén hacia las instituciones. Todo lo contrario, cuanto menos respondan o se ajusten a su papel constitucional, más les recordaremos y exigiremos el ejercicio de su misión.

Quien no ha desatendido su función en la protección del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación ha sido el Justicia de Aragón. Su respuesta sirve, precisamente, de contraste a la incomprensible postura adoptada por la Oficina del Defensor del Pueblo. Gracias a la intervención del Justicia de Aragón, se ha logrado que corrijan su inicial silencio los Alcaldes de Zaragoza y Huesca y el Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Veremos el resultado final con los restantes responsables institucionales, quienes no sólo no respondieron a la petición de esta Asociación, sino que tampoco están atendiendo las peticiones de información realizadas por parte del Justicia de Aragón. Su actitud no nos dejará indiferentes, en ningún caso.

Esta Asociación está empeñada en lograr que todas las instituciones públicas asuman un papel activo en el control de las arbitrariedades del poder político, para devolver al Estado de Derecho el vigor necesario que le permita reaccionar frente a los abusos de poder e ilegalidades de quienes ejercen cargos públicos. Pese a las decepciones que podamos acumular -y algunas decisiones del Defensor del Pueblo se cuentan entre las más evidentes-, no vamos a desistir en este empeño. Nos jugamos lo más importante con que cuenta un ciudadano: la confianza de vivir bajo el gobierno de las leyes.