LOS SINDICATOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HAN DE COMPROMETERSE CON LA LEGALIDAD RETRIBUTIVA.

Los principales sindicatos de la función pública aragonesa (UGT, CCOO, CSI-CSIF y CEMSATSE) convocaban para hoy una protesta, ante el Edificio Pignatelli, contra la suspensión del anticipo de la carrera profesional prevista en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2010.

En el comunicado conjunto hecho público ayer sobre las razones de la protesta se acusa al Gobierno de Aragón de incumplir los acuerdos sobre desarrollo de carreras profesionales y de aplicar medidas retrógradas y antisociales, como la reducción de los salarios de los empleados públicos, cargando así las consecuencias de la crisis a la espalda de los trabajadores de la Administración Pública. Frente a ello, las organizaciones sindicales afirman que van a llamar a los empleados públicos a la movilización para exigir al Gobierno que rectifique y elimine del Proyecto de Ley de Presupuestos la suspensión prevista de los acuerdos sobre carrera profesional.

Esta Asociación se ve en la necesidad de reiterar una vez más su preocupación por la deriva que sufre la Administración de la Comunidad Autónoma en materia retributiva, acumulando medidas salariales - todas ellas pactadas entre Gobierno y Sindicatos- contrarias a la legalidad en materia de función pública y gasto público.

Dicha dinámica, alimentada por una estrategia sindical que menosprecia constantemente la legalidad y el control del gasto público y por una actitud irresponsable por parte de los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo, que han olvidado su primer deber como gestores públicos –el respeto del ordenamiento jurídico y del interés general- ha llevado a que las últimas mejoras salariales aplicadas en la Administración autonómica aragonesa –cláusula de revisión salarial y anticipo de carrera profesional- constituyan una ilegalidad presupuestaria, lesiva para los ciudadanos y para el interés de la Comunidad Autónoma.

Las medidas reclamadas por los sindicatos en su protesta de hoy son un fraude de la legalidad de función pública, al exigir el pago de una carrera que carece de regulación, cuyo anticipo no es más que un pretexto para incrementar las retribuciones de los empleados públicos de forma injustificada y sin contraprestación alguna. Pero, sobre todo, son un fraude de la legalidad presupuestaria, pues dichos incrementos retributivos jamás han sido autorizados por las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma ni se ajustan a los límites de incremento anual de las retribuciones fijados por las leyes de presupuestos generales del Estado.

Los sindicatos reclaman ahora el cumplimiento de unos acuerdos que carecen de base legal y pretenden movilizar a los empleados públicos para demandar el mantenimiento de unas retribuciones vinculadas a una carrera inexistente. No les vamos a secundar de ningún modo, pues la situación actual es resultado directo de su actuación pasada. El discurso sindical en materia retributiva no puede resultar más carente de responsabilidad social en el contexto económico y social actual, por lo que es el momento de la autocrítica para rectificar. La rectificación debe llevar a asumir, como premisa de cualquier acción y estrategia, que el compromiso de los servidores públicos con la legalidad ha de comenzar por el régimen de retribuciones.

Esta Asociación se va a dirigir a todos los sindicatos de la función pública aragonesa para reclamarles un compromiso expreso con la legalidad y la calidad de los servicios públicos, mediante la renuncia a la estrategia de obtención de mejoras salariales ilegales.

De persistir en esta actitud sólo puede derivarse el desprestigio de los propios sindicatos y la deslegitimación del conjunto de los funcionarios públicos.