Zaragoza, 4 de diciembre de 2009.
Con los votos de PSOE y PAR, este pasado lunes fue rechazada una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se instaba al Gobierno de Aragón la elaboración de un boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Esta Asociación ha formulado en reiteradas ocasiones al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, propuestas sobre la necesidad de elaborar un boletín estadístico que refleje las magnitudes de la función pública aragonesa y su estado, cuyo conocimiento, a nuestro juicio, resulta no sólo de interés general, por la trascendencia que tiene para Aragón la realidad y evolución de sus Administración Públicas, sino un derecho de todo ciudadano y un elemento de transparencia de la gestión pública. En ninguna de las ocasiones, y a pesar de formularse la propuesta al amparo del derecho fundamental de petición, el Consejero Velasco ha dado respuesta motivada a esta Asociación, vulnerando con ello, una vez más, el artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición.
Igual propuesta se remitió a los Grupos Parlamentarios, por si consideraban oportuno el promover alguna iniciativa a favor de dicha medida. Nos satisface que el Grupo Parlamentario Popular considerase de interés la propuesta realizada y la transformase en una Proposición no de Ley, para su tramitación en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.
Resulta decepcionante, sin embargo, que algunos Grupos no acaben de ver la necesidad de que las instituciones procuren dotarse de la máxima transparencia en su gestión, posibilitando el escrutinio ciudadano sobre la gestión pública –incluida la gestión de los recursos humanos de la Administración Pública- y ejerciendo una permanente rendición de cuentas de las políticas públicas realizadas.
La función pública aragonesa afecta a la realización de un gran número de derechos de los ciudadanos aragoneses –entre ellos, el derecho de acceso en condiciones de igualdad o el derecho a una buena administración- y es una pieza esencial de la definición del Estado de Derecho que realiza nuestra Constitución.
Sin embargo, no parece que los miembros de determinados Grupos Parlamentarios otorguen a dichos principios el valor que les corresponde en la construcción de unas instituciones plenamente coherentes con los valores constitucionales y los principios democráticos, con el buen gobierno y la buena administración. La decisión de rechazar la proposición no de ley planteada para dar publicidad a la situación de la función pública –con argumentos tan endebles como los expresados, incluida la sesgada referencia a esta asociación- no avanza en la buena dirección y es un signo más de la baja calidad democrática en la que parecen instalarse, cada día más, nuestras insticiones políticas.
Es penosa la actitud del PSOE en todos estos temas, totalmente incoherente con su ideario, salvo que hayan renegado definitivamente de ser el partido de los ciudadanos y de la libertades.
ResponderEliminar¿A qué viene tanta cerrazón y tanto autoritarismo?
La transparencia es uno de los más eficaces antídotos frente a la corrupción. La opacidad, por el contrario, es uno de los componentes esenciales de su hábitat, imprescindible para que exista corrupción.
ResponderEliminarPor eso, cuando alguien se esfuerza denodadamente en impedir la transparencia y extender un manto de oscuridad sobre sus actuaciones, incluso sobre aquellas de las que debería dar cumplida información a los ciudadanos, yo me siento legitimado para sospechar y exponer explícitamente mis sospechas: estoy firmemente convencido de que si el Gobierno no quiere hacer públicos los datos sobre la función pública aragonesa es porque esos datos son vergonzosos e impresentables, como consecuencia, posiblemente, de una corrupción generalizada.