CONTRA LA CORRUPCIÓN: INICIO DE CAMPAÑA A FAVOR DE LA ÉTICA PÚBLICA.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa celebrará un acto público mañana miércoles, a partir de las siete y media de la tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas para concienciar a la opinión mundial sobre las graves amenazas que la corrupción implica para la convivencia democrática, el desarrollo económico y los derechos de los ciudadanos. En dicho acto se dará a conocer el inicio de una intensa campaña para impulsar propuestas de reforzamiento de la ética pública en el conjunto de las instituciones políticas y de las administraciones españolas y aragonesas.

El fenómeno de la corrupción pública no ha sido abordado con el rigor que se precisa, llegándose incluso a intentar eludir el debate sobre las medidas necesarias a adoptar para su prevención y sanción, como ha ocurrido en la Comunidad Autónoma. Si el fenómeno de la corrupción es una de las amenazas más serias que acechan a la convivencia democrática, más preocupante resulta todavía, a nuestro juicio, la inacción de los responsables políticos frente al mismo, creyendo que sólo compete a jueces y fiscales su investigación y castigo. Dejar actuar a la Justicia, como se ha reiterado tantas veces a propósito del caso La Muela, no es combatir la corrupción. Combatir la corrupción es tomar aquellas medidas que hagan innecesaria la actuación de la Justicia. La corrupción debe prevenirse de forma eficaz y decidida, y el papel de jueces y fiscales ha de quedar limitado a aquellos casos en que los mecanismos de prevención fallen o resulten burlados. Reforzar y poner a punto los mecanismos de prevención es tomarse en serio la corrupción: esa es la idea central de la campaña que pretende impulsarse desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

Esta Asociación, cuyo primer mensaje fue el de la necesidad de un "giro ético" en las Administraciones Públicas, no ha modificado su posición a lo largo de sus casi tres años de actividad. La pasividad de los responsables políticos que entonces se denunciaba frente a la crisis de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en la Administración aragonesa sigue siendo exactamente la misma e incluso peor, al haberse rechazado por el Gobierno de Aragón diferentes propuestas en favor de la ética y la transparencia: a la pasividad se ha añadido la resistencia a modificar el actual estado de cosas. No se evidencia una voluntad política de transparencia, rendición de cuentas y exigencia ética, sino justamente la ausencia de tal voluntad.

La corrupción encuentra condiciones propicias para alojarse en las instituciones públicas si no existe un compromiso claro de los responsables políticos con los principios del Estado de Derecho y un papel claramente definido de los servidores públicos para actuar frente a cualquier indicio de desviación de los principios de conducta pública.

Devolver a las Administraciones Públicas su decidido compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho y otorgar a los funcionarios públicos un claro papel como agentes privilegiados de prevención de la corrupción -para asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos y a la igualdad de todos ante la ley- es el objetivo básico que persigue la campaña a realizar por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

La campaña, en su etapa inicial, se centrará en diferentes escritos de petición dirigidos al Congreso de los Diputados y propuestas remitidas al conjunto de las fuerzas políticas de toda España, así como a los Presidentes de Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Posteriormente, la campaña se dirigirá al conjunto de organizaciones del ámbito de la función pública y de la sociedad civil. No se descarta la posibilidad de plasmar, finalmente, las propuestas de cambio normativo para reforzar la ética pública en una iniciativa legislativa popular, tanto nacional como autonómica.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa espera, a lo largo de esta campaña que pretende impulsar pero no protagonizar, sumar el número de voluntades suficientes para hacer ineludible la toma de decisiones y la incorporación al ordenamiento jurídico español de técnicas exitosas de prevención de la corrupción implantadas en otros países, cuyos niveles de integridad pública resultan modélicos.