CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO: EL JUSTICIA DE ARAGÓN REITERA SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS PRESIDENTES DE LAS DIPUTACIONES DE HUESCA Y TERUEL.

El Justicia de Aragón ha reiterado a los Presidentes de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, y de la Diputación Provincial de Teruel, Antonio Arrufat, requerimiento de información sobre presunta vulneración del derecho fundamental de petición ejercido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, ya que ninguno de ellos ha dado la obligada respuesta a la solicitud realizada por esta Asociación, en noviembre de 2008, sobre aprobación de un Código de Buen Gobierno para su Corporación Provincial.

Como afirmábamos recientemente, en relación con igual incumplimiento por parte del Alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, constituye un claro síntoma del estado de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, el hecho de que ciertos responsables políticos se permitan no respetar el ejercicio del derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación –no dando respuesta a sus peticiones, con clara vulneración del artículo 29 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición-, y que dicha falta de respuesta se produzca, precisamente, ante una petición de aprobación de un Código de Buen Gobierno otorga una especial significación a dicho incumplimiento.

Igual gravedad reviste el hecho de que no se atiendan los requerimientos de información efectuados por el Justicia de Aragón, cuando se acude a dicha Institución para que ampare los derechos fundamentales vulnerados, de acuerdo con la misión que le asigna el Estatuto de Autonomía de Aragón, obligándole a reiterar sucesivamente sus requerimientos y, en ocasiones, a archivar sus actuaciones por falta de colaboración.

El comportamiento de los responsables institucionales de la Diputación Provincial de Huesca y de la Diputación Provincial de Teruel compromete negativamente la imagen de las instituciones que presiden, pues lo que todo ciudadano espera, cuando se dirige a una institución, es que la misma se ajuste en su actuación a las normas del Estado de Derecho y que sea respetuosa con los derechos fundamentales ejercidos. De poco servirían las celebraciones oficiales en el aniversario de la Constitución, si luego los mismos que la celebran desconocen e ignoran sus mandatos, en algo tan esencial como es el respeto de los derechos fundamentales. Aún resulta más incomprensible que, cuando alguien se ve en la necesidad de acudir a los mecanismos de protección de su derecho vulnerado, entre los cuales figura destacadamente el Justicia de Aragón, la intervención de esta Institución tampoco sea atendida como lo exigen las leyes.

La vigencia o efectividad de las normas del Estado de Derecho no puede quedar a merced de la voluntad de los responsables institucionales. Aceptar algo así sería como reconocer la falta de valor jurídico de la Constitución y, por lo tanto, el no sometimiento de los poderes públicos a sus contenidos. Cuando se vulnera un derecho fundamental de unos ciudadanos, y se hace con la despreocupación de la que parecen hacer gala algunos responsables institucionales, se está socavando la calidad de nuestra democracia y minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, algo que debiera cuidarse de manera primordial.

El valor de la ley ha de ser apreciado por todos, pues su respeto es el fundamento de la convivencia democrática, y esta Asociación no dejará de reaccionar frente a quienes, en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales, olvidan que no sólo los ciudadanos están sometidos a la ley, sino también y en primer lugar los poderes públicos, pues su única legitimación la reciben de los ciudadanos, siendo la garantía de sus derechos la principal razón de ser de todas las instituciones públicas. ¿Acaso se ha olvidado algo tan básico?