EL CONSEJERO VELASCO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA : LA INSOPORTABLE INCOHERENCIA DE UN DISCURSO.

La prensa recoge hoy las manifestaciones realizadas por el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, en la apertura de unas Jornadas de Participación Ciudadana, celebradas en Zaragoza, en las que afirma: “Necesitamos que la vida pública cuente con una participación activa de la sociedad civil”. La apuesta del Gobierno de Aragón por la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas se ha querido simbolizar, desde el Pignatelli, en la creación de una Dirección General de Participación Ciudadana y en la realización de una serie de procesos de participación en relación con determinadas leyes o planes de especial interés social.

Esta Asociación incluye entre sus principios estatutarios el de “participación ciudadana”, por lo que no podemos discrepar del discurso del Consejero Velasco sobre la necesidad de apertura de los procesos de decisión política a la voz de los ciudadanos. Pero los discursos se tienen que fundamentar en prácticas y en actitudes coherentes, y ahí sí que disentimos totalmente con el Consejero de Presidencia, cuya conducta política desmiente radicalmente sus palabras, privándole de toda credibilidad.

Nada dice, por ejemplo, del rechazo del Gobierno de Aragón a la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón para regular el ejercicio, ante los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma , del derecho fundamental de petición, modalidad de participación de los ciudadanos establecida en la Constitución. Sostuvo el Gobierno de Aragón, al decidir su rechazo, la innecesariedad de tal desarrollo normativo, dada la detallada regulación contenida en la Ley Orgánica 4/2001, del Derecho de Petición.

Dicha regulación, sin embargo y a pesar de su gran detalle, no ha evitado que el Consejero Velasco y el resto de los miembros del Gobierno de Aragón –y especialmente su Presidente, Marcelino Iglesias- vulneren de forma reiterada y sistemática el ejercicio del derecho de petición realizado por esta Asociación, al no dar respuesta a las peticiones formuladas al amparo del mismo, como exige la Ley Orgánica.

Por lo tanto, ¿de qué participación habla el Consejero Velasco en su discurso? ¿De la que constituye un derecho constitucional de los ciudadanos, o de la que se articula discrecionalmente, cuando y como se desea por el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana?

El Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, no tuvo inconveniente alguno en decirle a esta Asociación que sus escritos de petición no se contestarían –da igual, por lo visto, lo que diga la Constitución- y que esta Asociación no iba a marcar la agenda del Gobierno. Por lo visto, marcar la agenda del Gobierno era proponer la aprobación de un Código de Buen Gobierno, algo que se está promoviendo en buena parte de las instituciones públicas españolas, y que ya hizo el Gobierno de España en el año 2005.

Ni la ética ni el buen gobierno están en la agenda del Gobierno de Marcelino Iglesias, se nos vino a decir de forma indirecta, algo que le consta perfectamente a esta Asociación. La participación sirve para reforzar la legitimidad de las decisiones públicas, pero la legitimidad básica que se demanda a los responsables públicos es su plena sujeción al ordenamiento jurídico, a las reglas del juego, y muy en especial a la Constitución.

El Gobierno de Aragón, y en particular su Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y su Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, parecen empeñarse en desconocer el dato más básico de la legitimidad de un Gobierno: el actuar conforme a la ley y al derecho, y muy en especial el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un Gobierno, como el de Iglesias, que de forma inadmisible e incomprensible, ha decidido desconocer el derecho fundamental de petición ejercido por unos ciudadanos –haciéndoles saber incluso que no se les va a respetar- es un Gobierno que se coloca, por decisión propia, al margen de la Constitución y de la Ley , perdiendo con ello toda legitimidad como poder público. Y lo peor del asunto es que lo hacen en el convencimiento de que ello no tendrá consecuencias.