DIMISIÓN COMO EJERCICIO DE LIBERTAD Y DE RESPONSABILIDAD.

Toda dimisión de un responsable público, por lo inusual, resulta llamativa y se destaca por los medios de comunicación, como ha ocurrido con la ahora protagonizada por el Gerente del Servicio Aragonés de Salud, Juan Carlos Bastarós. Las dimisiones no gustan a los responsables del Gobierno. No sólo son un signo de crisis interna y de falta de entendimiento dentro de los equipos de dirección de un Departamento, sino que, además, suponen un ejercicio molesto de libertad personal y de coherencia, cuando la dimisión se fundamenta en la discrepancia con la política seguida o con los modos de dirección aplicados.

No es difícil dimitir cuando alguien se ve obligado a aplicar criterios de gestión con los que discrepa o que considera erróneos. Un responsable público debe, al menos, creer en lo que hace y tener el convencimiento de que su gestión es honesta, válida y responsable con las necesidades sociales que atiende desde su cargo o función pública. Por ello, hay que saludar aquellas dimisiones que recuerdan a los máximos responsables del Gobierno que ni todo vale ni se está dispuesto a pasar por todo con tal de mantenerse en el cargo.

Los cargos públicos y las responsabilidades administrativas deben ejercerse en unas condiciones de objetividad, legalidad y eficacia. Sin embargo, las condiciones de desempeño impuestas por los miembros del Gobierno no siempre respetan tales condiciones, convirtiendo con ello a los responsables públicos –sean altos cargos o altos funcionarios- en mero instrumento ejecutor de decisiones políticas, con las que en ocasiones uno discrepa radicalmente.

En tales casos, conviene discriminar cuál es el ámbito legítimo de decisión política –la elección de la opción que corresponde realizar a quien gobierna, dentro del respeto a la legalidad- y cuáles son las reglas de actuación administrativa a las que uno ha de ajustarse en todo caso, y que no pueden ser vulneradas o excepcionadas por decisión política alguna. El funcionario está para ejecutar decisiones políticas legítimas –legitimidad que sólo se puede dar desde el respeto a la legalidad- y no para cooperar a que prosperen y desplieguen su efecto decisiones contrarias a la ley o lesivas para los derechos de los ciudadanos.

¿Qué opción queda a un funcionario frente a decisiones manifiestamente ilegales de los responsables políticos, cuando corresponde a él su ejecución? Podrían barajarse diferentes alternativas, pero una de ellas, no por radical la más sencilla, es la de dimitir de su responsabilidad –por desacuerdo o rechazo con la forma de gobernar o actuar- y pedir su cese, su sustitución, su relevo. Negarse a ser cooperador necesario de la ejecución de tal decisión y actuar como persona responsable, sin ampararse en una falsa profesionalidad o en un mal entendido deber de obediencia. La primera obediencia de un funcionario es a la ley, y a sus superiores siempre que no impartan órdenes ilegales. Si la dimisión ante órdenes ilegales o modos de dirección inaceptables fuese la pauta de conducta, las dimisiones de los responsables administrativos –altos cargos o altos funcionarios, de nombramiento directo o de libre designación- serían una clara alarma de la situación existente en una Administración Pública.

Sin embargo, la insatisfacción y el malestar manifestados por muchos funcionarios con el estado de cosas que viven en sus respectivos puestos de trabajo –la innegable crisis de legalidad, objetividad y eficacia que aprecian en su entorno- en la práctica totalidad de los casos se queda simplemente en eso, en crítica privada, hecha con sordina. La falta de rechazo a la degradación de la acción pública que supone, en tales casos, no dimitir y cooperar, suele ser la antesala para acomodarse a la situación, utilizando mil excusas para ello, como que la situación no tiene remedio, que no conduce a nada hacer el quijote y que, si uno se va, otro vendrá que empeorará aún más las cosas. Todo gesto de responsabilidad y coherencia se considera inútil, sin valor alguno para cambiar las cosas, y con el dimisionario como único perjudicado en última instancia, pues sacrifica su carrera administrativa por unos valores que es posible –piensa- que sólo él aprecie y se tome en serio.

Frente al enorme número de altos cargos y altos funcionarios que han dimitido de todo sentido de la responsabilidad pública, ética y cívica –que han perdido la noción de servicio público que justifica su labor, y cuya única aspiración es evitar problemas y contratiempos en su carrera profesional, para así mantener o mejorar su nivel retributivo- es de alabar la decisión de algunos altos cargos, como el Gerente del Servicio Aragonés de Salud, que nos recuerdan a todos la posibilidad de dimitir de un cargo, como ejercicio de libertad personal, coherencia y responsabilidad. Si la dimisión se asumiese por otros responsables públicos –con tantos o más motivos para ejercerla que el Gerente del Servicio Aragonés de Salud-, como reivindicación de los valores que han de presidir el ejercicio de todo cargo o función pública, tal vez resultase más fácil corregir el rumbo equivocado que siguen nuestras instituciones y administraciones públicas.