CARTA AL SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS EN ARAGÓN: ¿QUÉ INTERÉS JUSTIFICA EL RECURSO DE CASACIÓN DE DICHO SINDICATO?

Zaragoza, 4 de noviembre de 2009.

El Presidente de la Asociación, Julio Guiral, se dirigió recientemente, por escrito, al Secretario General de Comisiones Obreras en Aragón, Julián Buey, para hacerle conocedor de las iniciativas adoptadas por la Federación de Servicios de Administración Pública de Comisiones Obreras en Aragón (FSAP-CCOO Aragón) en contra del derecho a la tutela judicial efectiva por parte de esta Asociación, al haber promovido recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con la única finalidad de que el Alto Tribunal niegue a esta Asociación la capacidad procesal que le ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para impugnar la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón para el año 2007.

Es deseable que los responsables máximos de un sindicato conozcan las iniciativas de sus diferentes Federaciones y la repercusión que las mismas tienen en la imagen del sindicato. Puede ser que, desde un punto de vista doctrinal y jurídico, no carezca de interés un debate sobre el alcance de la legitimación de una Asociación de funcionarios para impugnar una Oferta de Empleo Público, pero resulta muy distinto el debate cuando un Sindicato, como Comisiones Obreras, esgrime dicha cuestión para tratar de anular o silenciar jurídicamente cualquier posible iniciativa de esta Asociación frente a decisiones irregulares del Gobierno de Aragón en materia de función pública, cuenten o no con el beneplácito sindical.

Los sindicatos no pueden promover una estrategia jurídica para anular la capacidad de denuncia legal de la sociedad civil, sin que ello se interprete como una voluntad de reducir el control y las garantías del Estado de Derecho. Lo debemos repetir una vez más: las ilegalidades, aunque sean resultado de una negociación colectiva, no dejan de ser ilegalidades. Es grave que los sindicatos avalen “conscientemente” medidas contrarias a la ley, como fue, por ejemplo, la “cláusula de revisión salarial” pactada en 2004, pero no es menos grave que traten de impedir la defensa de la legalidad por parte de trabajadores o profesionales de la función pública, como son los miembros de esta Asociación. Es muy preocupante que existan organizaciones que reclamen el monopolio de la legitimación procesal, para así hacer del posible recurso un argumento más en el proceso negociador.

Creemos que la estrategia de Comisiones Obreras está llamada al fracaso, sea cual sea el resultado del recurso de casación planteado. Si pierde el recurso, será un fracaso jurídico, y si lo gana, un fracaso moral. Para evitarlo, el responsable máximo del Sindicato en Aragón está a tiempo para desistir de los recursos de casación promovidos, y restaurar con ello el respeto debido a la sociedad civil y a la legalidad, para cuya defensa toda iniciativa debería ser bienvenida.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro de la carta remitida al Secretario General de Comisiones Obreras en Aragón:

“Zaragoza, 23 de octubre de 2008.

Estimado señor:

La presente carta se la dirijo, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, dedicada a la defensa de los valores constitucionales en el ámbito de la función pública, frente a la arbitrariedad del poder público.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa fui constituida en febrero de 2007 por un conjunto de funcionarios de la Administración autonómica aragonesa, para promover y defender los valores propios de la función pública, y en especial los de legalidad, profesionalidad y ética pública, promoviendo medidas para su desarrollo o reaccionando frente a decisiones o actuaciones de los responsables públicos que puedan menoscabarlos. No entra entre nuestros fines la defensa de los intereses o condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, lo que nos diferencia nítidamente del papel que corresponde a los sindicatos dentro de la propia Administración Pública.

Mediante esta carta deseamos manifestarle nuestro malestar con la actitud de Federación de Servicios de Administración Pública de Comisiones Obreras en Aragón (FSAP-CCOO Aragón), al ejercer acciones judiciales con la única finalidad de negar a esta Asociación la legitimación activa para acceder a los Tribunales en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la función pública.

Esta Asociación promovió un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del Gobierno de Aragón que aprobó la Oferta de Empleo Público de 2007, al no incluir el conjunto de plazas legalmente exigido, restringiendo con ello de forma antijurídica el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, además de comprometer el eficaz funcionamiento de la Administración Pública. Pues bien, la FSAP-CCOO Aragón no sólo hizo causa común con el Gobierno de Aragón, en la defensa de la citada Oferta de Empleo Público, sino que, además, concentró todos sus esfuerzos en lograr la inadmisión del recurso promovido, alegando la falta de interés legítimo de esta Asociación en la pretensión formulada.

Afortunadamente, el Ministerio Fiscal y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sostuvieron la postura contraria a ese sindicato y al Gobierno de Aragón, reconociendo la legitimación activa de esta Asociación, asegurando con ello la capacidad de la sociedad civil para controlar el ejercicio del poder. No satisfecha la FSAP-CCOO Aragón con tal decisión judicial, ha formulado recurso de casación ante el Tribunal Supremo para tratar que el Alto Tribunal revoque la legitimación reconocida.

No comprendemos que la FSAP-CCOO consuma energías y recursos, y los haga consumir a los demás, en tratar de silenciar a organizaciones de la sociedad civil que pretenden reaccionar frente a la arbitrariedad del poder político y a la negación del derecho constitucional de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, y no podemos dejar de manifestárselo de forma directa y personal. Consideramos que un hecho como el señalado es merecedor de una reflexión por parte de los órganos directivos de ese sindicato, pues es difícil reconocer una estrategia sindical plausible en actuaciones hostiles hacia la sociedad civil, y solidarias con la arbitrariedad del poder político.

Todo lo anterior ya le fue expuesto, en una carta de fecha 14 de julio de 2008, al anterior Secretario General de esa Confederación, pero nos vemos en la necesidad de reiterárselo, en su condición de máximo responsable de la organización sindical en Aragón, ante la nueva iniciativa judicial de FSAP-CCOO Aragón en contra del posible acceso de esta Asociación a los Tribunales para llevar a cabo la defensa de sus principios y fines estatutarios.

Agradeciéndole de antemano su atención, y quedando a su plena disposición para cualquier aclaración o ampliación sobre el caso expuesto en el presente escrito, aprovecho para hacerle llegar nuestro más atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”