PETICIÓN PARA QUE SE HAGA PÚBLICO EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido hoy, en ejercicio del derecho fundamental de petición, al Director General de la Función Pública, Antonio Brun, para solicitarle que se haga público el contenido del “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, elaborado por dicha Dirección General, posibilitanto con ello el acceso al documento por parte del conjunto de los empleados públicos de la Diputación General de Aragón y de los demás ciudadanos que puedan hallarse interesados en conocer tal documento.

Dicho documento, elaborado como resultado de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento autonómico, fue presentado el pasado día 28 de septiembre, ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, por el responsable de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Aragón.

Una vez trasladado dicho documento a la Comisión parlamentaria que reclamó su elaboración, el Departamento de Presidencia debería posibilitar – a través del portal del Gobierno de Aragón en internet- que dicho diagnóstico sobre la realidad de la función pública aragonesa sea de conocimiento público, habilitando, a su vez, mecanismos de participación para realizar posibles aportaciones a su contenido, toda vez que en su elaboración no se ha previsto o posibilitado la participación del conjunto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asimismo, debiera hacerse pública la metodología seguida para la elaboración del diagnóstico.

Esta Asociación considera que un análisis y diagnóstico de la función pública aragonesa –dada su relevancia, al afectar su funcionamiento a la calidad de los principales servicios públicos de los ciudadanos aragoneses- hubiese requerido un estudio riguroso, con una recogida de datos que permitiese observar de manera objetiva la realidad de la función pública y, a partir de los problemas e insuficiencias detectados, diseñar las medidas más idóneas para corregir sus insuficiencias. La carencia de dicha información básica previa dejaría reducido el llamado “diagnóstico” a un simple documento teórico sobre la regulación del empleo público, acompañado de un conjunto de valoraciones o apreciaciones subjetivas, carentes de un soporte objetivo real.

Se reproduce, a continuación, el contenido del escrito de petición remitido al Director General de la Función Pública:

“Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública
Departamento de Presidencia

Zaragoza, 8 de octubre de 2009.

Estimado señor:

Habiendo tenido noticia de la elaboración, por parte de esa Dirección General, de un “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, cuya presentación ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón ha tenido lugar recientemente, creemos que su contenido resulta de evidente interés para todos los servidores públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma e, incluso, para el conjunto de los ciudadanos aragoneses, por su posibe incidencia en la futura ordenación de los servicios públicos.

Consideramos, asimismo, que hubiera sido deseable que la elaboración de dicho documento hubiese propiciado la máxima participación del personal de la Administración autonómica, cuyas aportaciones hubieran servido de indudable referencia para analizar los diferentes aspectos de la función pública aragonesa y para conocer la percepción de quienes se hallan sujetos al régimen de función pública actualmente vigente, principales conocedores por ello de sus posibles problemas e insuficiencias.

Para asegurar el conocimiento público del contenido del referido Documento y hacer posible una fácil accesibilidad al mismo, desde esta Asociación le proponemos que se adopten las medidas oportunas para posibilitar consulta en el portal del Gobierno de Aragón, en la página correspondiente al Departamento de Presidencia, al igual que se ha hecho con el “Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón”.

Sería igualmente deseable habilitar un procedimiento para que tanto empleados públicos como ciudadanos puedan formular comentarios o efectuar aportaciones al mismo, lo que podría ampliar o enriquecer las análisis recogidos en dicho Documento.

La presente propuesta se formula al amparo del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, por lo que agradeceremos que se dé a este escrito el tratamiento que se establece en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Agradeciéndole su atención, reciba un atento saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”