POR COHERENCIA

Al igual que esta Asociación trata de ser coherente con los fines y principios que fijan sus Estatutos, consideramos que también los responsables de las instituciones habrían de actuar con respeto a las reglas que fijan las normas que rigen cada una de ellas. Es posible que no resulte suficiente ajustarse a las normas –a la letra de la ley-, aunque pueda parecer bastante, sino que deba actuarse en todo momento desde el convencimiento y la certeza de que las instituciones, todas ellas, están al servicio del ciudadano y del interés público, razón por la cual no se puede defraudar dicho fin sin poner en peligro la valiosa e imprescindible relación de confianza entre ciudadanos e instituciones. Después de defraudada, restaurarla es una labor difícil, que no está al alcance de todos.

Esta Asociación ha asistido con incredulidad a la falta de reacción por parte del Gobierno de Aragón y de las propias Cortes de Aragón ante las numerosas peticiones formuladas con motivo de la irregular situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón. Banalizar la ilegalidad puede ser una pretensión por parte de algunos gobernantes, pero ello no puede pretenderse en el seno de las Administraciones Públicas, pues las personas que han accedido a la condición de funcionario, y que desarrollan su actividad en la Administración, han adquirido un especial compromiso con el respeto del ordenamiento jurídico. Nada puede causar más desazón y contrariedad para una persona que ver los valores de su profesión conculcados a diario en su entorno de trabajo.

Eso se ha producido en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los puestos de asesor o personal de confianza de los Gabinetes. Hemos asistido a un espectáculo denigrante de uso ilícito de los puestos de trabajo por parte de los responsables políticos de la Administración autonómica, abuso que se producía de forma simultánea a la degradación de los principios de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas. Incumplimiento de la obligación de aprobación de Ofertas de Empleo Público o de los plazos de ejecución de las mismas y discrecionalidad absoluta en la designación de los tribunales de selección han debilitado enormente un derecho constitucional de los ciudadanos como es el de acceso a las funciones públicas. Para otros, ningún problema había para acceder a los sueldos públicos.

Todo ello puede entenderse que forma parte de una misma voluntad de relativizar el valor de la ley, supeditando la legalidad a la voluntad política y no al revés, como exige nuestro ordenamiento constitucional. Esa dinámica resulta, naturalmente, insostenible, por contravenir las propias reglas del sistema y violentar de forma frontal los valores que informan al conjunto de la función pública.

El debate y la acción política, necesarios en toda comunidad, la búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas colectivos debe producirse en el marco de los procedimientos y principios democráticos. Las soluciones democráticas han de sujetarse siempre al Derecho o transformarse en Derecho. No se puede gobernar ni al margen del Derecho ni contra el Derecho.

Algo tan obvio es que lo que está Asociación se ha visto en la necesidad de reiterar una y otra vez, y ante la contumacia del Gobierno en desatender nuestras peticiones –valore cada cual la actitud de no corregir los garrafales errores en cuanto a la situación de los Gabinetes- no ha quedado otra opción que solicitar la intervención del Ministerio Fiscal, en cuanto órgano al que la Constitución encomienda la misión de defender la legalidad. ¿Querrá el Estado de Derecho defenderse del abuso del poder político? No sabemos lo que resolverá la Fiscalía General del Estado. Al menos, a nosotros nos cabrá la satisfacción de no haber consentido, por más tiempo, el atropello al interés público y de no haber hecho la vista gorda a uno de los más descarados casos de corrupción política de nuestra Comunidad Autónoma.