LA ASOCIACIÓN, CITADA POR UNA RECIENTE OBRA JURÍDICA EN NOTA A PIE DE PÁGINA.

Dª. María Elósegui Itxaso, Profesora de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, acaba de publicar, en la editorial Iustel, su obra “Derechos humanos y pluralismo cultural”, galardonada con el Premio Luis Portero de Derechos Humanos 2008, otorgado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada.

Dicha obra analiza el modelo jurídico intercultural español y expone el papel que corresponde a la noción de orden público como categoría para defender los valores comunes exigibles a todos y como límite para excluir prácticas contrarias a los valores constitucionales.

El capítulo final de la obra se titula “Orden público y libertad cultural de los funcionarios de carrera de un Estado democrático de Derecho y una sociedad plural: el principio de igualdad en el acceso a la función pública”. En dicho capítulo se aborda la libertad de pensamiento de los funcionarios y el principio de igualdad y no discriminación en el acceso al funcionariado en el marco jurídico español.

Al referirse a los aspectos éticos del ejercicio profesional de los funcionarios, señala que las normas jurídicas exigen al funcionario algunos principios éticos concretos, imponiéndole un código ético –en clara alusión al Código de Conducta incorporado por el Estatuto Básico del Empleado Público-, pero al mismo tiempo, destaca la profesora Elósegui, los poderes públicos deben respetar el legítimo pluralismo y el ejercicio de las libertades constitucionales a sus propios funcionarios, no sólo en su esfera privada, sino también en el ejercicio de su cargo como funcionarios.

Tal afirmación aparece ilustrada, en nota a pie de páginca, del modo siguiente:

“Como ejemplo de buena práctica, en la línea de la ética profesional de los funcionarios que se defiende en este capítulo, véase la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada conforme a lo previsto en el art. 22 de la Constitución y al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Esta Asociación integra a cualquier funcionario y demás empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su situación administrativa, que voluntariamente lo soliciten y cumplan los requisitos fijados en sus Estatutos”. A continuación, en un segundo párrafo, añade: “En sus estatutos se recogen varias referencias a los temas éticos. Entre sus principios se encuentra el de la “Defensa y promoción en el seno de la Administración de una ética de la responsabilidad y de un compromiso de integridad en el recto ejercicio de la función pública y la obtención de los fines de la actividad pública. Promoción de estándares de comportamiento exigibles para el conjunto de los funcionarios y demás empleados públicos (art. 6.3)”.

No podemos dejar de celebrar que la creación de esta Asociación y los principios que inspiran su actividad reciban una valoración tan positiva por parte de nuestra doctrina jurídica – dentro de una obra que versa sobre los derechos humanos y que explora la relación de los mismos con el ejercicio de la función pública-, pues ello viene a confirmar la importancia que, a nuestro juicio, tiene el que los servidores públicos cobren conciencia del relevante papel que les corresponde en la realización de los derechos fundamentales que nuestro ordenamiento constitucional reconoce a los ciudadanos y en la garantía del buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Agradecemos, desde aquí, a la profesora Elósegui sus reflexiones y su amable valoración hacia esta Asociación.