DENUNCIADA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO LA SITUACIÓN DE LOS ASESORES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para denunciar la irregular situación de muchos de los puestos de asesor o personal de confianza del Gobierno de Aragón, solicitando del Ministerio Fiscal la apertura de las diligencias de investigación oportunas para el esclarecimiento de tales hechos y la averiguación de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la utilización fraudulenta que se hace de tales puestos.

Desde el pasado mes de octubre de 2007, en que la Asociación se dirigió al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, se ha planteado de forma reiterada ante los diferentes responsables institucionales de la Comunidad Autónoma de Aragón la necesidad de corregir la irregular situación de numerosos puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.

Dichos puestos se encuentran ocupados –que no desempeñados- por personas a las que, por razones ajenas al interés público al que deben ajustarse todas las decisiones de la Administración Pública, los miembros del Gobierno de Aragón han venido a asegurar unas retribuciones públicas carentes de justificación, al no existir contraprestación laboral alguna ni presencia física en las oficinas públicas, no existiendo control alguno sobre su régimen de dedicación.

Tales circunstancias, pese a las peticiones formuladas por esta Asociación y pese a haber sido objeto de reportajes específicos en la prensa aragonesa -como la información publicada el 13 de abril de 2009 en las páginas de “Heraldo de Aragón”-, no se han querido corregir por sus responsables directos –los miembros del Gobierno de Aragón-, rechazándose por la Mesa de las Cortes de Aragón la admisión de la petición sobre creación de una Comisión de investigación formulada por esta Asociación, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, calificándose tal petición como “injerencia” en la actividad de los órganos parlamentarios y rechazándose su mera admisión a trámite, con manifiesta vulneración de lo establecido por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Tal inadmisión ha sido impugnada por esta Asociación ante el Tribunal Constitucional.

Entiende esta Asociación que los ciudadanos no pueden consentir el uso indebido de los recursos públicos y la utilización irregular de puestos públicos para fines que nada tienen que ver con las razones que justifican su existencia, pues ello supondría incumplir el deber cívico de combatir los fenómenos de corrupción pública, que niegan los principios esenciales de la salud democrática de una sociedad.

Tampoco cabe aceptar que las instituciones de control –el Parlamento- o los responsables máximos de la Administración autonómica –el Consejero de Presidencia y el propio Presidente del Gobierno de Aragón- no respondan a las peticiones de esta Asociación –vulnerando con ello el contenido esencial de derecho fundamental de petición ejercido- ni se consideren obligados, en su calidad de responsables públicos de tal situación, a aclarar la situación existente o a replicar, desmentir o puntualizar las informaciones publicadas sobre el uso fraudulento de los puestos de personal eventual de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón.

Frustradas, por lo tanto, todas las vías institucionales utilizadas por esta Asociación ante los responsables de la Comunidad Autónoma de Aragón para corregir el uso indebido de los puestos de personal eventual (asesores de confianza) de los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, no ha quedado otra alternativa que poner tales hechos –así como todas las actuaciones llevadas a cabo, sin resultado positivo alguno, por esta Asociación para instar su oportuna subsanación- en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, al entender que existe una voluntad manifiesta de no corregir tal situación, como lo acredita su persistencia pese a las peticiones y denuncias realizadas.

La situación señalada constituye, a juicio de esta Asociación, una grave infracción de la legalidad por parte de los miembros del Gobierno de Aragón, al desviarse fondos públicos a fines ajenos al interés general o interés público para el que se hallan consignados, formando parte tales actuaciones de la “cultura de impunidad” que parece haber arraigado en diversos ámbitos de nuestras instituciones públicas, dando lugar a lamentables fenómenos de corrupción pública que socavan los valores constitucionales y los principios más elementales del funcionamiento del Estado de Derecho.

Por todo ello, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido a la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre la irregular situación de los puestos de asesor o personal de confianza del Gobierno de Aragón y su uso fraudulento, solicitando de dicho órgano del Estado el inicio de las diligencias de investigación oportunas para proceder a la averiguación de las responsabilidades penales que pudieran derivarse de tales hechos.