RECURSO DE AMPARO FRENTE A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN POR LAS CORTES DE ARAGÓN.

Zaragoza, 20 de julio de 2009.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha presentado ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo contra dos acuerdos de la Mesa de las Cortes de Aragón, adoptados con fechas 14 y 30 de abril de 2009, por los que se inadmitían dos peticiones formuladas por la Asociación, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para la constitución de una Comisión de estudio, dedicada a la fijación de criterios de conducta pública de los responsables de las instituciones de la Comunidad Autónoma, y de una Comisión de investigación, para esclarecer la situación existente en los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón y la posible utilización fraudulenta de los puestos de asesor.

Frente a tales peticiones, la Mesa de las Cortes acordó su inadmisión, alegando la falta de legitimación de la Asociación para realizar peticiones de tales características y la improcedencia de las mismas, al constituir una injerencia en la actividad parlamentaria de las Cortes de Aragón.

Dichos acuerdos, a juicio de esta Asociación, suponen una vulneración del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española y regulado en la Ley Orgánica 4/2001, en ejercicio del cual toda persona puede dirigir propuestas, sugerencias e iniciativas a cualquier poder público –incluidas, por lo tanto las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas-, siempre que tales peticiones se correspondan con el ámbito de decisión discrecional del destinatario, correspondiendo a éste dar una respuesta expresa a la petición formulada. Constituir comisiones de estudio o investigación es una facultad de las Cortes de Aragón y nada impide que los ciudadanos soliciten a los órganos de la Cámara la adopción de tal medida, petición que no impone la obligación de constituirlas, sino sólo el deber de contestación a la petición formulada.

La posibilidad de dirigir peticiones a las Cortes de Aragón se regula en el artículo 62 del propio reglamento de la Cámara, sin preverse criterio alguno de legitimación ni expresarse criterios respecto a la procedencia o improcedencia de la petición. Por ello, lo acordado por la Mesa de las Cortes no sólo carece de apoyo en su reglamento, sino que vulnera de forma frontal el régimen de ejercicio del derecho fundamental de petición establecido por la Ley Orgánica 4/2001, al cual se ajustaban las peticiones de esta Asociación.

El derecho de petición se establece en el ordenamiento constitucional español como un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Esta Asociación, a través del mismo, no hace sino dirigir a las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma propuestas o iniciativas para asegurar el buen funcionamiento de la Administración pública aragonesa, y no cabe, mediante el improcedente argumento de la falta de legitimación, privar a los ciudadanos del libre ejercicio de un derecho fundamental, ni es posible que un órgano parlamentario califique de injerencia la utilización por los ciudadanos de un mecanismo de participación constitucionalmente garantizado, pues con ello se estaría reclamando para el Parlamento –como institución de representación de los ciudadanos- un monopolio en los asuntos públicos que la propia Constitución no le ha otorgado, pues el derecho de petición, al ser configurado como derecho fundamental, resulta vinculante para todos los poderes públicos, incluido el poder legislativo, sea estatal o autonómico.

Son titulares del derecho fundamental de petición todas las personas físicas y jurídicas, bastando para su ejercicio legítimo la propia titularidad del derecho, reconocida a todas las personas por el simple hecho de serlo. No cabe, por lo tanto, reclamar para su ejercicio ningún tipo de legitimación, como hace las Cortes de Aragón..

No existen ciudadanos carentes de legitimación para formular peticiones a los poderes públicos ni tal tipo de peticiones se reserva, por lo tanto, a personas o colectivos con un interés directo en la materia o asunto planteado. No estamos aquí en la lógica del Estado de Derecho y de las exigencias de seguridad jurídica que limita la facultad de impugnación de actos jurídicos, públicos o privados, sino en la lógica del Estado democrático, en el que ningún tema puede hurtarse al control o iniciativa de los ciudadanos, al menos en cuanto se refiere al ejercicio del derecho de petición.

Tampoco cabe calificar de improcedente o injerencia una petición, si el asunto planteado es de interés general y se dirige a la institución competente para conocer de él. El posible abuso en que pueda estar incurriendo el Gobierno de Aragón con los puestos de asesor de sus Gabinetes es de indudable interés público y el control de la acción del Gobierno, a través de la creación de una Comisión de investigación, si se estimase necesario, es una inequívoca competencia del Parlamento autonómico.

La constitución de las comisiones no permanentes o especiales se regula en el Reglamento de las Cortes de Aragón, en sus artículos 63 a 66, y constituye una decisión discrecional del Pleno de la Cámara a propuesta de los órganos o actores parlamentarios competentes, razón por la cual una petición dirigida a impulsar la creación de una comisión de tal naturaleza tiene perfecto amparo en el derecho fundamental de petición.

No se invoca por las Cortes de Aragón ningún derecho o bien jurídico que colisione con el ejercicio del derecho de petición. Por ello, las decisiones adoptadas por la Mesa de las Cortes parecen responder, sencillamente, a una actitud contraria a la posibilidad de que unos ciudadanos dirijan al Parlamento la sugerencia o iniciativa de creación de una Comisión especial de estudio o de investigación, y al hecho de considerar preferible declarar la inadmisión de tal petición a emitir una respuesta negativa sobre lo solicitado. Optan por negar a los ciudadanos su capacidad para participar en los asuntos públicos, en lugar de justificar las posibles razones por las cuales el Parlamento declina el ejercicio de sus funciones de impulso y control de la acción del Gobirno.

Ante la respuesta dada a esta Asociación por parte de la Mesa de las Cortes de Aragón, se ha hecho necesario, con independencia del contenido específico de las peticiones realizadas, proceder a la defensa del propio derecho fundamental de petición, al entenderlo vulnerado con los acuerdos adoptados. Con ello, no se defiende sólo el ejercicio concreto del derecho ejercido por esta Asociación sino la facultad de su ejercicio por cualquier ciudadano que quiera dirigir una petición al Parlamento aragonés en el ejercicio del derecho que le atribuye nuestra Constitución.

El Parlamento también tiene obligaciones respecto a los ciudadanos y el incumplimiento de tales obligaciones, como ha sucedido en este caso, sólo puede ser revisado por el Tribunal Constitucional, ante el cual ha acudido, en amparo, esta Asociación.