Zaragoza, 9 de julio de 2009.
El Gobierno de Aragón parece querer desvirtuar, ya desde el primer momento, la exigencia de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual de los Gabinetes del Presidente, Vicepresidente y Consejeros, en lo que supondría un abierto incumplimiento de lo establecido por la vigente Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Así cabe deducirlo del anuncio publicado hoy en el Boletín Oficial de Aragón, suscrito por la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se da publicidad al cese de Julio Tejedor Bielsa, como Asesor adscrito al Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
Este anuncio constituye la primera ocasión en que el Boletín Oficial de Aragón publica información sobre nombramientos o ceses de personal eventual del Gobierno de Aragón, elemento de transparencia, introducido por la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, gracias a una enmienda formulada frente al Proyecto de Ley remitido por el Gobierno de Aragón.
Pero el Gobierno de Aragón parece manejar, artificiosamente, los términos publicidad y publicación, que en este supuesto debieran ser la misma cosa. No se puede pretender dar publicidad sin la publicación de tales nombramientos y ceses. El Boletín Oficial de Aragón debe publicar nombramientos o ceses, no anuncios de tales nombramientos o ceses.
De acuerdo con la nueva Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, el nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes han de ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Como cualquier otro nombramiento de altos cargos o de simples funcionarios de carrera, la publicación hace referencia al acto mismo de nombramiento o cese, dictado por la autoridad o el órgano administrativo competente, y requiere la inserción de su contenido íntegro en el Boletín Oficial. Dicha publicación constituye, además, elemento de eficacia del nombramiento o cese, con independencia de las posibles previsiones que, sobre fecha de efectos, pueda contemplarse en el propio acto.
Poco tiene que ver lo que exige la Ley con lo que parece querer hacer el Gobierno de Aragón. En lugar de publicar las Órdenes de los miembros del Gobierno, por las que se nombra o cesa al personal eventual de sus órganos de apoyo directo, se pretende publicar meros anuncios de tales nombramientos, suscritos por los Secretarios Generales Técnicos de cada ámbito, en vez de por la autoridad competente para el nombramiento, sin reproducir, por lo tanto, los términos del acto de nombramiento o cese ni hacer depender de la publicación la efectividad de dicha decisión.
Con tal forma de proceder, entiende esta Asociación, se viene a incumplir lo establecido por la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, incumpliéndose la exigencia de publicación –que no de publicidad- de los nombramientos y ceses y desvinculándose de forma injustificada la eficacia de dichos nombramientos y ceses del requisito legal de publicación.
Tal criterio contradice el principio general aplicado a los nombramientos de autoridades y personal de las Administraciones Públicas, y pone de manifiesto la resistencia del Gobierno de Aragón a aplicar las reglas de transparencia establecidas para el personal eventual de los Gabinetes en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Esta Asociación celebra como un avance las exigencias de transparencia introducidas por la nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, avance que se pretende desvirtuar, ya en la primera ocasión, por el propio Gobierno de Aragón. La publicación de nombramientos y ceses no se satisface con la inserción de anuncios de publicidad, técnica prevista para la adjudicación de contratos u otorgamiento de subvenciones, pero radicalmente ajena al ámbito de nombramientos de autoridades y personal.
Por entender que tal forma de actuar constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico, la Asociación se va a dirigir al Justicia de Aragón para solicitarle que analice las exigencias de publicación de los nombramientos del personal eventual de los Gabinetes y requiera al Gobierno de Aragón la estricta aplicación de lo establecido por la Ley del Presidente y el Gobierno de Aragón.
The Winner Takes It All.
ResponderEliminarI don't wanna talk
About the things we've gone through
Though it's hurting me
Now it's history
I've played all my cards
And that's what you've done too
Nothing more to say
No more ace to play
The winner takes it all
The loser standing small
Beside the victory
That's her destiny
I was in your arms
Thinking I belonged there
I figured it made sense
Building me a fence
Building me a home
Thinking I'd be strong there
But I was a fool
Playing by the rules
The Gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear
The winner takes it all
(Takes it all)
The loser has to fall
(Has to fall)
It's simple and it's plain
(Yes, it's plain)
Why should I complain
But tell me does she kiss
Like I used to kiss you
Does it feel the same
When she calls your name
Somewhere deep inside
You must know I miss you
But what can I say
Rules must be obeyed
The judges will decide
(Decide)
The likes of me abide
(Abide)
Spectators of the show
Always staying low
(Staying low)
The game is on again
(All again)
A lover or a friend
(Or a friend)
A big thing or a small
(Big or small)
The winner takes it all
(Takes it all)
I don't wanna talk
If it makes you feel sad
And I understand
You've come to shake my hand
I apologize
If it makes you feel bad
Seeing me so tense
No self-confidence
But you see
The winner takes it all
The winner takes it all
Someone winner
Takes it all
And one loses
Has to fall
From a guide
From the side
Makes that feeling
Someone here
Takes it all
Has to fall
This is magic
Someone here
PUBLICADO EN LA VOZ DE ASTURIAS:
ResponderEliminarLos funcionarios aragoneses están muy preocupados ante la sentencia del TSJA que falla la ilegalidad del anticipo de carrera que se venía abonando a los funcionarios del Principado de Asturias. Esto obliga a cuestionar la legalidad del similar anticipo acordado en la Mesa Sectorial de la Administración General el 13 de agosto de 2008 y aprobado por el Gobierno de Aragón.
Por ello, se han dirigido a los Consejeros de Presidencia y de Economía, Hacienda y Empleo de aquella comunidad, como máximos responsables en materia de función pública y gestión presupuestaria, para que, a la vista de la sentencia recaída en Asturias y de las condiciones de abono del anticipo de carrera en la Administración aragonesa, se analice la legalidad del mismo y, en su caso, se adopten las medidas oportunas para asegurar la estricta legalidad.
Más eco en Oviedo que en Aragón.
ResponderEliminar¿Cómo es posible?
SEGUIMOS EN ASTURIAS:
ResponderEliminarEl Partido Popular denunció ayer la política de nombramientos "a dedo" de altos cargos que lleva a cabo el actual gobierno socialista y que, en su opinión, responde a una política con la que plantea rodearse de "funcionarios fieles" a los que poder controlar. La denuncia fue planteada por el diputado popular Ramón García Cañal, a raíz de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula varias decenas de esos nombramientos por haberse realizado por el sistema de libre designación y no por el de concurso de méritos que establece la ley.
Cañal, acompañado por los diputados Ana Barrientos y José Agustín Cuervas-Mons, aseguró que esta nueva sentencia se suma otras anteriores que cuestionan toda la política de personal que el Gobierno que preside Vicente Alvarez Areces, está llevando a cabo en los últimos años. El diputado popular esgrime datos recabados por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en los que se asegura que en 2008 había en la administración regional 2.000 puestos singularizados, de los que 550 se llevaron a cabo por el sistema de libre designación.
Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, aseguró que en el Principado "no hay doscientos nuevos altos cargos". Migoya recordó que en la Administración regional puestos como las jefaturas de servicio, los coordinadores y los asesores técnicos "se nombran por el sistema de libre designación pero dentro de los funcionarios".
Es una verdadera tomadura de pelo.
ResponderEliminarDESPACHO DE EUROPA PRESS:
ResponderEliminarLa Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa remitirá a la Fiscalía General del Estado, en los próximos días, toda la información publicada en los medios de comunicación aragoneses sobre las actividades del hasta hace poco presidente de la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), Jesús Solá, al entender que los hechos relatados podrían ser constitutivos de infracción penal.
El alcalde de la localidad zaragozana de Herrera de los Navarros, Jesús Solá, dimitió el martes, 30 de junio, de su cargo de presidente de ASAEL, después de que Heraldo de Aragón informara de que pagó, durante dos años, a su chófer personal con dinero proveniente de los fondos europeos del proyecto Liedra de lucha contra la violencia de género. Solá negó haber cometido irregularidad contable o administrativa alguna.
Desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa la "posible desviación de fondos públicos a fines distintos de los previstos" o "la contratación de personas con cargo a fondos públicos para el desarrollo de labores al servicio de organizaciones ajenas, como se señalaba en las informaciones publicadas, requieren una detallada investigación, que sólo puede llevarse a cabo, con las suficientes garantías, por parte del Ministerio Fiscal", han argumentado en un comunicado.
Desde este colectivo han subrayado que el respeto a la legalidad en la gestión de los fondos públicos y el correcto ejercicio de las responsabilidades públicas "exige que conductas como las que aparecen en esas informaciones sean analizadas desde las exigencias del correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la defensa de las instituciones públicas y del interés general".
Han agregado que las responsabilidades en que puedan incurrir las personas que ejercen funciones públicas, sean políticas o administrativas, en el seno de las instituciones "han de ser debidamente delimitadas, para preservar la credibilidad de las propias instituciones y del conjunto de las personas que trabajan en ellas de forma profesional y honesta".
"Los ciudadanos han de tener la certeza de que todas las actuaciones contrarias a las exigencias de legalidad en el desempeño de cargos públicos, que vulneren el interés general o lo subordinen al interés privado de personas u organizaciones, serán investigadas, con independencia de la posición que ocupen los responsables de las mismas", han añadido desde esta organización.
A su entender, serían "inconsecuente" con sus principios y fines de defensa de la ética y de la función pública si no adoptase una "clara posición" frente "a los casos de corrupción pública que afectan a las instituciones de la Comunidad autónoma, pues no es posible defender la función pública sin combatir, al mismo tiempo, la corrupción pública, al constituir ésta la mayor deslealtad posible con la democracia, el servicio público y los ciudadanos".
Coherencia, amigos, y exigencia, eso que tan pocos están dispuestos a mantener.
ResponderEliminarEnhorabuena.
Nadie puede ser condenado sino en virtud de un proceso penal, que debe ser iniciado desde el momento en que se tenga noticia de la comisión del ilícito penal (desde la notitia criminis).
ResponderEliminarPALABRAS DE CARLOS JIMENEZ VILLAREJO, FISCAL ANTICORRUPCIÓN, EN EL AÑO 2002:
ResponderEliminarLos delitos de corrupción se presentan con una «baja visibilidad», como consecuencia de «los pactos de silencio y de la opacidad» con que se cometen, y, por tanto, «los datos estadísticos son insuficientes para valorar el grado de corrupción presente en nuestra sociedad».
«Nuestra responsabilidad -resaltó- es que los procesos por corrupción se concluyan y estar atentos a cualquier «notitia criminis» de conductas corruptas para reaccionar inmediatamente».
«La medida de compromiso de un Gobierno contra la corrupción está en el grado de cooperación con la Administración de Justicia de la Administración Pública y los órganos de supervisión y control cuando detectan indicios de corrupción pública y privada», subrayó Jiménez Villarejo.
ResponderEliminarLa denuncia es una obligación que, por regla general, impone el Estado para obtener la cooperación ciudadana en la lucha contra el delito.
ResponderEliminarLa Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 262, establece:
ResponderEliminar“Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”.
La obligación de denunciar los delitos públicos viene contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los artículos 259 a cargo de toda aquella persona que presenciare los hechos, y específicamente el 262 contempla la obligación de quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia” de ese mismo tipo de delitos, y para los supuestos residuales el 264, que además puntualiza “sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella”.
ResponderEliminarEn los casos previstos en el artículo 262, el incumplimiento de la obligación podría traer aparejada la comisión del delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal. (STS 586/2006, de 29.5.2006).
El derecho y el deber de denunciar.
ResponderEliminarUn asunto muy serio.
Código de Ética y Deontología Médica.
ResponderEliminarArtículo 33.5. No supone faltar al deber de confraternidad el que un médico comunique a su Colegio, de forma objetiva y con la debida discreción, las infracciones a las reglas de ética médica y de competencia profesional de sus colegas.
Los médicos están hechos de la misma pasta moral que el resto de los hombres y es, por tanto, inevitable que haya médicos cuya conducta queda por debajo del nivel que exige la práctica profesional correcta. No es materia denunciable el error ocasional e inadvertido, prácticamente inevitable, que proviene de la complejidad o de la apariencia engañosa de ciertas situaciones clínicas. Sí, en cambio, debe denunciarse la conducta reiterada de descuido, incompetencia e irresponsabilidad en la atención de los pacientes.
Es muy poco agradable denunciar al colega incompetente o inmoral, pero es una obligación que forma parte de los deberes fundamentales del médico. El Código Internacional de ética médica (Código de Londres) de la Asociación Médica Mundial establece como uno de los deberes generales del médico el de "denunciar a los médicos débiles de carácter o deficientes en competencia y a los que incurran en fraude o engaño".
Hay, con respecto a la denuncia, dos actitudes antitéticas que hay que evitar: la denuncia malévola y falsa, por un lado, y, por otro, la abstención de denunciar por complicidad con el culpable. No puede negarse que entre la Colegiación se tiende a considerar la denuncia falsa como una falta muy grave, mientras que, por el contrario, se estima que no denunciar al colega culpable es signo de humanidad y tolerancia. Pero esa opinión, ciertamente muy extendida, es harto dañosa para la Colegiación. La denuncia en materia deontológicamente importante es un deber de justicia con los pacientes y con los colegas. Abstenerse de denunciar es, correlativamente, una grave injusticia que conlleva el riesgo de que el colega inmoral, amparándose en la certeza de que no va a ser denunciado, persiste en su conducta culpable. Más o menos temprano, muchos de esos abusos y faltas son denunciados por el público a los Tribunales de Justicia. Es grande entonces la pérdida de prestigio moral que experimenta la colectividad médica, pues queda en evidencia lo descuidada que es en el cumplimiento de su compromiso público de "salvaguardia y observancia de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión médica y de su dignidad y prestigio" (artículo 3º, 2, de los EGOMC).
ResponderEliminarUN CASO:
ResponderEliminarDenunciar la corrupción, un deber de ciudadanos
Ayer me encontraba leyendo Ecclesia in America de Juan Pablo II y a la hora de hablar de corrupción decía que "ha de ser denunciada y combatida con valentía por quienes detentan la autoridad y con la colaboración generosa de todos los ciudadanos sostenidos por una fuerte conciencia moral" y me acordaba de mi abuela. No, no era una viejecita que se sentaba a criticar a los funcionarios políticos y nunca hacía nada. Al contrario, ella era Dra. en química, Ingeniera en Metalurgica y trabajando en el INTI. En plena década del setenta le tocó ser testigo de un caso de corrupción de algunos funcionarios de dicha institución pública, donde trabajó hasta que a la edad de 75 años se jubiló para "dedicarse a sus bisnietos" y comenzar a estudiar su sexta carrera universitaria. Ella sólo que se animó a denunciarlo, la echaron tan rápidamente como terminó de hacer su denuncia, y no lo dejó ahi, ella se enfrentó con los funcionarios involucrados en la "trapisonda", hizo un juicio al Estado que finalmente ganó, y volvió a sus funciones haciendo que el caso se investigara y se hiciera justicia. Tuvo coraje, perseveró pensando en el bien comùn antes del bien propio de su trabajo. Me dirán, le salió bien, y eso depende de con qué ojos lo mires, la lucha le costó años de trabajo en un juicio, además de haberse expuesto en una época que las desapariciones de personas era algo cotidiano. No es el único miembro de la familia que se ha animado a denunciar hechos de corrupciòn en el Estado Argentino y de los cuales estoy orgullosa, pero están más fresquitos, y aunque las amenazas telefónicas hayan cesado.
Admiraba a mi abuela, asì como admiro a toda persona que haya tenido la fuerza para poder ser fiel a sus convicciones. Uno dice fàcilmente que lo harìa pero te tiene que tocar. Por ello, ejemplos como estos lo animan a uno seguir en la lucha.
Por otro lado, más allá de que le toque a uno de cerca, ser testigo directo, también hay que reconocer a aquellas personas que denuncien aunque los casos de corrupción en plena vocación política, casos de políticos de la oposición, no por la oposición misma sino a partir de su conciencia moral. ¿Ustedes que opinan, tienen algún ejemplo cercano?.
En España no existe una política global, organizada y programada, contra la corrupción, cuya notoria y perversa presencia en nuestras instituciones públicas, hoy principalmente las locales, supone, a mi modo de ver, el problema más grave de entre los que actualmente aquejan a la política española, en tanto que afecta directamente a los pilares mismos del sistema democrático.
ResponderEliminar¿Democracia y corrupción pública son conceptos compatibles?. ¿Es posible la existencia institucionalizada de prácticas corruptas en un Estado democrático, sin que éste quede desvirtuado como tal?. A mi modo de ver, en modo alguno.
ResponderEliminarTolerancia cero frente a la corrupción.
ResponderEliminar¿Por qué este nuevo ejercicio de oscurantismo del Gobierno de Aragón?
ResponderEliminar¿Son incapaces de gestionar con transparencia los nombramientos en puestos públicos?
¿Por qué?
Alabo el coraje democrático de que hace gala esa asociación y confío en que lo mantenga mucho tiempo, gracias.
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