TRANSPARENCIA EN LA INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

Zaragoza, 24 de junio de 2009.


El debate al que hemos asistido con motivo de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, como consecuencia de las objeciones jurídicas formuladas por los Letrados de las Cortes de Aragón y la improcedente reacción del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, cuestionando por ello la profesionalidad de los Letrados, debiera permitir analizar las posibles insuficiencias que aquejan al actual procedimiento.

Una de dichas insuficiencias, que parece evidente a esta Asociación, es la falta de remisión por parte del Gobierno de Aragón de los antecedentes del Proyecto de Ley, entre los cuales hay que incluir la memoria justificativa de la norma y todos los informes jurídicos preceptivos para la elaboración del anteproyecto de ley, como son los de la Secretaría General Técnica del Departamento al que afecte la elaboración de la norma y de la Dirección General de Servicios Jurídicos. La finalidad de tales trámites es asegurar la corrección jurídica de los proyectos normativos elaborados por el Gobierno de Aragón.

La nueva Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en su artículo 37, al regular la iniciativa legislativa del Gobierno, establece la necesidad de que todo anteproyecto de ley debe ser objeto de diversos informes preceptivos –entre ellos, el de la Dirección General de Servicios Jurídicos-, pero no se establece luego la obligatoriedad de que dichos informes se remitan, junto con el proyecto de ley aprobado, a las Cortes de Aragón.

Tal previsión contrasta con lo señalado en la regulación de la iniciativa legislativa del Gobierno de España, pues la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de organización, competencias y funcionamiento del Gobierno, establece en su artículo 22.4 la obligación del Consejo de Ministros de remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley aprobado, “acompañándolo de una exposición de motivos y de la memoria y demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él”.

No parece razonable que al debate político que supone la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley se hurte el análisis de legalidad del proyecto de ley realizado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, pues si bien la tramitación de una ley reviste un carácter fundamentalmente político, no cabe desconocer el ineludible análisis respecto a la corrección jurídica del proyecto de ley tramitado y de las enmiendas planteadas, desde el momento en que las Cortes de Aragón no pueden aprobar nada que colisione con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y la legislación básica estatal.

Ese control, que en última instancia corresponde al Tribunal Constitucional, para depurar normas inconstitucionales del ordenamiento jurídico, exige que los proyectos de ley lleven incorporadas las necesarias garantías de corrección jurídica del texto. De ahí que resulte preceptivo el informe por parte de la Dirección General de Servicios Jurídicos sobre el contenido y tramitación del anteproyecto de ley. Pero también la necesidad, no garantizada en este momento, de que tales informes y demás antecedentes se remitan a las Cortes de Aragón junto con el Proyecto de Ley y se encuentren a disposición de todos los Grupos Parlamentarios, con el fin de madurar el criterio político y técnico para pronunciarse sobre el mismo.

Con el fin de subsanar esta deficiencia , esta Asociación se va a dirigir al titular del Departamento de Presidencia, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para expresarle la necesidad de que, al igual que se prevé expresamente en la Ley del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, al remitir a las Cortes de Aragón los Proyectos de Ley aprobados, adjunte con el texto normativo, la exposición de motivos, la memoria justificativa y todos los demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el mismo, incluyendo entre ellos los informes jurídicos emitidos por la Dirección General de Servicios Jurídicos y, en su caso, por la Comisión Jurídica Asesora (ahora, Consejo Consultivo).