Zaragoza. 4 de enero de 2009.
El pasado día 25 de noviembre de 2008, tuvo lugar la comparecencia de los representantes de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón.
De acuerdo con lo solicitado a la Letrada Mayor de las Cortes de Aragón, nos ha sido facilitada la transcripción de dicha sesión, con la advertencia de que la misma no está todavía revisada por el Servicio de Publicaciones de la Cámara. Con dicha salvedad, por lo tanto, procedemos a reproducir las intervenciones de los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios, por orden de intervención.
Reproducimos a continuación la intervención realizada por la diputada Pilar Fierro, como portavoz en la Comisión del Grupo Parlamentario Popular:
En primer lugar, como no puede ser de otra manera, quisiera darles la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular a estas Cortes.
Y darles la bienvenida y agradecer su presencia aquí, porque evidentemente, conozco que solicitaron ya en la pasada legislatura, nada más constituirse su asociación (el 14 de febrero, día de San Valentín)..., Nada más constituirse, como digo, su asociación, ya pidieron venir a estas Cortes, lo cual demuestra una actitud abierta por su parte y una actitud de la que nos debemos sentir todos orgullosos, por la mera existencia de esa asociación, y por su deseo de compartir con los políticos todos esos temas que a ustedes les inquietan.
Al mismo tiempo, decirles que espero que no sea la primera ni la única vez que tengan como habitual el venir a esta comisión. Y yo, dentro de lo que cabe, les puedo garantizar que por parte del Grupo Parlamentario Popular trataremos de que la demora de año y medio que ha sido el que ustedes hayan venido con su presencia a esta comisión no se produzca con tal demora.
También quiero transmitirles mi felicitación y agradecimiento, como no puede ser de otra manera, por el papel que consideramos que vienen ustedes desempeñando en la defensa de la legalidad, a juzgar también por el seguimiento que he podido realizar, no sólo por los informes que ustedes nos envían a los grupos, sino también, soy una fiel seguidora de su blog.
Objetivo éste, el de la defensa de la legalidad, en el que desde luego, coincidimos absolutamente. Les ofrezco, por tanto, toda la colaboración del Grupo Parlamentario Popular. Y les ofrezco también ese apoyo a favor de los administrados y a favor de la Administración. Son líneas paralelas y coincidentes con la acción política que el sistema democrático nos encomienda a los parlamentarios.
Por todo ello, estamos, creo, doblemente identificados con ustedes.
Como les decía, he leído con atención su blog, sus informes, y debo reconocer que el caudal de información que aportan es impresionante. Pero no sólo es impresionante en cuanto a la cantidad y a la precisión de la información, de la que nos documentan. También en cuanto al número de iniciativas y propuestas. También muy preocupante, por la muestra desde su perspectiva, que no es otra que el buen conocimiento del mundo interno de la Administración autonómica, de un sinfín y complejo entramado de situaciones y realidades que escapan de la necesaria transparencia y legalidad, que consideramos que no existe por parte del Gobierno PSOE-PAR.
Tienen un arduo trabajo en modificar muchos criterios. Ustedes y nosotros. Y ahí, nos tenemos que encontrar.
Le reconozco que a la luz de su exposición se generan muchas dudas. Surgen muchas preguntas, y desde luego, muchos motivos de reflexión y análisis. El mismo tiempo que suscitan cuestiones en las que el Parlamento de Aragón deberá entrar y plantear cuantas iniciativas consideremos óptimas, para mejorar ese diagnóstico. Ese diagnóstico no precisamente saludable que de nuestra Administración autonómica hoy nos han formulado.
Parece también que está siendo habitual la concesión de determinados puestos de trabajo en nuestra Administración autonómica de una forma que no nos gusta: a través de la llamada comisión de servicios, algo que tendría que ser excepcional, y que parece que hoy no lo es. Es simplemente un procedimiento negociado de cada uno en privado, merced a contactos, amistades. Parece que sea un mercadillo, de carácter secreto, o muy discreto, que cada uno se gestiona su vida, se gestiona, en este caso, su trabajo, cuando el procedimiento lógico en la Administración, como todos sabemos, es mediante la convocatoria pública de concursos, con la oferta de las plazas que deben estar dotadas.
Por otro lado, también observo que apenas hacen referencia a las empresas públicas en sus informaciones, aunque sí lo han hecho a alguna entidad, como la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragonesa de Servicios Telemáticos, y al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. En todos estos casos concretos, por no ajustar sus convocatorias, precisamente, de personal a las ofertas de empleo público.
A la vista de la opacidad y aparente discrecionalidad que preside la contratación de personal por parte de las empresas públicas, me gustaría que detallaran ustedes su opinión sobre si sus ofertas de personal deben ajustarse o no, o deben estar recogidas en las ofertas anuales de empleo público.
Yo personalmente he conocido testimonios lamentables de algún candidato a empleo en una empresa pública, al que un funcionario le había advertido en privado (cito de memoria las palabras de aquella persona): “Toda esta oferta es un montaje. Las plazas están dadas, y la oferta no tiene otro objetivo que dar una apariencia de legalidad. Los gastos de desplazamiento, molestias e ilusiones que estáis poniendo no sirven de nada. Es una tomadura de pelo, para que ellos puedan lavar la cara”. (Esto es diccionario, también, español.)
Este testimonio se me dio a mí personalmente hace dos años, por parte de un alumno, al cual yo estaba preparando para las oposiciones al Salud, que con gran esfuerzo, y compatibilizando trabajo, estudio y vida familiar, se entregaba con gran ilusión a preparar esas oposiciones a la Administración autonómica.
¿Como podía yo en ese momento, y ante los hechos, defender nuestro sistema democrático? ¿Cómo tratar de explicar las funciones de las instituciones? ¿Cómo conseguir ante esto que no cundiera el desánimo, y todavía se creyera en la clase política? Flaco servicio el que estamos haciendo a nuestras generaciones actuales y a las venideras. Porque parece que ellos entienden entienden que prima por encima de la capacidad, el mérito y preparación, pues, las amistades, las prebendas, los contactos.
Y por continuar con el tema de oposiciones, ¿qué ocurre con la oferta de empleo público que debe ser anual? Ustedes lo decían: en diez años no todos los años ha habido oferta de empleo público. Aquellos opositores que comencé a preparar a principios de 2007 en efecto vieron cómo se convocaban las oposiciones, pero todavía no ha salido la fecha. Muchos se han desanimado, han dejado de prepararlas… Es lamentable que esas ilusiones de esa gente nosotros las estemos quemando de esta manera. ¿Qué podemos hacer?
Me gustaría, así mismo, que hiciesen una referencia al tema de las comarcas, y al modo de realizar su selección de personal. ¿Tienen alguna opinión sobre ellas? ¿O no les han prestado de momento atención? ¡Podríamos considerar que está surgiendo una cuarta administración en nuestra comunidad autónoma, que junto a la local, provincial y autonómica en muchos casos solapa funciones y duplica gastos?
¿Saben ustedes que la relación de personal de las empresas públicas se mantiene en secreto y que los grupos de la oposición, habiéndolo solicitado en numerosas ocasiones, no hemos podido acceder a ellas? Se ha invocado por parte del Gobierno, a pesar del dictamen contrario de los servicios jurídicos de esta cámara, los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal amparados, como saben, en la Ley del noventa y nueve. Es curioso, y me gustaría precisar el hecho de que esos mismos datos en el caso de los funcionarios que acceden a esa condición por un sistema reglamentado aparezcan publicados en el Boletín Oficial, y los de los empleados de las empresas públicas, que acceden a esos puestos por métodos discrecionales, sean secretos. ¿No tienen los funcionarios derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal? ¿O es que al acceder a la condición de funcionario renuncian a ellos? –aunque entiendo y conozco que el estatus de ser funcionario no implica la pérdida de derechos y obligaciones que se le reconocen a todos los ciudadanos-
¿Y las empresas públicas? ¿No son acaso parte de la Administración?
Quisiera, en fin, pedirle su opinión sobre la creación de todo es conjunto de empresas públicas y el modelo de Administración que se está creando con ello. Al hilo de lo anterior que les decía sobre las comarcas, creo que hablando de empresas públicas podríamos considerar que todas ellas conforman una nueva, una quinta Administración, privilegiada, oculta u opaca, de suculentas remuneraciones para sus dirigentes, una elite administrativa donde el endeudamiento reina y donde se aposentan los correligionarios de los partidos del Gobierno.
Decía al respecto recientemente el vicepresidente Biel: no hay ningún secreto atómico en las empresas públicas. Y no lo hay: ellas mismas guardan celosamente la fórmula de nuevas formas de corrupción. Es lamentable que en muchas ocasiones se amparen en argumentaciones jurídicas conductas que alejan de la credibilidad a quienes deberían ser los garantes del cumplimiento de las normas de función pública.
En muchas ocasiones yo misma me formulo la siguiente reflexión: si las leyes de contratación de las administraciones públicas imponen una serie de controles, ¿sirven acaso las empresas públicas para eludirlos? ¿No se está confundiendo agilidad en la gestión con omisión o evitación de controles? Y evitar esos controles, evidentemente, comporta un riesgo: más facilidad para la corrupción. Las cuales, como dependen del dinero de todos los aragoneses, suponemos que podrán además sobrevivir a estos tiempos de crisis, aunque no debemos olvidar la causa del aumento de la pobreza en una sociedad, y que no depende sólo del sector privado: hay mucha culpa en la mala gestión del sector público, y ahí muchos somos los responsables, bien por acción o bien por omisión.
Pero no hay que perder la esperanza: el pasado 18 de noviembre publicaban los medios de comunicación que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó por unanimidad instar a las comunidades autónomas a rendir cuentas de las entidades que componen el sector público autonómico (administrativo, empresarial y fundacional) en el plazo correspondiente. ¿Será así?
La señora presidenta (VICENTE TELLO): Vaya concluyendo, señora Fierro.
La señora diputada FIERRO GASCA: Concluiré, señora presidenta.
No quiero dejar de entrar a mencionar un hecho al que ustedes se refieren con cierta frecuencia también en su blog: la falta de atención del Gobierno de Aragón a las recomendaciones del Justicia (también lo han manifestado aquí) y a cuantas solicitudes de información ustedes les piden. Y ese apunte sin duda muy oportuno que nos ha llegado recientemente y que queremos estudiar: que esa actitud obstruccionista puede ser constitutiva de delito, y como tal se encuentra tipificado en el Código penal. Lamentable, sin duda, una falta de respeto a una institución emblemática y muy querida por todos los aragoneses. Como muestra, mencionar aquí la sugerencia del Justicia de Aragón en mayo de 2007 al Gobierno de Aragón, sobre una convocatoria de pruebas de habilitación de personal laboral de la Administración autonómica por vulneración de determinados principios. “La Diputación General de Aragón [dice el Justicia] debe adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en la convocatoria de las pruebas de habilitación como prueba integrante de los procedimiento de movilidad de su personal laboral”.
Otra cuestión a la que ustedes hacen referencia a menudo es la falta de respeto del Gobierno de Aragón al constitucional derecho de petición, del que no obtienen al ejercitarlo ni siquiera el acuse de recibo, ni qué decir tiene de la obtención de respuesta, lo que evidentemente demuestra…
La señora presidenta (VICENTE TELLO): Señora Fierro, ha sobrepasado su tiempo, lleva más de diez minutos. Por favor, concluya.
La señora diputada FIERRO GASCA: Perdón, señora presidenta, creo que me quedan dos minutos.
La señora presidenta (VICENTE TELLO): No, no le quedan dos minutos. Lleva más de diez minutos.
La señora diputada FIERRO GASCA: Bueno, pues termino.
Referente al desarrollo del Estatuto de Aragón, es una de las cuestiones que ustedes llevan en cartera, este grupo hemos presentado una proposición en la Comisión Institucional para que se desarrolle la Ley de función pública; así mismo también hemos presentado recientemente –lo habrán visto en los medios de comunicación- una proposición de ley de medidas complementarias en la transparencia de la contratación pública, documentación que les daré al terminar su intervención si quieren-, y concluyo ya con esto diciéndoles que comparto con ustedes la idea de que es necesario desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, además de realizar un nuevo plan de revisión y modernización de nuestra Administración pública. (Creo que el último se hizo cuando nuestro querido e inolvidable amigo y compañero Manuel Giménez Abad, inaugurando precisamente, estrenando esta misma comisión, en la Comisión Institucional, lo presentó y lo trajo a estas Cortes, y creo que fue algo saludable y que tal vez tendríamos que retomar también esa cuestión.)
Gracias por su trabajo a favor de la Administración pública, a favor de la sociedad aragonesa; espero que su trabajo dé los frutos adecuados, y reitero mi agradecimiento a su presencia y también mi deseo de poder colaborar con ustedes en tanto en cuando se bueno tanto para ustedes, como para la sociedad aragonesa, como para estas Cortes. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta, y perdone que me haya excedido un poquito, pero después de año y medio comprenda que había muchas cosas que decirles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario