TEXTO DE LA COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE PETICIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN (PRIMERA PARTE)

Zaragoza, 27 de noviembre de 2008.

Para posibilitar el conocimiento general del desarrollo de la comparecencia de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa que tuvo lugar el martes pasado, 25 de noviembre, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, se reproduce en este blog el contenido de la intervención realizada por Julio Guiral, Presidente de la Asociación, publicando de forma separada las cuatro partes en que fue estructurada.

Más adelante, cuando se disponga de la transcripción de las intervenciones de los portavoces de los Grupos Parlamentarios en la citada Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, serán igualmente reproducidas en este blog.

“COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE PETICIONES Y DERECHOS HUMANOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN.

Día 25 de noviembre de 2008.

Sra. Presidenta y demás miembros de la Mesa, señorías:

En primer lugar, y en nombre de la Junta Directiva y demás miembros de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, debo agradecer a este órgano parlamentario el haber admitido nuestra petición de comparecencia, haciendo posible con ello nuestro ya viejo deseo de explicar las razones que motivaron la creación de esta Asociación, y exponer, muy resumidamente, las actividades realizadas hasta la fecha –de algunas de las cuales ustedes tienen que ser ya necesariamente conocedores, ya que las hemos formalizado ante las Cortes haciendo uso del derecho de petición-.

Con la presente comparecencia queremos sencillamente compartir algunas consideraciones sobre el estado actual de la Administración autonómica y de la función pública a su servicio, por entender que los ciudadanos, a través de sus representantes, son quienes deben velar por el buen funcionamiento de ambas, y ello exige, como punto de partida, analizar y reconocer sus actuales carencias e insuficiencias, sin otra finalidad que las de ponerles remedio y solución para asegurar los objetivos de legalidad, eficacia y calidad a que todos sin distinción – tanto responsables políticos como servidores públicos y ciudadanos- aspiramos.

LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: NECESIDAD DE UN GIRO ÉTICO.

El 14 de febrero de 2007, en una sesión celebrada en el Colegio de Abogados de Zaragoza, tuvo lugar la constitución formal de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad con vocación de aglutinar a funcionarios y demás empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con la finalidad de promover el respeto a las valores, principios y normas que han de presidir y regir el ejercicio de la función pública, contribuyendo con ello al correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

La Asociación pretende propiciar entre los funcionarios un ámbito de reflexión y de debate, y también de acción, sobre todas aquellas cuestiones relevantes para la mejora de los servicios públicos y para la vigencia de los valores constitucionales en su organización y funcionamiento, de modo que la Administración sea y se perciba como una organización al servicio de los ciudadanos y de la democracia.

La Asociación persigue que los funcionarios públicos sean, en su trabajo diario, los primeros garantes del Estado de Derecho y de los derechos y libertades de los ciudadanos, con un compromiso activo en la corrección de aquellas disfunciones o desviaciones que supongan una quiebra del principio de legalidad o un incumplimiento de los fines propios de las instituciones públicas. Para preservar su independencia de acción, los Estatutos de la Asociación excluyen la posibilidad de recibir fondos públicos de cualquiera de las instituciones de la Comunidad Autónoma.

Dentro del máximo respeto a las funciones que corresponden a los órganos políticos de dirección y al papel que desempeñan las diferentes instituciones y organizaciones, la Asociación sólo pretende que las condiciones de ejercicio de la acción pública se atengan, en todo momento, a unos principios de ética pública imprescindibles, entre los cuales ha de ocupar una posición central el servicio objetivo al interés general de los aragoneses, ya que dicho fin constituye la razón de ser de la Administración autonómica.

Dicha idea se ha querido sintetizar en la noción de "giro ético", como necesidad de que la realidad de la Administración se ajuste cada día más a su modelo constitucional, es decir, que el ser y el deber ser de la Administración tiendan a converger y no a distanciarse. La Asociación entiende que la fijeza o inamovilidad de los funcionarios públicos en su relación de servicio no constituye un privilegio, sino una garantía imprescindible para que su labor de aseguramiento de la legalidad en las actuaciones administrativas se halle debidamente salvaguardada.

Esta Asociación busca, por lo tanto, un decidido compromiso de todos los funcionarios públicos con el funcionamiento más correcto posible de la Administración pública aragonesa, reforzando la confianza de los ciudadanos en la misma y contribuyendo a mejorar la calidad de nuestra democracia.

Es difícil, sin embargo, pretender una ética de los empleados públicos sin efectuar una demanda de igual o superior nivel de exigencia a los altos cargos de la Administración, con la cual propiciar un clima ético en el conjunto de la organización administrativa.

En tal línea de razonamiento, ha de apreciarse el modelo que viene a establecer el Acuerdo de 18 de febrero de 2005 del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 7 de marzo de 2005, por Orden de 3 de marzo de 2005, del Ministerio de Administraciones Públicas).

En el preámbulo de dicho Acuerdo se afirma que “se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas, aunque sí se inducían de ellas y que conforman un código de buen gobierno”.

Del contenido del citado Código resulta suficientemente ilustrativo su punto primero, referido a principios básicos, con la siguiente redacción: “Los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado actuarán en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios éticos y de conducta que se desarrollan en este Código: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción del entorno cultura y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres”.

Por ello, el “giro ético” que esta Asociación pretende no puede afectar sólo a los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones, sino que ha de procurarse para el conjunto de las instituciones públicas que inciden en la orientación y gestión de los asuntos públicos y en la toma de decisiones que afectan a los intereses generales y a los derechos de los ciudadanos”.