Zaragoza, 9 de octubre de 2008.
"Para que una burocracia sea realmente eficiente, de cara a conseguir el cumplimiento de sus fines últimos, es preciso dotarla de determinados rasgos que permitan que sus actores (los funcionarios) interioricen o asuman como propios los fines de la organización": esta afirmación sirve de punto de partida al artículo que, bajo el título "Diagnóstico sobre la burocracia pública", aparece publicado en el número del pasado mes de septiembre de "Claves de razón práctica", firmado por Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez.
El artículo contiene una lúcida reflexión sobre la necesidad de analizar las causas y no los síntomas de las actuales carencias de las administraciones públicas, y una de las principales causas apuntadas para explicar la actual situación es la falta de una verdadera carrera profesional que estimule el compromiso con los fines de la gestión y no lleve a refugiarse en el formalismo y en la huida de la responsabilidad.
Lo cierto es que en el debate entre los responsables de función pública y los representantes sindicales de la DGA en torno a la supuesta "carrera profesional" apenas se descubre conexión alguna con el objetivo al que debe servir una carrera profesional, habiéndose sustituido en este caso el objetivo (profesionalidad) por el incentivo (incremento retributivo), reduciendo la idea de "carrera profesional" a una excusa más para buscar incrementos retributivos, sin ninguna otra utilidad añadida, y con el grave inconveniente de falsear y malograr uno de los ineludibles debates que necesita la Administración aragonesa, como es el del fomento de la profesionalidad y su forma de reconocimiento.
No favorece tampoco la búsqueda de soluciones el contexto de descrédito de lo público que provoca la supeditación de las instituciones a las estrategias e intereses de los partidos políticos. Como se señala en el artículo citado, los funcionarios al servicio de las Administraciones son testigos directos, cuando no cooperadores necesarios, de la subordinación de las Administraciones a los intereses de partido, lo que genera en una gran parte de los servidores públicos una enorme dosis de escepticismo. Esta realidad ha sido precisamente una de las ideas centrales que llevaron a la constitución de esta Asociación: los funcionarios son un elemento de garantía del Estado de Derecho frente a los posibles excesos del poder político, cuya legitimidad de origen no les exime del más estricto sometimiento a las leyes en su acción de gobierno.
Mejorar la Administración –construir una burocracia efectiva al servicio de la democracia y de los ciudadanos- no es algo que se logre sólo con leyes o normas, sino que requiere de una estrategia más amplia, de una gama variada de instrumentos, pero previo a todos ellos se requiere una reflexión profunda y plural sobre las necesidades, carencias y potencialidades de una organización tan amplia y tan compleja como es, en estos momentos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ni el proceso de elaboración de la futura Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma viene precedido del análisis o diagnóstico necesarios –esta Asociación propuso, sin éxito, la constitución de una Comisión de Expertos que realizase una reflexión previa a la elaboración de cualquier proyecto normativo- ni se aborda de forma coordinada la regulación de los elementos que inciden en el funcionamiento de la burocracia administrativa: la omisión en el Estatuto de Autonomía de Aragón, tras su reforma de abril de 2007, de toda mención al derecho a una buena administración –obviando con ello la formulación elaborada en el ámbito de la Unión Europea y plasmada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el año 2000- y el escaso impulso dado desde el Gobierno de Aragón a los proyectos de mejora y calidad de los servicios públicos, así como la inexistente política de personal, dada la falta de iniciativa mostrada en este ámbito por el Departamento de Presidencia, son indicadores claros de que no se opera –o no se quiere operar- sobre las causas que lastran el buen funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Esa realidad no puede ser, en ningún caso, indiferente a quienes han hecho de la Administración Pública su profesión y su específico compromiso con la sociedad.
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