MÁS PETICIONES, MÁS QUEJAS.

Zaragoza, 11 de julio de 2008.


La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en febrero de 2007 para defender los valores de la función pública y promover la legalidad, la profesionalidad y la ética pública dentro de la Administración autonómica aragonesa, ha venido formulando propuestas positivas a diferentes responsables políticos y administrativos del Gobierno de Aragón, así como al Presidente y a la Mesa de las Cortes de Aragón. Ninguna de las dos instituciones ha tenido la receptividad esperable a tales iniciativas, planteadas con el exclusivo fin de avanzar en la realización de los principios constitucionales que han de presidir el ejercicio del poder y de la función pública en un sistema democrático y un Estado de Derecho.

Esta falta de receptividad, ha obligado a la Asociación a combinar, en su actuación, la formulación de propuestas, en ejercicio del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001 -regulación que obliga a las autoridades públicas a responder de forma escrita y motivada a las cuestiones planteadas por los ciudadanos-, con la presentación de quejas o recursos frente a actuaciones irregulares -entre ellas, el sistemático incumplimiento de las condiciones y plazos de los procesos de selección de personal en la función pública aragonesa y en las entidades y empresas públicas de la Comunidad Autónoma-, uniendo con ello propuesta y protesta en una misma reivindicación de buen gobierno y buena administración.

Además, y para sorpresa de esta Asociación, la reiterada vulneración del derecho de petición por el Gobierno de Aragón y, lo que es peor, por las Cortes de Aragón nos ha obligado a trasladar al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón numerosas quejas por la lesión de un derecho constitucionalmente garantizado. La petición dirigida al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para que adoptase las medidas oportunas para que los altos cargos del Gobierno de Aragón respetasen las exigencias que conlleva el derecho de petición, quedó igualmente sin respuesta, lo que constituye, a nuestro juicio, un cualificado supuesto de vulneración del derecho: negación del derecho al derecho.

La actitud mantenida hasta ahora por los responsables políticos del Gobierno de Aragón y de otras instituciones no va a hacer, sin embargo, que disminuya el aliento democrático que anima a esta Asociación.

Esta Asociación va a proseguir con su actividad de propuesta y denuncia, con un total compromiso con los principios de buen gobierno y buena administración, formulando todas aquellas peticiones y todas aquellas quejas que estime precisas. Reclamando siempre más democracia y más espacio para el uso público de la razón.