LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O LA NECESIDAD DE CREDIBILIDAD Y LIDERAZGO INTERNO.

Zaragoza, 18 de abril de 2008.

La falta de estrategia en política de personal y las cada vez más debilitadas estructuras administrativas hacen difícil corregir los derroteros que ha tomado la Dirección General de la Función Pública, cuya titular saliente en casi un año no ha sido capaz de esbozar el posible horizonte en el que avanzar en una materia de tanta trascendencia para el buen funcionamiento de los servicios públicos.

Los sindicatos, ante la falta de objetivos claros por parte del Departamento de Presidencia, y de acuerdo con sus fines, están empeñados en marcar permanentemente la agenda del Gobierno en política de personal, lo cual no es difícil conseguir. Sin embargo es ya el momento de que el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad en la ordenación de la función pública aragonesa, dentro del marco establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público, y lo haga con visión estratégica y no con la permanente improvisación de medidas resultantes del constante regateo sobre las propuestas económicas coyunturales planteadas por las organizaciones sindicales. Las concesiones realizadas al margen de la legalidad no consolidan ningún modelo de gestión, sino que nos instalan a todos en el terreno del desgobierno, algo que está en las antípodas de la deseable administración de los recursos públicos.

Ninguna de las propuestas sugeridas por esta Asociación en la materia ha sido objeto de consideración –ni siquiera de respuesta formal, como en muchos casos exigía la utilización del ejercicio del derecho fundamental de petición-, pero lo que realmente resulta preocupante es que en todos los meses ya transcurridos de la presente legislatura no se haya sabido perfilar desde el Departamento de Presidencia ninguna línea de trabajo o de avance hacia un modelo de profesionalización de la Administración autonómica, siendo constantes por el contrario las medidas arbitrarias que se han adoptado para atender situaciones concretas o particulares, cuyo ejemplo más claro puede ser lo sucedido con la Dirección de la Biblioteca de Aragón. La relación de puestos de trabajo del Departamento de Presidencia, importante indicador de los criterios a aplicar en la definición de funciones básicas como son las de inspección y tantas otras que afectan al conjunto de la organización, tampoco ha apuntado tendencia alguna de mejora, sino más bien todo lo contrario.

Ni la selección de personal –con la escandalosa demora en la ejecución de los procesos selectivos o la irregular selección de personal de entidades de Derecho público o empresas públicas- ni la provisión de puestos de trabajo –lastrada inevitablemente por el nivel de temporalidad existente- ni el modelo ordenado de carrera, al servicio de la objetividad y profesionalidad del servicio público –evitando la tendencia sindical de asimilar la carrera a mero incremento de retribuciones- ni la profesionalización de los cargos directivos –a los que corresponden funciones de dirección técnica y no política- ni la más elemental disciplina del personal eventual –que nutre los gabinetes vacíos de tantos Consejeros- han experimentado ninguna mejoría en la presente legislatura.

Consideramos, por lo tanto, que todo este tiempo ha sido tiempo desperdiciado, sin un solo progreso en el reforzamiento de una función pública que contribuya a hacer de la Administración autonómica una verdadera organización al servicio del interés general de los aragoneses.

Creemos que el relevo que ha de producirse en la Dirección General, tras pasar su anterior titular a responsabilizarse de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad, es una ocasión para que el Gobierno de Aragón en su conjunto y el Consejero de Presidencia en particular tomen en serio la situación que vive la función pública aragonesa y pongan al frente de la misma a una persona capaz y con criterio, que goce de la necesaria credibilidad y sepa liderar y sumar voluntades a una tarea que sólo puede ser colectiva.

Pero no todo es responsabilidad del Gobierno, ni mucho menos. El estado de la función pública es también resultado de la conducta de cada uno de los funcionarios y demás empleados públicos. Mal cabrá esperar que el Gobierno sea coherente con los valores constitucionales de la función pública si la actitud generalizada de los empleados públicos no es de respeto y reivindicación de tales valores. No es posible reclamar el respeto de la norma y la aplicación de la excepción para uno al mismo tiempo. No proyectemos exclusivamente sobre el Gobierno y los diferentes cargos directivos la responsabilidad por el estado de la función pública aragonesa, pero no permitamos que quienes gobiernan lo hagan para agravar los males existentes y no para tratar de remediarlos.