LA ASOCIACIÓN SOLICITA AL DPTO. DE PRESIDENCIA LA ANULACIÓN DE UN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EN LA ENTIDAD ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

Zaragoza,6 de marzo de 2008.

Al igual que lo hecho en fechas recientes con sendos anuncios de contratación indefinida de personal por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, entidades de Derecho público, sin que tal selección de personal contase con la autorización necesaria de la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido al Departamento de Presidencia y al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad para solicitar la anulación de una oferta de selección realizada por la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos, adscrita al Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, publicada el pasado domingo en la prensa aragonesa y al día siguiente, lunes, en el Boletín Oficial de Aragón.

Esta Asociación no puede comprender que se esté incumpliendo de forma reiterada por las diferentes entidades de la Administración aragonesa el Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se exige la autorización previa por la Oferta de Empleo Público para cualquier selección de personal con contrato indefinido por parte de las entidades de Derecho público, aplicando a las mismas el criterio vigente para el personal de nuevo ingreso adscrito a Departamentos y Organismos autónomos, ante la pasividad del Departamento de Presidencia, encargado de velar por el respeto de la legalidad en materia de personal.

No parece que exista voluntad política alguna de corregir el nivel de degradación alcanzado por el sistema de selección de personal de la Comunidad Autónoma. La Oferta de Empleo Público –cuando se aprueba- no se ejecuta conforme a los plazos temporales que establece la ley, lesionando con ello de forma antijurídica los derechos de los ciudadanos que aspiran a acceder al empleo público. Y al mismo tiempo , las entidades de Derecho público y las empresas públicas atiendan sus necesidades de personal al margen de los principios y procedimientos exigidos por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Se está conculcando simultáneamente el principio de legalidad, con el cual se trata de evitar la arbitrariedad administrativa y garantizar los derechos de los ciudadanos, y se está impidiendo o desmotivando la incorporación a la Administración aragonesa de personas cualificadas y con vocación de servicio público, al privar a los procesos selectivos de las condiciones de seguridad jurídica que requeriría un Estado de Derecho como el que establece nuestra Constitución.

Ahora ya no cabe alegar por los responsables de la selección de personal el inconveniente de la dispersión competencial entre dos Departamentos, pues todas las competencias para la ejecución de la Oferta están encomendadas al Departamento de Presidencia, dirigido por Javier Velasco. Esta medida de racionalización, no se ha traducido, hasta la fecha, en mayor eficacia en la gestión ni en mayor respeto a los plazos legales establecidos, a pesar de los recordatorios realizados, a instancia de esta Asociación, por parte del Defensor del Pueblo y de El Justicia de Aragón.