Zaragoza, 22 de febrero de 2008.
El Justicia de Aragón, en diferentes escritos remitidos a esta Asociación, informa que se ha visto en la necesidad de reiterar al Departamento de Presidencia la emisión de informe en relación con la resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprobaban las relaciones de admitidos y excluidos a las pruebas de habilitación para acceso a otras categorías profesionales, ya solicitado con fecha 9 de noviembre de 2007, “el cual no ha sido recibido hasta el momento”, como señala el titular de la Institución en su primer escrito; así como el informe solicitado respecto al control del personal eventual de la Diputación General de Aragón, ya solicitado con fecha 5 de diciembre de 2007, “el cual no ha sido recibido hasta el momento”, como señala el titular de la Institución en su segundo escrito; y, por último, el informe solicitado en relación con la solicitud de aprobación por el Gobierno de Aragón de un Código de Buen Gobierno, ya solicitado con fecha 14 de diciembre de 2007, “el cual no se ha recibido hasta el momento”, como señala el titular de la Institución en su tercer y último escrito.
La demora y el desinterés mostrados en la atención a los requerimientos formulados por el Justicia de Aragón y el incumplimiento generalizado y reiterado en la tramitación de los escritos de petición, formulados al amparo del derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, son muestra de la escasa voluntad existente en el Departamento de Presidencia de respetar el papel institucional que corresponde al Justicia de Aragón, en la defensa de los derechos de los aragoneses, así como del desconocimiento inexcusable de las obligaciones que incumben a los poderes públicos respecto al ejercicio del derecho fundamental de petición por los ciudadanos, aspecto éste que lamentablemente ha de hacerse extensivo a otros muchos altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y a la propia Mesa de las Cortes de Aragón, que en fechas recientes acordó archivar indebidamente cinco escritos de petición de esta Asociación, sin darles el traslado preceptivo a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos que exige el artículo 62 del propio Reglamento de las Cortes de Aragón.
Esta Asociación no va a desistir en sus iniciativas y en su exigencia de respeto a la legalidad, a los valores constitucionales y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿Pero por qué no se contesta? ¿No nos creemos el papel de supervisión que ejerce el Justicia de Aragón?
ResponderEliminarSi yo fuera el Justicia, montaba un pollo, echaba la bronca al Gobierno en la Tribuna de las Cortes y presentaba la dimisón. Al fin y al cabo, no se juega la cabeza, sino sólo el puesto.
ResponderEliminarYo ampliaría el mandato del Justicia a siete años y prohibiría la reelección. Eso le dejaría las manos más libres. Sólo estarían en juego su independencia y su prestigio, pero nunca la continuidad en el cargo que ya sabría desde el primer momento que estaba descartada.
No hay ni un sólo órgano de control democrático que esté cumpliendo con su función.
Vamos a ver qué pasa con la denuncia de APUDEPA a Eva Almunia por no informar al Justicia de Aragón sobre el Teatro Fleta. Tal vez esa sentencia marque un antes y un después en esta actitud inadmisible del Gobierno de Aragón hacia el Justicia y, en definitiva, hacia los ciudadanos.
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