Zaragoza, 18 de diciembre de 2007.
La Asociación, en ejercicio del derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución, ha reiterado al Presidente del Gobierno de Aragón, Don Marcelino Iglesias, su preocupación por la falta de diligencia mostrada por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en la respuesta a las peticiones de información realizadas desde las instituciones del Justicia de Aragón y del Defensor del Pueblo, con motivo de las quejas planteadas por los ciudadanos ante las mismas.
A continuación, se transcribe íntegro el texto de dicha petición:Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
Pº. María Agustín, 36.
50071-ZARAGOZA
Estimado Señor:
El pasado mes de marzo, le dirigimos un escrito para expresarle la preocupación de nuestra Asociación por la demora de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en contestar a las peticiones de información formuladas desde las instituciones del Justicia de Aragón y del Defensor del Pueblo, con motivo de las quejas presentadas ante las mismas por los ciudadanos.
Pese al tiempo transcurrido, esta Asociación ha podido constatar que la situación no se ha corregido como sería deseable, viéndose obligadas ambas Instituciones a reiterar sucesivamente las peticiones de información precisas para poder responder las quejas que les son planteadas por los ciudadanos, situación que, en algún modo, viene a menoscabar el papel que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuyen, respectivamente, al Defensor del Pueblo y al Justicia de Aragón.
En nuestra opinión no hay justificación posible para estos reiterados retrasos que dificultan y entorpecen la labor de supervisión que corresponde a dichas Instituciones. Tales retrasos motivan a veces que las respuestas finalmente obtenidas queden invalidadas por el tiempo transcurrido.
Las leyes reguladoras de ambas instituciones establecen expresamente la obligación de toda autoridad pública de colaborar y facilitar la realización de la labor de supervisión que les corresponde, previendo incluso el Código Penal la sanción en caso de negarse dicha colaboración.
Nuestra Asociación considera que debiera constituir una prioridad máxima de los miembros del Gobierno de Aragón asegurar que la adopción de toda decisión pública se produzca dentro del más estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por ser este conjunto de derechos la expresión máxima del Estado de Derecho que establece la Constitución.
El compromiso con el Estado de Derecho exigiría responder con la celeridad y detalle requeridos a las quejas tramitadas por las instituciones configuradas, constitucional o estatutariamente, como mecanismo específico de control y garantía del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos por parte de los poderes públicos.
Al amparo del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución española, me dirijo nuevamente a usted, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para reiterarle la solicitud de que imparta las instrucciones que considere más oportunas a todos los miembros del Gobierno de Aragón y a los titulares de todos los órganos directivos de la Administración aragonesa para que extremen su diligencia en la atención de los requerimientos realizados por las dos instituciones que velan por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Toda vez que El Justicia de Aragón es una institución ligada especialmente a las Cortes de Aragón en el desempeño de sus funciones, ante las cuales debe rendir su informe anual de actividad, trasladamos igual petición a la Mesa de las Cortes de Aragón, dando conocimiento de la misma a los diferentes Grupos Parlamentarios.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa de la
Función Pública Aragonesa
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA ARAGONESA
C/ LEON XIII, 21, 4º Centro 50008-ZARAGOZA
Totalmente de acuerdo. No hay que dejar de afear públicamente este tipo de comportamiento por parte de los responsables de la Administración, por la desconsideración que supone tanto para las instituciones afectadas como para los ciudadanos que depositan su confianza en ellas.
ResponderEliminar¿No os parece necesario que se inicie una campaña frente a todos los responsables de los departamentos exigiéndoles respeto a las instituciones, ya que lo no lo tienen a los ciudadanos? debemos hacer más presión en esa dirección todos los miembros de la asociación (y buscar la complicidad de los compañeros de trabajo ) para exigir a los mandos que respondan en plazo las preguntas del Justicia y el Denfensor del Pueblo
ResponderEliminarNo hay que rebajar en ningún caso la iniciativa permanente de la Asociación, pues cada logro significativo que se obtenga supondrá una adhesión significativa del conjunto de los empleados públicos a la idea de compromiso que se encarna.
ResponderEliminarDesde la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Nosotros tenemos la experiencia. El Justicia ha tenido que archivar varios expedientes por no contestar la Consejera de Cultura. Es una situación gravísima sobre la que habrá de seguirse insistiendo. Gracias por vuestra labor.
ResponderEliminar¿No debieran compartirse objetivos entre las pocas asociaciones independientes que existen en Aragón?
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