Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.
La Asociación se ha dirigido por escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para informarles de la petición formulada, al amparo del artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, solicitando del Parlamento autonómico el respaldo político necesario par la aprobación de un Código de Buen Gobierno para la Comunidad Autónoma de Aragón y la adopción de una estrategia para el reforzamiento de los comportamientos éticos en el conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, coherentemente con el Código de Conducta incorporado por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Similar petición se ha formulado al Justicia de Aragón, dada la misión supervisora de la Administración de la Comunidad Autónoma que estatutariamente le corresponde.
Seguidamente se transcribe el texto íntegro de la comunicación dirigida a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:
“Zaragoza, 29 de noviembre de 2007.
Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-ZARAGOZA
Estimados Señores.
Me dirijo a ese Grupo Parlamentario, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para comunicarles que esta Asociación, en el ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 62 del Reglamento de las Cortes de Aragón, ha solicitado de ese Parlamento el impulso necesario para la aprobación de un Código de Buen Gobierno –para los miembros del Gobierno de Aragón y para los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón- y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para todo el conjunto de la Administración autonómica.
La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, de las Cortes Generales, y la ampliación de las facultades de autogobierno de Aragón, tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón con un amplio consenso entre las fuerzas políticas aragonesas, marcan un momento oportuno para reafirmar los principios y valores que componen la ética pública, con el fin de legitimar democráticamente las acciones públicas de gobierno e incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.
No parece razonable que nuestra Comunidad Autónoma permanezca al margen del amplio movimiento de regeneración pública que, desde la aprobación del Informe Nolan en el Reino Unido (1995) hasta la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (2003), se ha extendido por el conjunto de los regímenes democráticos, siendo un ejemplo cercano de dicho movimiento la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de la Nación, en su reunión de 18 de febrero de 2005, en el que se proclaman los criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Se acompaña una copia del citado Código de Buen Gobierno.
El Estatuto Básico del Empleado Público, a su vez, incorpora un Código de Conducta, con el enunciado de los valores y principios a los que ha de sujetar su actuación el conjunto de los empleados públicos de las diferentes Administraciones –incluida la de la Comunidad Autónoma de Aragón- y, ya que parece razonable que las pautas de conducta ética de los empleados públicos sean exigibles en todas y cada una de las Administraciones Públicas, no parecería justificado que, por el contrario, los miembros del Gobierno de Aragón y los restantes altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón no adoptasen un compromiso con los valores del servicio público igual al adoptado por sus homólogos de la Administración General del Estado, pues no se puede predicar la uniformidad de estándares éticos únicamente para el nivel administrativo y no para el nivel político, entendiendo esta Asociación que ninguna Comunidad Autónoma puede ni debe hallarse en dicha materia por debajo de las exigencias fijadas por el Estado para su propio ámbito.
Entendemos, además, que un liderazgo político claramente comprometido con los valores del servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en la Administración Pública, siendo igualmente necesario para asegurar la relación de confianza entre ciudadanos e instituciones democráticas un firme compromiso de los responsables políticos para actuar, con transparencia y responsabilidad, al servicio de la sociedad y del interés general.
Por todo ello, valoramos como muy oportuna la posible iniciativa de las Cortes de Aragón, en su función de impulso político de la acción de gobierno, para establecer entre los objetivos prioritarios de la actual legislatura el de dotar al conjunto de las instituciones autonómicas, y en particular a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, de una adecuada infraestructura ética, con la cual asegurar la profesionalidad de los funcionarios públicos y renovar el pacto básico de confianza entre los poderes públicos y los ciudadanos.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.”
Magnífica iniciativa. Ahora hay que ver qué dicen sus señorías, pero creo que los argumentos han quedado muy claramente expresados.
ResponderEliminarEs posible que el reiterado ejercicio del derecho de petición a la Cámara, por parte de personas que se didican profesionalmente al servicio del interés general, permita descubrir a los Diputados una nueva dimensión de la Administración Pública y acaso puedan darse cuenta de lo desatendida que la han tenido durante muchos años, probablemente al no valorar el papel que juega en todo Estado de Derecho. Aún están a tiempo de cambiar y esta legislatura, gracias entre otras cosas a las constantes iniciativas de esa Asociación, puede ser el momento de enmendar tanto olvido institucional.
ResponderEliminar¿se piensa seguir con las encuestas de opinión?
ResponderEliminarFelicito a la asociación tanto por sus constantes iniciativas como por su estrategia, por elevar el tiro y pasar del Gobierno al Parlamento, incentivando con ello el debate político entre los diferentes grupos.
ResponderEliminarEs cierta la clamorosa falta de iniciativa del gobierno aragonés en estas materias, como si el gobierno de madrid perteneciese a otro planeta, pero más bien parece algo común a todas las instituciones aragonesas, pues no conozco que el ayuntamiento de zaragoza con su magnífico alcalde al frente se haya destacado por ninguna medida en este sentido. En suma que la tendencia a la baja es predicable de todas las administraciones aragonesas, aunque la dga bien podría liderar este tipo de medidas.
ResponderEliminarImagino que los señores diputados no van a salir de su asombro al ver que los apáticos funcionarios han empezado a darles trabajo en una materia que hasta ahora parecía totalmente pacífica o, más bien, inerte. No centremos el debate en las empresas públicas y olvidemos lo esencial, que es la Administración Pública como garante de unos buenos servicios públicos para los ciudadanos.
ResponderEliminarO ¿cree el Gobierno que lo que los aragoneses necesitan son casinos y pistas de esquí?
Me encanta el artículo de Pepe Bada en el Periódico de Aragón: ¿no es Gran Scala una especie de becerro de oro que nos quiere vender el Gobierno de Aragón?
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