LA BAJA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS EN POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS, CONFIRMA LA NECESIDAD DEL GIRO ÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Zaragoza, 4 de septiembre de 2007.

Un reciente estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológica (CIS), denominado Los ciudadanos y el Estado (II) (ISSP) y realizado en el primer trimestre de este año, relativo a la actitud de los ciudadanos respecto al Estado o los poderes públicos pone de manifiesto, a juicio de esta Asociación, varios elementos de preocupación en cuanto al correcto funcionamiento institucional y a la salud de nuestro sistema democrático.

De entre las numerosas cuestiones planteadas en el citado estudio, cabe resaltar, como especialmente preocupantes, las siguientes: un desinterés por la política mayoritario entre los ciudadanos (son mayoría los que sienten poco o nada de interés), una elevadísima desconfianza hacia los demás ciudadanos, una clara convicción de que el trato dispensado a los ciudadanos por los funcionarios no es igualitario y de que los altos funcionarios no procuran hacer lo que más conviene al país y, finalmente, una percepción de corrupción entre la clase política y, en menor medida, entre la clase funcionarial.

La combinación de todos los elementos presentes en el estudio muestra, a juicio de esta Asociación, una sociedad claramente “desganada” o “desmoralizada” y dicha desmoralización viene determinada en buena medida por el comportamiento de las instituciones públicas, al no garantizar en las condiciones precisas el servicio objetivo al interés general y no asegurar el trato igualitario a todos los ciudadanos.

Esta Asociación considera que una realidad como la descrita hace especialmente necesaria, en los diferentes niveles de gobierno, la adopción de medidas que tiendan a reforzar el buen funcionamiento de las instituciones públicas, ya que el papel de las mismas es decisivo para la consecución de una sociedad civil madura, activa, participativa y cohesionada, para lo cual las instituciones han de “generar confianza” en el conjunto de la sociedad.

En particular, los gobiernos de las Comunidades Autónomas debieran sentirse concernidos por esta realidad del comportamiento y actitud política de los ciudadanos, pues no cabe aspirar a ningún tipo de verdadero “autogobierno” en un contexto de despreocupación de los ciudadanos por los asuntos públicos y en un clima de desconfianza de los ciudadanos entre ellos mismos y hacia las instituciones, englobando en las mismas a políticos y funcionarios. Es más, como ya apuntó el pensador inglés J. Stuart Mill, la corrupción nace del desinterés ciudadano por la actividad política.

Todo ello viene a reforzar la convicción de esta Asociación en la necesidad de un “giro ético” en la Administración pública y en la responsabilidad que para su logro corresponde a todos y cada uno de los funcionarios públicos, ya que la actitud de servicio de todos ellos es indispensable para que los ciudadanos vean las instituciones públicas como un patrimonio común, esencial para la realización de la ciudadanía y para la profundización en la convivencia democrática, si bien corresponde liderar dicho cambio, con su ejemplo y su impulso, a los responsables políticos.