Zaragoza, 4 de mayo de 2007. Ayer, en una de las salas de reuniones de la Junta Municipal Centro (C/ Hernán Cortés, 33), del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró la tercera reunión de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.
Tras aprobar el orden del día propuesto y el acta de la sesión anterior, el Presidente de la Asociación informó de las diferentes actuaciones realizadas, en particular del acto de presentación de la Asociación en Huesca, realizado el día anterior en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, con un desarrollo satisfactorio, y con un amplio eco en los medios de comunicación, principalmente en Radio Huesca y Diario del Altoaragón, y del ciclo de conferencias sobre “El futuro de la función pública”, señalando los avances obtenidos para la realización de las sesiones de los días 16 y 23 de mayo, dedicados a una conferencia sobre “Ética pública y gobierno democrático”, impartida por Pablo García Mexía, Letrado de las Cortes Generales, y a una mesa redonda de las fuerzas políticas aragonesas con representación en las Cortes de Aragón para conocer sus propuestas en materia de administración y función pública.
Posteriormente, tras el informe del Tesorero sobre la apertura de la cuenta bancaria de la Asociación y el inicio de los trámites para pasar al cobro de los socios el importe de la cuota fijado por la asamblea constitutiva (30 euros), el debate se centró en el inicio de la campaña pública para reclamar la aprobación de una oferta de empleo público que atienda debidamente las necesidades de funcionamiento de los diferentes servicios de la Administración autonómica, acordándose, tras una amplia participación de todos los miembros de la Junta, el ejercicio de acciones legales para exigir al Gobierno de Aragón el cumplimiento de la legalidad en cuestión de oferta de empleo público, autorizándose al Presidente las actuaciones necesarias para la impugnación del Decreto 38/2007, de 27 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2007, de personal docente no universitario, al entender que la misma no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Finalmente, se debatió ampliamente el contenido del documento de propuestas que la Asociación va a remitir a los diferentes partidos políticos, con motivo de las elecciones autonómicas del 27 de mayo, formulando un conjunto de recomendaciones y sugerencias referidas al funcionamiento de la Administración autonómica, a la ordenación de la función pública aragonesa y al conjunto del sistema institucional de la Comunidad Autónoma.
Me parece muy atractiva la conferencia prevista para el próximo 16 de mayo y creo que debería darse a la misma la máxima difusión, ya que su interés trasciende no sólo la Administración autonómica, sino también el conjunto de las Administraciones, siendo de interés para el conjunto de la ciudadanía. Es un modo también de dar a conocer a la Asociación al conjunto de la sociedad.
ResponderEliminarCreo que debería informarse de la forma en que van a formarse los grupos de trabajo, en los que puedan integrarse los asociados o los que deseen participar en su actividad. Creo que seguís sin publicar las normas de funcionamiento de los mismos.
ResponderEliminarHago aquí un comentario o referencia a la creación, aparecida hoy en el BOA, de una nueva empresa pública, porque, por más que lo pienso, es decir, por más vueltas que le doy a la cabeza,no soy capaz de comprender la lógica que subyace en dicha decisión.
ResponderEliminarSe crea una sociedad anónima, participada al cien por cien, por la empresa pública Suelo y Vivienda (parecería ser que el Gobierno de Aragón ha dicho a las empresas públicas lo de creced y multiplicaos) y su objeto es exclusivamente la ejecución de unos concretos proyectos de obras de institutos de enseñanza y centros de salud.
No parece que tal forma de proceder pueda considerarse mínimamente normal, pues dicha lógica nos llevaría a que aquellos Departamentos que tuviesen que ejecutar alguna obra pública, en lugar de tramitar el procedimiento de contratación oportuno, optasen por la constitución de la correspondiente empresa pública, generando así un conglomerado de empresas de difícil o imposible control o gobierno.
Salvo que se justifique lo contrario, la única razón que veo para todo ello es la posibilidad que ofrece dicho modelo de hurtar la gestión pública a los funcionarios, es decir, a los profesionales de la gestión pública, y de ofrecerla a aquellos amigos o correligionarios que se puedan colocar como directivos de las nuevas empresas.
El dinero público y las inversiones dejan de estar controlado por funcionarios públicos y, de paso, proliferan los consejos de administración societarios, donde los altos cargos perciben dietas extraordinarios por el ejercicio de sus responsabilidades públicas. ¡Quién sabe si, el próximo año, además, los Consejeros ganarán el premio a la excelencia empresarial!
Creo que esta proliferación de entes y empresas ha de denunciarse sin paliativos, pues no es sino un fraude a la función pública entendida en el mejor sentido de su expresión: profesionalidad, objetividad, imparcialidad, legalidad. Todo eso molesta y se evita por el fácil expediente de generar una clase empresarial pública, que ni es empresarial ni pública, sino un híbrido de lo peor de cada cosa.
Creo que la asociación debe posicionarse en este asunto defendiendo la profesionalidad de los funcionarios y la validez de la normas de contratación pública.Es posible que muchos politicos que hacen de la politica su profesión (esos que se meten en politica para encontrar trabajo cómodo o para huir de trabajos de bajo perfil ) no entiendan ni la función pública ni sus normas , porque no les llegan las entendederas o porque forman parte de la parte gris de la corrupción.
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