Ayer tuvo lugar la primera sesión del Ciclo sobre el Futuro de la Función Pública organizado nuestra Asociación con una charla impartida por el Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, don José Luis Bermejo Latre, sobre el Estatuto Básico del Estatuto del Empleado Público que resultó del mayor interés de los asistentes habida cuenta de las importantes novedades que se introducen en él, y que el Profesor Bermejo fue desgranando certeramente poniendo de manifiesto las luces y sombras de la nueva norma.
El próximo día 16 de mayo tendrá lugar la segunda sesión del ciclo, con la intervención de don Pablo García Mexía, Letrado de las Cortes Generales, que nos hablará de "Ética de la gestión pública y gobierno democrático".
Para los que no estuvimos por fuerza mayor, pediría una explicación de los puntos básicos tratados.¿alguien se anima a redactarla?.
ResponderEliminarUna de las ideas que más me gustó, por su claridad, se expuso en el coloquio posterior. El ponente vino a decir que conjeturando con unos colegas por la razón de ser de esta explosión de empresas públicas y organismos autónomos que estamos viendo, descartaban la facilidad en la contratación (la Administración puede contratar con el sector privado la adquisición de bienes, obras y servicios) y el que se pudiera eludir la fiscalización (aunque en este caso no será previa, sino posterior -y a veces con notable retraso-). Quedaba como único argumento plausible entonces el de la facilidad para la contratación y colocación de personal al margen de los procedimientos reglados para la Función Pública y sin aplicar los criterios de mérito y capacidad. Y efectivamente, ¿no demuestra la experiencia que esta es la verdadera razón? ¿No se han convertido las empresas públicas y los organismos autónomos en una poderosa agencia de colocación administrada sin ningún tipo de control, con absoluta discrecionalidad por el poder público?
ResponderEliminarLo que quedó claro es que el Estatuto Básico tiene muy pocas normas de aplicación directa en lo que afecta al régimen jurídico de los funcionarios públicos, y que la mayor parte de sus preceptos son orientaciones que requieren un posterior desarrollo por parte del legislador de cada ámbito, estatal o autonómico.
ResponderEliminarEllo genera, por lo tanto, un periodo transitorio de cambio normativo que puede ser bastante largo, y en el que van a coexistir un conjunto normativo de lo más variopinto.
Me dio la sensación de que este Estatuto es absolutamente desregulador, permitiendo hacer, cuando se desarrolle por parte de las CCAA, una cosa o la contraria.
ResponderEliminarRecomiendo leer la información que da hoy el Heraldo sobre las empresas públicas aragonesas.
ResponderEliminarExcesivas ya en el 2002 y orientadas al ladrillo. Y a pesar de ello la vivienda subiendo más que en el resto de España.
Curioso
El tema de las empresas públicas, ya que se cita, creo que debiera preocupar a la sociedad civil más que a los funcionarios, pues es un fenómeno de intrusismo en la actividad económica privada siempre que no se halle suficientemente justificada la necesidad de su creación.
ResponderEliminarEn nuestro caso, como funcionarios, lo realmente preocupante o escandaloso es que las empresas públicas puedan utilizarse como alternativa fraudulenta al ejercicio de funciones públicas, mediante la contratación al margen de los procedimientos reglados y el posterior préstamo irregular de trabajadores a los Departamentos.
Eso es lo que nos corresponde denunciar y que sean los empresarios los que denuncien la intromisión de las empresas públicas en el tejido empresarial.
Una de las cosas más sangrantes que estamos viviendo últimamente es el progresivo desmantelamiento de la Función Pública en múltiples vertientes: 1.- La creciente desregulación. Todo vale. Ya no hay límites a la discrecionalidad. 2.- El paso de funciones administrativas a las empresas y organismos públicos. 3.- La sustitución de funcionarios por trabajadores de estas empresas. La DGA está llenándose de estos trabajadores que ocupan, incluso físicamente, los puestos de trabajo de los funcionarios, con sueldos menores y sin la garantía de permanencia de que disfrutan los éstos y que son una garantía de su independencia.
ResponderEliminarEs difícil de constatar, pero si fuera real, sería un signo de degradación difícilmente igualable: no me gusta hacerme eco de rumores, pero la misma existencia de algunos rumores es indicio del grado de descomposición al que se está llegando por parte de algunos responsables, confundiendo en un totum revolutum lo que es un Departamento, un Partido Político y una Empresa Pública.
ResponderEliminar