Zaragoza, 22 de marzo de 2007. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida por funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para defender la legalidad y la profesionalidad en la Administración Pública, se ha dirigido a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, para pedir la modificación de dos convocatorias de pruebas selectivas para contratación de personal laboral, reservadas a candidatos con discapacidad psíquica y publicadas en el Boletín Oficial de Aragón de 7 de marzo.
Dichas convocatorias exigían a los posibles candidatos acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 35%, requisito que es contrario a la normativa aplicable a los procesos de selección de personal de la Comunidad Autónoma, dado que la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma y el Convenio Colectivo para el personal laboral establecen como requisito para participar en los turnos de acceso para personas discapacitadas acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33%.
Tal previsión, además, se aparta también de lo indicado en el Decreto de Oferta de Empleo Público de 2003, a la que corresponden las convocatorias publicadas.
Entiende esta Asociación que la Administración, en todas sus actuaciones administrativas, y especialmente en aquellas que afectan a derechos de las personas, como es el de acceso al empleo público, ha de garantizar la plena sujeción al ordenamiento jurídico, sin generar discriminaciones o desigualdades injustificadas ni provocar inseguridad jurídica en procedimientos que afectan a un gran número de ciudadanos.
La Asociación se ha dirigido igualmente a diferentes entidades sociales representativas de las personas discapacitadas, como CERMI-ARAGON, FEAPS o DFA, para solicitarles su intervención en el caso, reclamando al Gobierno de Aragón el respeto a las normas que regulan el acceso de personas discapacitadas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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