jueves, 22 de marzo de 2007

LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA ARAGONESA PIDE AL GOBIERNO DE ARAGON LA MODIFICACION DE DOS CONVOCATORIAS DE OPOSICION PARA DISCAP

Zaragoza, 22 de marzo de 2007. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida por funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para defender la legalidad y la profesionalidad en la Administración Pública, se ha dirigido a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, para pedir la modificación de dos convocatorias de pruebas selectivas para contratación de personal laboral, reservadas a candidatos con discapacidad psíquica y publicadas en el Boletín Oficial de Aragón de 7 de marzo.

Dichas convocatorias exigían a los posibles candidatos acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 35%, requisito que es contrario a la normativa aplicable a los procesos de selección de personal de la Comunidad Autónoma, dado que la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma y el Convenio Colectivo para el personal laboral establecen como requisito para participar en los turnos de acceso para personas discapacitadas acreditar un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Tal previsión, además, se aparta también de lo indicado en el Decreto de Oferta de Empleo Público de 2003, a la que corresponden las convocatorias publicadas.

Entiende esta Asociación que la Administración, en todas sus actuaciones administrativas, y especialmente en aquellas que afectan a derechos de las personas, como es el de acceso al empleo público, ha de garantizar la plena sujeción al ordenamiento jurídico, sin generar discriminaciones o desigualdades injustificadas ni provocar inseguridad jurídica en procedimientos que afectan a un gran número de ciudadanos.

La Asociación se ha dirigido igualmente a diferentes entidades sociales representativas de las personas discapacitadas, como CERMI-ARAGON, FEAPS o DFA, para solicitarles su intervención en el caso, reclamando al Gobierno de Aragón el respeto a las normas que regulan el acceso de personas discapacitadas a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

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