Reproducimos
en esta nota de blog el contenido íntegro de la intervención del Presidente de
nuestra Asociación, Julio Guiral, en el acto conmemorativo del Día
Internacional Anticorrupción que tuvo lugar ayer tarde en el salón de plenos de
la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza, cuya organización corrió a cargo de la la Asociación Aragonesa
para el Desarrollo de la
Responsabilidad Social Empresarial
(ARARSE).
TEXTO
DE LA INTERVENCIÓN.
Buenas tardes.
En primer lugar, como Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa,
entidad dedicada desde hace siete años a la defensa y promoción de los valores
y principios de la función pública, entre ellos el comportamiento ético, quiero
agradecer tanto a ARARSE como a la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza todo el esfuerzo
realizado para la organización de este acto.
Deseamos igualmente expresar nuestra
satisfacción porque podamos compartir una jornada de reflexión en torno a la
responsabilidad social empresarial y la prevención de la corrupción, personas que trabajamos tanto en el ámbito de la Administración
Pública como en el mundo de la empresa y de los negocios.
Generar seguridad jurídica, riqueza,
empleo, bienestar y cohesión social, son fines valiosos que han de aportar las
instituciones públicas y las empresas. Es deseable una aproximación entre
quienes trabajan en dichos ámbitos para poner en valor los comportamientos
éticos necesarios en ambos sectores. El acto de hoy, sin duda, debería
contribuir a conseguirlo.
1.- ES UNA CONMEMORACIÓN OPORTUNA.
Hay
causas y conmemoraciones que deben ser asumidas necesariamente por la sociedad
civil para que no queden huérfanas, y eso sucede con el Día Internacional
contra la Corrupción,
celebrado el 9 de diciembre. Esta fecha que hubiera sido un espléndido momento
para que el Gobierno y las fuerzas políticas dieran a conocer una estrategia
adecuada para la regeneración de nuestras instituciones, cuya credibilidad está
seriamente afectada por los numerosos escándalos de corrupción y por las
numerosas causas judiciales en marcha por abuso de las funciones públicas, con
el fin de obtener un enriquecimiento ilícito, o por la quiebra de la
imparcialidad en el ejercicio de potestades públicas, sirviendo intereses
ajenos al interés general que legitima socialmente a las instituciones y a la
propia función pública.
El
9 de diciembre es una fecha problemática para la organización de un acto
público, al coincidir normalmente con días festivos. Aunque algo desplazado en
el calendario, es aceptable que dediquemos la jornada de hoy a dicha
conmemoración.
El
Día Internacional Anticorrupción queda enmarcado, en el calendario, por otras
dos celebraciones de especial relieve, como son el aniversario de la Constitución
Española de 1978 que tiene lugar el 6 de diciembre y el Día
de los Derechos Humanos, en el que se conmemora la aprobación de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de 1948.
Constitución
y Declaración siguen siendo hoy un referente imprescindible en nuestra vida
colectiva, como ciudadanos españoles y del mundo. Las tres fechas citadas cuentan con
un claro denominador común, como es la reivindicación de una ética pública
cimentada en el respeto a la dignidad humana.
El
acto de hoy constituye la segunda ocasión en que nuestra Asociación comparte
esta conmemoración con ARARSE, entidad con la que nos gustaría mantener una
estrecha colaboración en el futuro para promover todos aquellos objetivos que
nos son comunes, pues estamos plenamente convencidos de que los sectores
público y privado son “vasos comunicantes” y la promoción de la ética y la prevención
de la corrupción es una tarea a desarrollar tanto en las instituciones públicas
como en el sector privado.
El
impulso de nuestra Asociación en el año 2007 se basó en la necesidad de
promover un “giro ético” en la función
pública, para que los funcionarios públicos recobraran los valores propios del
servicio público y reparasen en la trascendental importancia de preservar el principio
de legalidad tanto en su actividad como en la propia organización de las
Administraciones Públicas. Nuestra actuación como ha ido dirigida a reivindicar
los valores esenciales de la función pública, como son la legalidad, la
profesionalidad y la ética pública. Todas nuestras propuestas y nuestras
inevitables acciones judiciales –necesarias para hacer valer el respeto de la
legalidad- han venido motivadas por la voluntad de hacer valer tales principios
o valores.
La
promoción de la ética pública y la prevención de la corrupción han pasado a ser
nuestras prioridades como Asociación.
2.
LA NECESIDAD DE
UN ENFOQUE GLOBAL DEL FENÓMENO.
Es evidente que
la corrupción o las actividades corruptas traspasan las fronteras nacionales, y
en ciertos casos es precisamente la acción de alcance internacional la que
propicia fenómenos de corrupción.
Por ello, no
debe extrañar que la lucha contra la corrupción sea objeto de una necesaria cooperación internacional entre los Estados
–en el nivel intergubernamental- pero también de los ciudadanos o de la
sociedad civil. Los dos ejemplos principales de esta tendencia son, por un
lado, la actividad de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiene su
plasmación fundamental en la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,
aprobada en 2003, llevando aparejado el establecimiento del día 9 de diciembre
como Día Internacional Anticorrupción, y por otro lado, la aparición de la
organización Transparencia Internacional
marca el compromiso de la sociedad civil, a nivel internacional, en la
prevención y lucha contra la corrupción.
La Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de
2003 y ratificada por España el 9 de junio de 2006, afecta tanto al sector
público como al sector privado, y define tanto medidas de prevención como de
sanción, fijando igualmente mecanismos de cooperación internacional y de
aplicación, con un claro mandato a los Estados Parte en cuanto a su aplicación.
La
corrupción, como muestran de forma reiterada sondeos de opinión como los
realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, constituye una de las
principales preocupaciones de los ciudadanos y uno de los fenómenos que mayor
desgaste está produciendo no solo en la credibilidad de las instituciones
públicas, sino en la imagen internacional de España -lo que afecta al prestigio
del país-. Pero tiene un peso
extraordinario en la percepción de la gravedad, la propia crisis económica , cuyos perfiles resultan
inseparables de la grave crisis ética que se ha evidenciado –tanto en el ámbito
de la política como en el de la empresa- con los casos de corrupción que han
salido a la luz.
El
buen funcionamiento de las instituciones y de los mercados se basa en la
confianza y el fenómeno de la corrupción quiebra la confianza de los ciudadanos
en las instituciones y de los ciudadanos entre sí, con el inevitable daño para el gobierno de los asuntos públicos, el
desarrollo económico, el bienestar
social y la convivencia.
No
cabe duda que los efectos de la actual crisis económica han sensibilizado a la
población y elevado sus niveles de exigencia de integridad frente a
instituciones y mercados. Sin embargo, no estamos a salvo del riesgo y de que
la actual preocupación resulte meramente superficial y pasajera, abandonándose
en cuanto aparezcan nuevos signos de crecimiento y bienestar.
No
podemos prescindir de la ética cuando las cosas van bien y reservarla para las
situaciones de crisis, pues tal proceder constituye el modo más seguro de
arruinar nuestras expectativas de futuro.
3.
EL VALOR DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL.
La
jornada de hoy se va a centrar en la importancia de promover la responsabilidad
social empresarial en el ámbito de la iniciativa privada, para que los
beneficios del desarrollo económico reviertan en toda la sociedad y contamos como
ponentes con personas de alta cualificación. Pero permítanme que en esta breve
intervención que me ha sido concedida haga una breve mención al valor que una
función pública profesional representa para una sociedad y a la importancia de
que la salud de nuestra función pública constituya una preocupación de todos
los ciudadanos y no solo de los funcionarios públicos.
La
Administración
y la función pública que la sirve están sometidas a la dirección del Gobierno
democráticamente elegido, pero su actividad ha de desenvolverse en todo momento
con sujeción al principio de legalidad y guiada por criterios de imparcialidad,
obligación que se ve reforzada y garantizada por el estatuto de inamovilidad
que se reserva a los funcionarios de carrera. La fijeza de los funcionarios
públicos no es un privilegio en relación con los trabajadores del sector
privado, sino una garantía legal para posibilitar el desempeño de sus deberes
profesionales, entre los cuales debe entenderse el evitar ilegalidades, abusos
o desviaciones de poder por parte de los responsables políticos. La fijeza pone
a salvo a los funcionarios –o debería ponerlos- del temor a la pérdida de su
empleo por oponerse a aquellas decisiones políticas contrarias a la legalidad.
Por
ello, no solo la selección objetiva del personal funcionario, conforme a criterios
de igualdad, mérito y capacidad –algo que hoy no se respeta, como lo evidencian
las altas tasas de interinidad en nuestras Administraciones-, sino la
articulación de la carrera administrativa profesional por razones objetivas de
mérito en el desempeño, sin dejarla a merced de la discrecionalidad política,
son aspectos esenciales a considerar en toda estrategia de buen gobierno y
buena administración. Deben incluirse en cualquier programa que quiera afrontar
de forma decidida el problema de la corrupción en nuestras instituciones
públicas.
4.
LA URGENTE NECESIDAD
DE REFORZAR LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN.
Recientemente,
hemos tenido noticia de las reclamaciones de medios materiales y personales
realizadas por jueces y fiscales para la investigación de los casos de
corrupción. No es posible fiar solo a la sanción penal la respuesta ante los
fenómenos de corrupción, cuya dimensión ha provocado una clara alarma e
indignación social. Debemos prevenir que los abusos y fraudes se consumen.
Debemos evitar el daño que entrañan tales abusos, y no contentarnos con
sancionar a los autores de los mismos.
Para
ello, debemos poner el acento en la prevención de la corrupción y no solo en su
sanción. La responsabilidad social empresarial como la función pública profesional
comparten la naturaleza preventiva frente a fenómenos de corrupción. Un
funcionario profesional, con fuerte sentido ético del servicio público, y un
empresario convencido de su responsabilidad social han de ser dos agentes
decisivos para prevenir la corrupción y asegurar el buen funcionamiento de
nuestras instituciones y de nuestra sociedad.
Este
convencimiento en la importancia de la prevención nos lleva a insistir en la
necesidad de que nuestro país desarrolle el conjunto de mecanismos de
prevención contemplados en la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003,
entre los cuales debemos resaltar las alertas éticas o lo que en el mundo
anglosajón se conoce como whistleblowing.
Según
señala el artículo 8.4 de la
Convención, “cada
Estado Parte considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar
que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las
autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de
sus funciones”.
Esta
previsión debe completarse con la protección dispensada a los denunciantes
internos, prevista en el artículo 33 de la Convención: “Cada Estado Parte considerará la
posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas
apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las
personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con
motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención”.
La
Convención
contempla, por lo tanto, que todos los funcionarios públicos sean agentes
activos en la prevención de la corrupción, evitando con ello su inhibición ante
los abusos que puedan conocer o presenciar. Iguales mecanismos cabe implantar
en las entidades privadas, en defensa de los intereses generales superiores al
simple beneficio económico de la empresa.
Para
concluir, insistir en que en España y en el conjunto de la Unión Europea –pues ésta ha
ratificado como tal la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción- debemos
tomarnos muy en serio la articulación de mecanismos de prevención,
fortaleciendo la profesionalidad de la función pública –tanto en la selección
de personal de nuevo ingreso como en el posterior desempeño de las funciones
administrativas- y dotándola de responsabilidades directas en la detección y
denuncia de posibles abusos y arbitrariedades que impliquen un daño al interés
general.
Muchas
gracias por su atención.
