A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, NI LAS GRACIAS.

Ayer se inició, en el Pleno de las Cortes de Aragón, el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma con la intervención del Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias. No vamos a valorar en este blog el contenido de dicha intervención, sobre el que ha de versar el debate en la Cámara, a cargo de los portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios. Nos limitaremos a constatar lo que consideramos una grave omisión en el discurso, máxime procediendo del Presidente de un Gobierno al que corresponde dirigir la Administración de la Comunidad Autónoma, una organización en la que trabajan más de cuarenta mil profesionales de muy diferentes especialidades y categorías. Todos ellos han sido olímpicamente ignorados en el debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma por quien cabría considerar máximo responsable de la Administración aragonesa. ¿Es imaginable que el Presidente de una gran empresa, al hacer balance ante los accionistas, no tenga una sola palabra de reconocimiento o agradecimiento para el personal de la empresa? ¿Ni siquiera en el año en que, casualmente, se les ha impuesto una rebaja salarial como medida de ajuste del déficit público? Al parecer todas las políticas públicas de la Comunidad Autónoma las ejecutan los políticos, sin necesidad de una organización administrativa servida por profesionaes comprometidos con el interés público.

Llama la atención que la omisión se produzca por activa y por pasiva. Cuando el Presidente hace un repaso a la calidad de los servicios públicos de salud, educación y servicios sociales -como prioridades de la política del Gobierno- no hay una sola mención a los profesionales que hacen posible el funcionamiento de tales servicios. Sólo, a modo de dato estadístico, señala que en Aragón hay "tres mil investigadores en el sector público". La mención queda fuera de todo contexto, en lo que al sector público se refiere, ya que se desconoce el personal que trabaja en el mismo, las condiciones en que lo hace y, lo que es más importante, las medidas que ha impulsado el Gobierno de Aragón, a lo largo de las últimas tres legislaturas, para mejorar la calidad del funcionamiento de la Administración Pública. Es más. Cuando el Presidente realiza su capítulo de agradecimientos incluye a los militantes del Partido Socialista y del Partido Aragonés -no a los votantes, sino a los militantes-, a las Cortes de Aragón, al Alcalde de Zaragoza y demás concejales del Consistorio, a los sindicatos, empresarios y trabajadores, y, finalmente, al conjunto de los aragoneses. Los más benevolentes con el Presidente pueden pensar que en la referencia a los trabajadores y a los aragoneses quedan incluídos los servidores públicos de la Comunidad Autónoma. Para esta Asociación, tal argumento es precisamente la prueba de que se ha evitado toda alusión a los empleados públicos, probablemente porque en el programa de gobierno del señor Iglesias no existen ni la Administración ni los funcionarios públicos. En la política, se deja bien claro al hablar de participación ciudadana, están los que participan y los que deciden, pero por lo visto no están los que gestionan, los que aseguran con su trabajo diario el servicio público. Elocuente olvido.

Al margen de la total omisión a los servidores públicos, a pesar de que esta Asociación la pasada semana se dirigió al Presidente para solicitarle que incluyese en su discurso una referencia a las medidas aplicadas en el ámbito de la Administración Pública, no podemos pasar por alto las referencias que en dicho discurso se realizan a la transparencia, como elemento distintivo de este gobierno, y a la participación ciudadana, materia en la que, por lo visto, Aragón constituye una referencia en el conjunto de España.

Hace falta no sólo desconocer conceptualmente de lo que se habla, sino ignorar la realidad de las cosas, o directamente falsearla. El Gobierno de Aragón si por algo se ha caracterizado y se caracteriza es por la falta total de transparencia de su gestión. Debiera preguntarse el Presidente Iglesias cuántas preguntas parlamentarias se han realizado precisamente por la falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno. No vamos a hablar de transparencia en materia de función pública, cuando el Gobierno se ha negado expresamente a elaborar un boletín estadístico con los datos esenciales del empleo público. Y resulta sonrojante oir hablar del derecho de participación de los ciudadanos, por parte de un Presidente que debe considerarse adalid de la innovación democrática, cuando ha demostrado su falta total de respeto, al igual que el resto de miembros de su Gobierno -rara unanimidad que hay que subrayar-, al derecho fundamental de petición ejercido por los ciudadanos, dado que esta Asociación está formada por ciudadanos, pero probablemente por ciudadanos de distinta categoría a los que alude el discurso del Presidente Iglesias.

Si de algo es referente el Gobierno de Aragón, y lo decimos con verdadero pesar, lo es por su desprecio al derecho fundamental de petición. Un derecho que no respeta y que no quiso garantizar normativamente, como sugirió una recomendación del Justicia de Aragón. Un derecho que su Dirección General de Participación Ciudadana no ha sabido ni garantizar ni gestionar. ¿Cómo cabe calificar una política de participación ciudadana de la que se excluyen derechos fundamentales de participación como el de petición? ¿Democrática e innovadora? No, desde luego. Más bien habría que calificarla de fraude a la democracia y al Estado de Derecho. Algo que guarda directa relación con el desdén evidenciado hacia los servidores públicos, pues éstos no pueden dejar de recordar a los responsables políticos que el ejercicio del poder ha de hacerse con sujeción al ordenamiento jurídico. ¿Tan inaceptable resulta algo tan obvio?