Ayer se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón una Resolución de la Dirección General de la Función Pública, relativa a las pruebas de habilitación del personal laboral de la Administración autonómica para el acceso a otra categoría profesional, resolución por la que se aprobaba la relación definitiva de candidatos admitidos y excluidos, se acordaba la composición de las Comisiones de Valoración actuantes y se encomendaba a éstas la determinación de las pruebas que en cada caso hayan de realizarse, así como los conocimientos o competencias exigibles para cada categoría.
Semejante opción, es decir, la indeterminación de las bases de la convocatoria y la remisión de las mismas a la libre decisión del órgano de selección o valoración debe entenderse radicalmente contraria a los principios que rigen el acceso a las funciones públicas (igualdad, mérito y capacidad, publicidad) y al contenido obligado que ha de regular toda convocatoria de pruebas selectivas –pues las pruebas de habilitación han de calificarse, necesariamente, como tales, al articular la promoción interna del personal laboral-, contenido obligatorio que impone el artículo 26 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y que se deduce, igualmente, del artículo 52 del VII Convenio Colectivo, en el que se dice que el contenido de las pruebas vendrá determinado por la Dirección General de la Función Pública, correspondiendo su ejecución a las Comisiones de Valoración que se constituyan.
Mediante las Resoluciones de 27 de noviembre de 2006 y la ahora publicada, la Dirección General de la Función Pública renuncia de forma improcedente e inexplicable a la determinación de las pruebas y encomienda tal facultad a las Comisiones de Valoración, vulnerando con ello abiertamente lo señalado en el Convenio Colectivo y lo previsto por la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa.
Con tal resolución además se desatiende la sugerencia formulada, con fecha 3 de mayo de 2007, por el Justicia de Aragón, en relación con la convocatoria aprobada por Resolución de 27 de noviembre de 2006. En dicha sugerencia se señalaba al Gobierno de Aragón la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria de las pruebas de habilitación, entendiendo que para ello en las resoluciones por las que se convocaban tales pruebas debía especificarse tanto la estructura de las pruebas que deban superar los aspirantes, como la titulación que se les exija en función de la categoría a la que aspiran a ingresar y el conjunto de conocimientos que les sean requeridos.
Esta Asociación, a la vista de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, se dirigió el pasado mes de mayo tanto a la Administración como a los sindicatos instándoles a la subsanación de tales convocatorias, sin que hasta la fecha se haya recibido ningún tipo de respuesta ni de una ni de otros.
La Resolución ayer publicada, con irresponsabilidad difícilmente disculpable, lejos de subsanar los defectos señalados por el Justicia de Aragón, persiste y abunda en ellos, ya que viene a encomendar a las Comisiones de Valoración que han de actuar en las pruebas correspondientes a cada categoría profesional la determinación tanto de los conocimientos y competencias requeridos para las respectivas funciones como la formulación de la prueba que en cada caso estimen procedente, apoyando tan insólita decisión en la discrecionalidad técnica de tales órganos, en una evidente manipulación de este concepto.
Entiende esta Asociación que, tanto en la convocatoria de estas pruebas de habilitación como en su ejecución y desarrollo, Administración y Sindicatos han optado por un abierto desafío a la legalidad, consagrando el principio de arbitrariedad como único criterio rector de este tipo de pruebas, frente a lo cual no queda otra alternativa que ejercitar todas las acciones jurídicas disponibles para promover, desde la reivindicación del Estado de Derecho, la nulidad de tales pruebas, lamentando que la cerrazón de las dos partes responsables de este irregular proceso no deje otra opción disponible.
Semejante opción, es decir, la indeterminación de las bases de la convocatoria y la remisión de las mismas a la libre decisión del órgano de selección o valoración debe entenderse radicalmente contraria a los principios que rigen el acceso a las funciones públicas (igualdad, mérito y capacidad, publicidad) y al contenido obligado que ha de regular toda convocatoria de pruebas selectivas –pues las pruebas de habilitación han de calificarse, necesariamente, como tales, al articular la promoción interna del personal laboral-, contenido obligatorio que impone el artículo 26 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y que se deduce, igualmente, del artículo 52 del VII Convenio Colectivo, en el que se dice que el contenido de las pruebas vendrá determinado por la Dirección General de la Función Pública, correspondiendo su ejecución a las Comisiones de Valoración que se constituyan.
Mediante las Resoluciones de 27 de noviembre de 2006 y la ahora publicada, la Dirección General de la Función Pública renuncia de forma improcedente e inexplicable a la determinación de las pruebas y encomienda tal facultad a las Comisiones de Valoración, vulnerando con ello abiertamente lo señalado en el Convenio Colectivo y lo previsto por la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa.
Con tal resolución además se desatiende la sugerencia formulada, con fecha 3 de mayo de 2007, por el Justicia de Aragón, en relación con la convocatoria aprobada por Resolución de 27 de noviembre de 2006. En dicha sugerencia se señalaba al Gobierno de Aragón la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria de las pruebas de habilitación, entendiendo que para ello en las resoluciones por las que se convocaban tales pruebas debía especificarse tanto la estructura de las pruebas que deban superar los aspirantes, como la titulación que se les exija en función de la categoría a la que aspiran a ingresar y el conjunto de conocimientos que les sean requeridos.
Esta Asociación, a la vista de la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, se dirigió el pasado mes de mayo tanto a la Administración como a los sindicatos instándoles a la subsanación de tales convocatorias, sin que hasta la fecha se haya recibido ningún tipo de respuesta ni de una ni de otros.
La Resolución ayer publicada, con irresponsabilidad difícilmente disculpable, lejos de subsanar los defectos señalados por el Justicia de Aragón, persiste y abunda en ellos, ya que viene a encomendar a las Comisiones de Valoración que han de actuar en las pruebas correspondientes a cada categoría profesional la determinación tanto de los conocimientos y competencias requeridos para las respectivas funciones como la formulación de la prueba que en cada caso estimen procedente, apoyando tan insólita decisión en la discrecionalidad técnica de tales órganos, en una evidente manipulación de este concepto.
Entiende esta Asociación que, tanto en la convocatoria de estas pruebas de habilitación como en su ejecución y desarrollo, Administración y Sindicatos han optado por un abierto desafío a la legalidad, consagrando el principio de arbitrariedad como único criterio rector de este tipo de pruebas, frente a lo cual no queda otra alternativa que ejercitar todas las acciones jurídicas disponibles para promover, desde la reivindicación del Estado de Derecho, la nulidad de tales pruebas, lamentando que la cerrazón de las dos partes responsables de este irregular proceso no deje otra opción disponible.
270 comentarios:
«El más antiguo ‹Más antiguo 201 – 270 de 270El tono de este blog es preocupante. Esta asociación transmite, voluntaria o involuntariamente, un mensaje totalitario. Se envía un mensaje mecánico, todos los políticos son unos corruptos y todos los sindicatos se venden al poder.
Todos sabemos que eso no es verdad.
¿Qué más da penal que civil? Eso es cosa de leguleyos.
Por ahí se empieza, por ahí, progresista, por negar la evidencia y salir en defensa del poder, cuando es amigo claro.
Ahora yo creo que ya tenéis material para editar entre los dos un libro con el repertorio de vuestras mejores frases.
Se hace después un concurso y el que más puntos saque, ése ha ganado la batalla dialéctica.
Y todos tan contentos.
Bueno, perdonadme si me he metido donde no me llamaban, porque yo no sé nada de lo que se trata aquí, pero he visto que las espadas estaban en alto y he querido terciar, sin éxito, como bien puede verse.
Desde este blog se está ofreciendo un espacio a personas que defienden planteamientos antidemocráticos y antisindicales. Se está alimentando una corriente de opinión añorante de la burocracia franquista. ¡A ver si Mayor Oreja va a tener razón!
Retrocede un poco amigo, y vete hasta Azaña, por ejemplo.
Chicos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Dejádlo ya que me estáis crispando, por favor¡¡¡
La verdad.
La realidad.
La evidencia.
¿Y la visión poliédrica?
El que hablaba de democracia real quiere someternos a pruebas de demócrata: a mí simplemente me ha parecido insostenible que se hable de jueces conservadores y ello me ha permitido ironizar con lo de funcionarios progresistas, no he sido yo quien ha sacado a relucir etiquetas ideológicas.
Perdonadme si parezco soberbio pero yo no soy amigo de ninguno de vosotros.
Por cierto, estoy dispuesto a identificarme en cuanto considereis oportuno.
Lo dejo estar, que no te quiero crispar.
La propuesta es soberbia, desde luego.
Lo de jueces conservadores es una autodenominación. Yo no la he inventado. Tampoco yo me he definido como progresista.
Gracias a este blog no tengo que hacer introspección. Hay voluntarios que me analizan y califican.
Concluyo que esto no ha servido ni para ganar un amigo.
Sólo los progresistas hablan de jueces conservadores, como si por ello fuesen menos jueces.
La participación significa estar abierto a la crítica y estar dispuesto a rectificar. Echo en falta estas actitudes en el seno de la asociación.
Los también autodenominados progresistas, matizo.
Rectificar es de sabios, echo de menos sabios en la asociación.
No puedo acceder al blog. ¿Saturación?
Es una pena que se compartan puntos de vista y que la inquina personal y una estrategia suicida de disparar "a todo lo que se menea" impidan encontrar lugares de encuentro.
Aquí no se propone, se describe y, como mucho, se lapida al disidente que tiene la osadía de discrepar.
QUE ESPECTÁCULO MÁS BOCHORNOSO HABÉIS DADO ENTRE LOS DOS, UTILIZANDO ESTE BLOG PARA REAVIVAR VIEJAS DISPUTAS PERSONALES¡¡¡¡
POR FAVOR, UTILIZAD OTROS FOROS PARA "ZURRAROS" DIALÉCTICAMENTE¡¡¡¡
POR FAVOR, QUE EL BLOGMASTER HABILITE LA MODERACIÓN DE COMENTARIOS YA¡¡¡¡¡
Creo que alguien me está confundiendo con otra persona.
Parece mentira que personas que decoran sus despachos con imágenes que rememoran revoluciones floridas pasadas y encuentros con líderes indígenas que luchan por los derechos humanos se instalen en la prepotencia intelectual, en el desprecio a la opinión diferente, en el autismo soberbio.
Entre 42000 empleados públicos de la Administración Autonómica ¿sólo una cincuentena están en posesión de la verdad absoluta?
¿Es posible cambiar las cosas desde la conforntación? ¿Es la vía judicial la única posible? ¿La descalificación global (y permanente) de los Sindicatos permitirá compartir con ellos algún obejtivo alguna vez? ¿El ataque a los responsables políticos es una opción válida y efectiva?
¿De verdad quiere esta asociación que las cosas cambien? ¿Aspirais a transformar algo? ¿Preferís la polñitica de tierra quemada? ¿Sólo cabe conmigo o contra mí?
La mediación social, crear espacios para el debate, respetando las ideas de los demás, ¿es hoy imposible?
¿Habeis declarado el estado de excepción?
¿Puede haber opiniones mejor fundadas en Derecho que las vuestras?
¿Las interpretaciones diferentes de la ley son siempre interpretaciones relizadas desde el servilismo?
¿No se pueden tener visiones diferentes de la Función Pública?
Tiene guasa que los responsables de la Administración no contesten a casi ninguna de las propuestas e iniciativas de la Asociación y que personas de sus equipos se dediquen a estos juegos florales de descrédito global de la Asociación.
¿Qué finalidad tiene todo eso?
Pienso que todo el mundo tiene derecho a sostener sus opiniones, expresarse libremente y ejercer sus derechos constitucionales.
Nadie pretende hallarse en posesión de la verdad.
Esa Asociación, constituida con la mejor de las intenciones, pero naturalmente incómoda para muchos, tiene plena libertad para ejercer todas las acciones jurídicas que arbitra el Estado de Derecho.
La Administración, querámoslo reconocer o no, vive en conflicto constante con el Estado de Derecho y no se aprecia ningún empeño, sino todo lo contrario y en casi todos los ámbitos, de resolver dicho conflicto en favor de la legalidad.
Esa Asociación parece pretender que los funcionarios sean conscientes de ese conflicto y que se comprometan con la defensa del Estado de Derecho, porque esa y no otra es la razón de su inamovilidad.
Mis mejores deseos de éxito a la iniciativa, y mi consejo de que no se dejan afectar por las invectivas de quienes están muy cómodos con la actual situación y no quieren ningún tipo de control ni de exigencia.
Así se habla.
Y no sería posible hacer algo por identificarnos al escribir los mensajes... yo no se vosotros, pero yo me pierdo, y para mí si que es importante saber quién enuncia los mensajes. Es preciso que cada uno se haga cargo de lo que dice, del mismo modo que cada uno de nosotros como funcionarios debemos hacernos responsables de nuestros actos y dichos al realizar nuestra tarea en el servicio público. Esto me recuerda un poco a lo que a veces me pasa en el trabajo, no tengo ni idea de quien ha sido responsable de determinada decisión o acción administrativa. Yo me llamo Mª José.
Me parece bien tu propuesta, María José.
Lo que creo que no debería caber es contemporizar, gustosamente, con la arbitrariedad o ejercerla a placer.
He visto una brevísima reseña referida a este asunto de las pruebas de habilitación en "20 minutos".
Sí, yo también, pero no permite enterarse del fondo del asunto.
Querida Mª José, tu propuesta de identificación es muy loable pero está condenada al fracaso por dos razones. En primerl lugar, la identificación de los anónimos descubriría el secreto mejor guardado de este blog, su bajísima participación. En este lugar sólo residen media docena de ilustres funcionarios que se conforman con polemizar con los escasos "sparrings" que nos atrevemos a visitar este oráculo de la Función Pública.
Por otra parte tu propuesta de identificación, que comparto plenamente, dejaría a la vista quiénes son los implacables jueces de este blog. Yo apostaría que no son muy distintos de los que han fundado y dirigen "la asociación" y que no son muy distintos de los que han sido acusados de aprendices de San Pablo y, por ello, se les ha reprochado su falta de coherencia.
Por lo demás, cuando vea firmar algún mensaje a los Gracia, Díaz Muiña, Guiral y compañía firmaré este y todos mis mensajes anteriores.
Hay intervenciones que es preferible no saber de dónde proceden.
Hay argumentos que tienen valor por sí mismos, con independencia de quién los firme, y de hecho hay técnicas de trabajo en grupo que se basa en la no identificación de la autoría de las ideas, para evitar prejuicios.
¿Embidiables opiniones?
¿Insistimos en los ataques ad personam? ¡Qué pobreza!
Me permito recordar que el blog está pensado para comentar los textos incluidos y no para lanzar insinuaciones o improperios en una u otra dirección.
Por ello, volviendo a la cuestión, ¿por qué la Dirección General de la Función Pública no ha definido el contenido de las pruebas de habilitación? ¿no le pareció correcta la sugerencia del Justicia de Aragón? ¿no le parece correcta la previsión del Convenio colectivo? ¿hay algún compromiso en algún sentido con alguna organización sindicial?
Se abusa un poco de formular interrogaciones retóricas, para las que no se espera respuesta. No resulta lógico que la Dirección General responda en este ámbito, pero no estaría de más formularle esas mismas preguntas por escrito al Consejero de Presidencia.
En relación con el anonimato de los comentarios propongo una fórmula intermedia, consistente en que quien quiera que se ponga al menos un nick para identificarse.
¿qué es un nick?
En cuanto al nivel de participación o difusión del blog, una cosa son los comentarios y otra las visitas realizadas y, en ese sentido, el número de visitas computadas hasta la fecha, próxima a las cinco mil, revela un interesante nivel de consulta.
Eso constituye un primer objetivo alcanzado.
Que el blog no sólo se alimente y actualice constantemente, convirtiéndolo en medio de difusión de las actividades de la Asociación, sino que además sea visitado por un número importante de personas interesadas -no necesariamente partidarias de la asociación-, habla del acierto del mismo.
Otra cosa es el número y contenido de comentarios incorporados, pero ahí está la posibilidad de hacerlo, valiosa en sí misma.
Un nick es un nombre inventado. Tal y como aparece ahora en mi comentario, simplemente hay que hacer lo siguiente:
Al elegir una identidad con la que hacer un comentario hay que marcar la opción "Otros" y después poner ese nick en la casilla de "nombre".
Así de fácil.
Es muy fácil, verdaderamente.
¿Qué iniciativas concretas ha adoptado o piensa adoptar la asociación con motivo de estas pruebas de habilitación?
En primer lugar, comunicar al Justicia de Aragón que se ha desatendido su sugerencia y formular nueva queja por ello.
Entonces lo único que tal vez se consiga, aunque tampoco es nada despreciable, que el Departamento de Presidencia figure en el informe anual del Justicia de Aragón.
coñe, ya tenia pobre imagen de este blog, pero despues de leer todo esto, habria que reeditar aquellas viejas revistas de humor estupido... Nunca mas lo juro... volvere al blog
Pues estupendo.
¿será esto todo lo que damos de sí?
¿Existe algún otro lugar donde se puedan abordar los temas de la Administración de otra forma?
Dígase, por favor.
Yo leo lo que informa de la Asociación y pongo en sordina los comentarios, sobre todo los directamente provocadores.
Los textos son los que permiten juzgar a la asociación, no los comentarios que hagan unos y otros.
Nueva resolución fijando las fechas de las pruebas de habilitación. Todo da igual ante una política de hechos consumados como la que se practica.
Es penoso, pero muy ilustrativo del nivel de degradación alcanzado por la política de personal de esta Administración, seguir algunos de los diálogos que se mantienen en el foro de intranet sobre las pruebas de habilitación y comprobar la realidad de este proceso: la quiebra total del principio de publicidad y de igualdad, al constatarse que los trabajadores desconocen el tipo de pruebas que se van a realizar, pero no los sindicatos, presentes en las Comisiones de Valoración actuantes y que, lógicamente, habrán informado debidamente a sus afiliados. ¿Este es el modelo de transparencia que se nos propone por los nuevos responsables de la Función Pública? Creo que nunca se había llegado a tal asalto a la legalidad, de común acuerdo con los sindicatos.
¿Dónde queda la publicidad consustancial a todo proceso de concurrencia?
¿Ahora se impone el modelo de prueba sorpresa?
Con este proceso se ha retrocedido en garantías de manera incomprensible y, al parecer, con aquiescencia general. ¿Esto es un signo de descomposición del sistema de empleo público?
Es un signo evidentísimo.
Hemos sustituido en las pruebas la publicidad por el secretismo y la transparencia por la opacidad, pero no parece que todo ello preocupe en exceso a los afectados, lo cual sí que es verdaderamente preocupante.
Para colmo, las habilitaciones tienen validez indefinida. Es decir nunca se dio mayor alcance a la superación de unas pruebas y nunca se convocaron éstas de una manera más irregular. Espero que esto no se consolide por empeño e interés de unos y por dejación de otros.
Este tema debiera exponerse con detalle en los medios de comunicación, bien a través de un artículo o, en su caso, en una carta al director. Las irregularidades de este proceso deben hacerse públicas, pues es la única arma efectiva frente a la opacidad pretendida por los responsables administrativos.
Vamos a ver si se interesa por la cuestión algunos de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.
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